Vemos con vergüenza la cantidad de ex funcionarios K presos y procesados y a Cristina, hoy senadora, multiprocesada, con pedido de desafuero y orden de prisión inmediata.
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Vemos con vergüenza la cantidad de ex funcionarios K presos y procesados y a Cristina, hoy senadora, multiprocesada, con pedido de desafuero y orden de prisión inmediata.
Nunca hubo en la historia tantos presuntos corruptos ni tan variada imputación de diversos delitos. La prensa mundial informa estos hechos con escarnio para los argentinos.
Ninguno de los imputados contesta pero sí niegan las acusaciones sin dar fundamentos jurídicos. Se consideran víctimas, presos políticos y perseguidos por la "dictadura" de Macri con el objeto, según ellos, de silenciar a la oposición.
Estamos agotados de tanta hipocresía enlatada en un discurso único propio de ex gobernantes populistas y autoritarios, Cristina en especial, que siguen "ad pedem litterae" (al pie de la letra) el relato inventado que convence ciegamente a sus seguidores en contra de toda lógica y razón al estilo kanteano.
Y para colmo, ciudadanos comunes que se sienten especialistas en derecho y autorizados para opinar "in auctoritate principis" (con la autoridad del príncipe) sobre los temas más notorios.
¡Qué bueno y sano sería para los imputados y para 44 millones, que demostraran acabadamente la inocencia de cada uno con argumentos jurídicos y pruebas contundentes para darnos la tranquilidad de que todos, incluso los jueces, hubiéramos estado equivocados y que las imputaciones hubiesen sido erróneas, sin quedar afectados el buen nombre y honor del que gozaren!
La verdad del auto de procesamiento
El Frente Para la Victoria, la izquierda y muchos opositores, más algunos periodistas que se dicen independientes como Chiche Gelblung sin dudas funcionales al cristinismo kirchnerista, y algunos abogados, han dado su opinión concluyente: no existe traición a la patria ni encubrimiento, no se dan los supuestos del Código Penal, no hay pruebas plenas, Bonadio está equivocado y actúa políticamente apoyando al gobierno.
Ninguno de ellos sabe lo que es un auto de procesamiento y lo desconocen tanto que lo estiman como una "sentencia condenatoria". Recurren a la presunción de inocencia y concluyen en que ninguno, en especial CFK, debería estar preso ni procesado. Me voy a permitir algunas precisiones para intentar recuperar la verdad y la lógica sin falsos preconceptos.
Frente a cualquier hecho "presuntamente" delictivo los fiscales y los jueces de instrucción están obligados a "investigar" con todos los elementos disponibles. Reunidos y conocidos tales elementos pueden desestimar la denuncia, proceder a su archivo o iniciar una investigación.
Daniel Rafecas en cortísimo lapso desestimó la abundante investigación de Alberto Nisman y dispuso el archivo de la causa, que se reabrió por pedido de fiscales criteriosos. Así es como el nuevo juez Claudio Bonadio dispuso el auto de procesamiento y prisión preventiva de los imputados.
Este auto de procesamiento no es una sentencia condenatoria, sino la institución de derecho procesal penal "necesaria" para investigar la comisión o no de un delito.
Sin procesamiento no puede haber investigación. Por ello la existencia de jueces de instrucción que investigan y elevan las actuaciones sumariales a jueces de sentencia para que, después de un juicio con acusación y defensa, dicten sus pronunciamientos.
Y aquí algo de suma importancia: el procesamiento jamás requiere "pruebas plenas ni semiplenas". Bastan indicios o presunciones, si son graves, precisas y concordantes mejor, de que el delito imputado pudo haberse cometido.
Tampoco viola la presunción de inocencia constitucional, que se mantiene incólume hasta que se dicte sentencia condenatoria. Afirmar que Bonadio no debió procesar porque no hay pruebas es desconocer totalmente estos principios del derecho penal y procesal.
Afirmar que porque ha procesado está enemistado con los imputados es falso. El juez no dicta sentencia ni condena, solo procesa para investigar, que es su función específica.
Indicios y presunciones
Se podrá o no compartir el procesamiento dictado por Bonadio pero no desconocer que está fundado en indicios, presunciones y algunas pruebas. El auto es muy extenso por lo que me voy a referir a lo que estimo más importante y algunos conceptos propios. Irán es un país terrorista y existen serias presunciones de que fue quien organizó y gestó maliciosamente las voladuras de la embajada de Israel y la mutual judía AMIA.
Se comenzó a tramitar un largo proceso aún inconcluso en veintitrés años contra funcionarios iraníes, que no se pudo continuar por la negativa a comparecer de éstos al juicio, sin extradición porque no hay convenio argentino-iraní, enviándose por ello alertas rojas a Interpol para detenerlos en cualquier parte del mundo.
Después de denunciar a Irán en Naciones Unidas, Cristina apoyó con entusiasmo el memorándum, con la activa participación del canciller Héctor Timerman, Héctor Parrili, Angela Abbona, Claudio Larroque, Luis D’Delía y un argentino iraní nexo entre ambos países. Entre D’Elía, Cristina y Casa Rosada hubieron más de seiscientas llamadas telefónicas.
Curiosamente solo se menciona a los funcionarios iraníes que tenían las alertas con lo que la sola firma del convenio permitiría el levantamiento de las mismas, único interés de Irán al respecto.
Tanto así que ratificado por el Congreso argentino e iraní y notificada Interpol, Irán no tuvo más participación porque el objetivo estaba cumplido.
Se ha sabido que el 4 de noviembre de 2017 por nota del canciller iraní Mohammad Javad Zaref se certificó que el memorándum del 27/1/2013 fue firmado por los dos países y notificada Interpol que debía dejar sin efecto las alertas rojas. Se desploma el argumento de que no existía delito porque el acuerdo no se había consumado.
Reemplazar el juicio argentino por una comisión de la verdad es una grave intromisión del Ejecutivo en el Judicial, trasladando a Irán la sede de este seudo juicio, que debía culminar necesariamente con la absolución de los iraníes asesinos.
Una clara violación a la independencia de los jueces locales y a la soberanía nacional. La muerte de Nisman que acusaba a Cristina y demás procesados, la actuación del juez Rafecas archivando velozmente la denuncia y el silenciamiento general de esta incalificable afrenta al país constituyen serios antecedentes que sustentan con certeza una profunda investigación y el logro de una sentencia final absolutoria o condenatoria.
Basta de eufemismos y de interpretaciones populares contradictorias. Cristina y los demás procesados tendrán todas las oportunidades para defenderse, no política sino jurídicamente.
Y sobre todo basta de victimización y de considerarse presos políticos. Como lo afirma el diputado salteño Alfredo Olmedo, no se trata de presos políticos sino de políticos presos.