28 de agosto de 2018 - 00:00

Biodiversidad: papel del Estado y golpe a la ciencia - Por Ricardo A. Ojeda

La biodiversidad se refiere a todas las formas de vida existentes a distintos niveles de organización biológica  (desde genes a ecosistemas) y escalas espaciales (una reserva, una región, los y continentes).

Nuestra propia especie, al igual que decenas de millones de especies, forma parte constituyente de la biodiversidad. Y si bien hay una tendencia a fraccionar la naturaleza en tal o cuál especie de flora o fauna, es imprescindible revertir esta visión. Debe procurarse una concepción integral de la diversidad biológica y el ecosistema terrestre en relación a la calidad de vida de quienes lo habitamos y de las condiciones para asegurar y dar continuidad a la multiplicidad de servicios que nos provee, tales como clima, alimentación, vivienda, salud, abrigos, recreación espiritual y continuidad del proceso evolutivo del que cuál formamos parte.

La biodiversidad está íntimamente relacionada con la sociedad, la política, la economía y el ambiente. Su  adecuado mantenimiento en el tiempo es responsabilidad indelegable del Estado y sus políticas ambientales en el sentido más abarcativo. Esto es, una política de Estado que contempla, monitorea y regula las dimensiones sociales, ambientales y económicas.

Asumamos en esta nota que el país cuenta con una política de Estado en materia ambiental, por ejemplo una política de conservación de la biodiversidad basada en evidencia científica y no en plegarias ante los incendios, por ejemplo.

A continuación nos preguntamos, ¿cuáles son las herramientas con que cuenta el Estado para responder a las crecientes amenazas que nos plantea la deforestación de las selvas y el bosque chaqueño, el avance de la soja, la desaparición de ecosistemas únicos, la fragmentación de hábitats.

También los  incendios forestales, la minería a cielo abierto, las extinciones locales de especies, invasiones biológicas,  la contaminación de agua dulce y marina, el calentamiento global, y la pérdida de tierras y disminución de recursos alimenticios del que dependen comunidades locales y pueblos originarios?

En suma, ¿cómo respondemos, al acelerado avance y voracidad de la variable económica sobre las dimensiones sociales y  ambientales?

La respuesta a esta pregunta la proporciona (o debiera) el Estado a través de distintas "herramientas" que deben (o debieran) estar perfectamente explicitadas e integradas a la política de Estado en materia ambiental.

Sin ahondar en detalles, y orientado en este caso hacia lo biológico, pensemos a estas herramientas como tecnologías para el mantenimiento de la biodiversidad, y que incluyen, entre otros, programas de inventarios de especies y desarrollo de bases de biodiversidad, colecciones científicas, categorización de especies amenazadas, diseño, monitoreo y mantenimiento de áreas protegidas, tecnologías reproductivas (in situ y ex situ), protección, uso y manejo de especies, entre varias otras.

La inquietud que se plantea a continuación es ¿qué hacer cuando el Estado desfinancia la formación y consolidación de las bases científicas y técnicas sobre las cuales se asientan y desarrollan algunas de las herramientas o tecnologías arriba listadas?

Para entenderlo mejor, la riqueza de estas "herramientas" tales como descubrimientos de especies, identificación y monitoreo de la diversidad biológica, evaluación de ecosistemas, abundancia poblacional y vulnerabilidad de las especies, depende de la buena salud de las universidades e instituciones científicas y técnicas, de la producción de conocimientos que generan y de la formación de grado y posgrado de biólogos, ecólogos del paisaje, geólogos, glaciólogos, climatólogos, zoólogos, sociólogos ambientales y otros varios profesionales, entre tantas disciplinas que en este momento se encuentran en un acelerado proceso de retroceso. Campos del saber que además de los temas citados se ocupan del diseño de áreas protegidas, identificación de unidades evolutivas, fluctuaciones y variaciones poblacionales en tiempo y espacio y estado de los recursos utilizables por las comunidades locales.

Ese proceso de extinción referido, proyectado al mediano y largo plazo, podría traducirse en un verdadero colapso ambiental de la biodiversidad en Argentina.

Considero que se están minando las bases académicas de nuestro país. Se están socavando los cimientos sobre los cuáles el hemisferio Sur ha producido (y lo sigue haciendo) investigaciones reconocidas a través de premios Nobel, de universidades, instituciones, colecciones científicas y museos de historia natural de referencia y renombre internacional, de investigadores reconocidos internacionalmente por sus aportes en distintas disciplinas.

También se perjudica a una juventud con fuerte vocación por la curiosidad científica,  a grupos consagrados en investigaciones científicas-técnicas.

En la misma situación estarían polos e institutos de investigación en distintos puntos del país, de desarrollos tecnológicos diversos, en semillas, biodiversidad, cultivos, vacunas, tecnología satelital, desarrollo nuclear, radares, robótica, nanotecnología… la lista continua.

La fuerte retracción del Estado golpea y debilita la enorme riqueza de la comunidad científica a través de sus magros salarios, a través  de reducir el presupuesto de Ciencia y Técnica, a través del brutal recorte en los ingresos de investigadores, becarios y técnicos al Conicet, o desfinanciar el funcionamiento de institutos y desarrollos tecnológicos, y proyectos de investigación, que son el motor de nuevos conocimientos y descubrimientos.

Se está truncando la vocación de miles de jóvenes,  sacrificando a una generación de científicos y sometiendo el rico potencial de la comunidad científica y tecnológica a un desarrollo marginal, decorativo.

Se trata, nuevamente, de un burdo y brutal ataque a la ciencia, a la técnica, a la  producción de conocimientos y al desarrollo soberano del país.

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