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La casa es alta. Y él está aquí. Está porque aquí están los libros, los cientos de libros que eran su tesoro. Una empalizada de hojas sostiene las paredes de ésta, que fue su última casa. Hay una enorme chimenea de mármol verde. Hay una foto de él junto a la chimenea. Levanta apenas la barbilla. Mira desde la altura sin ser alto. O sí.
Alfredo Palacios anda todavía por esta casa. Pero su verdadero legado no son estas paredes, ni esta biblioteca trepadora, ni el chambergo ese que lo acompañó desde siempre. Desde La Boca, el barrio donde fue un chico más y el barrio donde decidió no ser uno más, de grande.
Por eso estudió Derecho. Por eso, apenas recibido, colgó en la puerta un cartel que decía: “Alfredo Palacios. Abogado. Atiende gratis a los pobres”. Por eso, también, se hizo político. Y por eso, cuando resultó elegido y se convirtió en el primer diputado socialista de América Latina, alguien dijo: “Ahora La Boca tiene dientes”.
Y vaya si los tuvo. Los dientes, y las palabras para poner en leyes todo eso que otras bocas callaban. Por pequeño, por obvio, por insignificante. Justamente era eso lo que él veía: que lo importante es lo que habita en lo pequeño.
La ley 12.205/35 (conocida como la ley de la silla) es un buen ejemplo. Gracias a ella, miles de alpargateras, empleadas textiles, sombrereras y empleadas de comercio accedieron a un “privilegio” mínimo: contar en sus lugares de trabajo con una silla donde sentarse.
¿Una nadería? Seguramente. La vida de los comunes suele estar hecha de cosas así. De detalles que hacen un mundo de diferencia.
De las muchas normas que impulsó y redactó, hay una tan suya que hasta lleva su apellido. Es la 9.143 -conocida como ley Palacios-, promulgada en 1913 y en la que se condensa como en ninguna otra ese fervor por iluminar lo invisible. Gracias a ella, la Argentina se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una ley contra la trata de personas.
Fijaba castigos no sólo para los rufianes sino para sus cómplices, y penaba con especial dureza la explotación sexual de menores. No por casualidad, en 1999 y durante la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, se decidió consagrar el 23 de setiembre (día de la sanción de la ley Palacios) como el Día Internacional de la Lucha contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.
Una silla y una cama. Una ley para garantizar un derecho tan básico como el de sentarse, y otra ley para impedir la esclavitud horizontal como destino. En el medio, mucho más que una figura con bigotes manubrio y chambergo oscuro: la convicción -colectiva, porque ningún sector político quedó fuera de ese debate- de que se necesitaba una ley, y una discusión parlamentaria histórica en la que 40 diputados de la talla de Lisandro de la Torre, Juan B.
Justo, Arturo Bas y Carlos Saavedra Lamas, entre otros, hablaron por todos. Y como pocos. Releer hoy el diario de sesiones mueve -más que a la nostalgia- a algo parecido a la vergüenza. Alguna vez, en la Argentina, se pensaron leyes que inspiraron al mundo. “Tal vez si yo le digo, el pasado me devuelva lo perdido”, dice la letra del hermoso Candombe del olvido.
Pero quizá -y eso es lo que se respira aquí, en la casa alta y naufragada de letras- cambiar la historia no sea tanto un ejercicio de melancolía como de voluntad. De deseo -sincero deseo, auténtico deseo- de que alguna vez los comunes vuelvan a tener voz y dientes.
A estar donde se hacen las leyes. Ahí donde la política despega del suelo, y alcanza esa condición luminosa y redentora que hoy, más que nunca, haríamos bien en recordar que alguna vez tuvo.