8 de diciembre de 2017 - 00:01

Bonadio pidió prisión para Cristina por el pacto con Irán

La ex presidenta fue acusada de “traición a la Patria y encubrimiento agravado” del atentado contra la AMIA.

Cristina Fernández de Kirchner cometió “traición a la Patria y encubrimiento agravado” del atentado a la AMIA. Al menos así se desprende de la acusación que ayer firmó el juez Claudio Bonadio, la más dura de las muchas que afronta la ex presidenta.

Para Bonadio, la actual senadora impartió las órdenes para beneficiar a los terroristas que causaron 85 muertos y más de 150 heridos en el peor ataque de la historia argentina.

Por eso, la procesó en carácter de coautora por dichos delitos, la embargó por $ 50 millones, solicitó su prisión preventiva y le pidió al Congreso que le quite los fueros para concretar la medida.

Además, hubo otros 12 procesamientos y 4 prisiones preventivas, entre ellas la de Carlos Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y una detención domiciliaria para Héctor Timerman.

La denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que tuvo un sinuoso recorrido en los tribunales, constituyó para Cristina Kirchner un complejo escenario judicial, ahora sujeto a la votación en el Congreso de la Nación del desafuero que pidió Bonadio.

La causa por el encubrimiento a los iraníes se reabrió en diciembre de 2016 por orden de la Sala I de la Cámara de Casación y se unificó este año, con una causa donde la ex presidenta fue denunciada por traición a la patria.

La que daba órdenes

Cristina Kirchner -según el juez-, “impartía personalmente las instrucciones al resto de los imputados”, sobre todo a Timerman, y encabezó la realización de un documento que en realidad “favorecía a los acusados iraníes en desmedro de la justicia, las víctimas y el castigo de los imputados y dejando de lado que a este Estado se le imputa haber perpetrado dos actos de guerra (1992 y 1994) en el territorio de la República Argentina”.

Para Bonadio, se demostró “la responsabilidad penal de los funcionarios y ciudadanos argentinos” que “negociaron, participaron, acordaron y coadyuvaron a lograr los objetivos de Irán”, no sólo a “lograr impunidad ante la justicia argentina”, sino que nuestro país “no lo señale como un “Estado terrorista que promueve y financia organizaciones terroristas” cuando recaían sobre ellos “actos de guerra en el territorio nacional”, contra ciudadanos argentinos “desarmados e inocentes, y que han sido declarados delitos de lesa humanidad”.

Por tal motivo, se le atribuyó a Cristina y a sus ex funcionarios haber abusado de sus cargos y “traicionar los intereses nacionales” y los de las “personas damnificadas por los atentados” al impulsar el Pacto con Irán.

Para Bonadio fue clave el rol de Timerman, Parrilli, Zannini, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el diputado Andrés “Cuervo” Larroque y el ex funcionario de Cancillería Eduardo Zuain. Estos últimos 3 fueron procesados sin prisión preventiva.

Ayer, tras la resolución de Bonadio, hubo fuertes acusaciones de la oposición kirchnerista al Gobierno al que acusaron de estar detrás de la medida judicial. Hubo pocas voces oficiales que salieron a responder.

Por la tarde, y luego de la conferencia de prensa que brindó la ex presidenta para defenderse, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió a dar la posición oficial. “Consideramos que el pedido de desafuero es un tema estrictamente judicial que corresponde a la justicia en trámite normal”.

El inicio del “plan delictivo” fue en setiembre de 2012 e implicó un giro diplomático que se consagró con la firma del pacto con Teherán. La entonces presidenta, en un “cambio de postura” en relación al gobierno de Néstor Kirchner, ofreció ante la ONU elegir un tercer país para el enjuiciamiento de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

Al poco tiempo, comenzaron a gestarse una serie de “negociaciones secretas y oficiales que mantuvieron funcionarios del Ejecutivo Nacional”, con representantes de Irán. Se detallaron al menos cuatro reuniones encabezadas en su mayoría por Timerman con su par iraní.

Bonadio desestimó la versión de Timerman, quien se atribuyó la escritura del documento “en un hotel que no recuerda con su contraparte iraní” y que después consultó con la ex presidenta y Carlos Zannini.

Entonces apuntó a Cristina como máxima autoridad para este “plan de encubrimiento”, que se valió además, de una “diplomacia paralela” al punto tal que ni siquiera el jefe de Gabinete estaba al tanto de las negociaciones con Irán.

Dicho argumento es central para atribuirle a la actual senadora la intención de beneficiar a los acusados con lo que denominó un “plan delictivo”.

Los acusados

Luis D'Elía. Piquetero K. embargo por $ 35 millones, procesado por traición a la Patria (el mismo cargo que al resto de los imputados) y encubrimiento agravado, con prisión preventiva.

Yusseff Khalil. Referente iraní en Argentina. Embargo de $ 35 millones, con prisión preventiva

Fernando Esteche. Ex líder de Quebracho. Embargo por $ 35 millones, prisión preventiva.

Carlos Zannini. Ex secretario legal y técnico de la Presidencia. Embargo por $ 50 millones, con prisión preventiva. Para Bonadio, es el "cerebro jurídico".

"Allan" Bogado. Supuesto espía de la SIDE, embargo $ 35 millones, sin prisión.

Andrés "Cuervo" Larroque. Diputado de La Cámpora. $ 35 millones de embargo, sin prisión preventiva.

Héctor Timerman. Ex canciller. Embargo por $ 50 millones, prisión domiciliaria.

Oscar Parrilli, Angelina Abbona, Juan Mena y Eduardo Zuaín, con mismos cargos y embargo, sin prisión.

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