La bala que nos mata hoy

Para incluir, sólo hay que hacer desde los poderes del Estado, día tras día, lo que se debe. Y punto, sin clientelismo, sin cinismo. Hacer el bien, todo lo que se pueda. Y tal vez así, dentro de 20 ó 30 años, compartiremos la experiencia de vivir una sociedad mejor y más justa.

Creación, por fin, de la Policía Judicial, creación del Banco Provincial de Huellas Digitales Genéticas, por ejemplo.

Si dichas estructuras lograsen funcionar adecuadamente, seguramente, tendremos un futuro más seguro. Ellas requieren decisión política, gestión pública, tiempo de ejecución y presupuesto. Veremos.

Pero debemos tener presente que todas esas acciones son útiles a partir del momento en que el delito ya ha sido cometido. Y que necesitamos y faltan medidas efectivas para que los delitos no se cometan.

Ahora bien, ¿quién piensa y decide cuáles serían las medidas que mejoran efectivamente la situación de seguridad de la ciudadanía hoy? Es decir, aquéllas cuyo resultado comienza a transformar positivamente la triste realidad actual de inmediato. No dentro de 20 ó 30 años. Me atrevo, desde el llano, a sugerir algunas:

* Aplicación del Código de Ejecución Penal (Ley Petri), sin dilaciones ni reglamentaciones que vulneren su espíritu. Ello lograría que "el molinete" por el cual entran y salen delincuentes reincidentes de altísima peligrosidad deje de funcionar hoy, no mañana.

* Refuncionalización y operatividad plena del Organismo Técnico Criminológico. Ello permitiría que cada interno en cumplimiento de condena, fuera debidamente evaluado para determinar si está o no en condiciones de reinsertarse socialmente. Y que el juez de Ejecución Penal tuviera en sus manos los elementos para tomar decisiones ciertas al respecto.

* Creación de más Juzgados de Ejecución Penal. Ello permitiría que el caso de cada interno en cumplimiento de condena, antes de permitir su acceso a regímenes de libertad condicional, fuera debidamente evaluado y no tratado como un simple trámite.

* Permitir que la información de inteligencia que seguramente se encuentra en poder de la Policía de Mendoza sea utilizada en forma preventiva, es decir, se destine a tiempo y en forma para impedir la comisión de delitos, en especial de aquéllos para cuya ejecución, dada su gravedad y su necesaria planificación, se necesita contar con recursos humanos "calificados" para ello. No se puede impedir o limitar el accionar policial bien ejecutado y luego, tildar a la institución de ineficiente.

* Reglamentar, de una vez por todas, y aplicar efectivamente la Ley de Asistencia a Víctimas del Delito, sancionada hace ya 5 años, en 2008. Los daños colaterales que el delito violento deja a su paso, son inimaginables, y no se advierte la voluntad del Estado de morigerar tales efectos negativos.

* Destinar el presupuesto necesario para la implementación de estas medidas sugeridas. Gastar tiempo y saliva en crear y explicar acciones que luego quedan en vía muerta, porque no tienen chance alguna de ser financiadas, es poco serio.

Si no hay establecimientos penitenciarios debidamente equipados, si los internos que cumplen condena no son sujetos de tratamientos y rehabilitaciones, si el Organismo Técnico Criminológico no cumple su función, los jueces de ejecución de sentencia nunca tendrán los elementos de juicio necesarios para determinar, fehacientemente, quién puede o no volver a la sociedad como persona de bien.

Y el incumplimiento del Estado, una vez que es invocado como violación de derechos humanos de los internos, permite que, aun aquéllos que no debieran, reciban beneficios para el cumplimiento de su pena, que terminan en fugas y liberaciones que ponen a cualquiera, y en cualquier momento, en riesgo de muerte.

Una vez fue mi hijo Matías, una vez Micaela Tati, una vez el Dr. Moreno, una vez el Dr. Derpich, una vez el Dr. Prado? ¡Y cuántos más! ¿Quién será el próximo? ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Mañana? Basta, por favor. Que el "molinete" de los que entran por una puerta y salen por la otra deje de funcionar ya, indirectamente sostenido por "el bendito sistema", cuando en realidad éste no es sino el resultado de la acción de cada funcionario público.

* Controlar los circuitos económico-financieros que facilitan liberaciones y concesiones de beneficios en el cumplimiento de condenas. Nadie es tonto. Sumas dinerarias y bienes valiosos son puestos a disposición del sistema judicial, en concepto de cauciones y honorarios que permiten gozar de libertad a quien no debiera. La pregunta surge sola: ¿de dónde salen esos fondos? Si un ciudadano compra un simple vehículo debe demostrar el origen de los fondos que emplea a tal fin.

Ahora bien, con criterio ya no tributario, sino para preservar el bien más valioso del hombre, que es la vida, ¿no será más necesario aún exigir siempre que se demuestre el origen de los fondos abonados por cualquier concepto que permiten la liberación de internos o procesados?

* Que el Poder Judicial interprete las normas aplicables de forma razonable y creíble. Si alguien aplica las leyes teniendo en miras la finalidad para la cual han sido dictadas, no puede obtener un resultado tan perjudicial para la sociedad, como es la continua ocurrencia del delito asesino. Es ilógico. Si alguien mata, y el sistema judicial, por intermedio de sus órganos, no sanciona adecuadamente, el mensaje hacia la delincuencia es claro y evidente. Y la delincuencia violenta lo percibe. A la vista están los resultados.

A quienes, como miembros de cada poder constituido del Estado, tengan que tomar decisiones que detengan las balas que hoy matan a los ciudadanos de esta provincia, les digo: afróntelas con el coraje y la entereza que sus cargos requieren y sin más demora.

Su accionar, ajustado a la ley y respetando los derechos humanos de todos, también de aquéllos que no delinquimos, puede detener la bala que hoy o mañana puede dar muerte a otro mendocino. La sociedad toda, seguramente, vivirá un presente mejor.