El ciclo populista iniciado en mayo de 2003 reúne todas las características de estos fenómenos políticos: construcción de liderazgos carismáticos; ausencia absoluta de pensamiento y objetivos estratégicos, y por ende de planes para llevar a cabo políticas de desarrollo nacional; manejo patrimonialista del Estado, es decir, mezclando lo público con lo privado, lo que abre paso inmediato a la corrupción; escaso o nulo apego a las instituciones, sea la Constitución o las leyes; autoritarismo; inclusión de familiares directos en los diferentes niveles de gobiernos (en este ciclo se ha alcanzado el clímax de esta característica); aplicación estricta de la lógica amigo/enemigo a las relaciones políticas (extensible en este ciclo, además, a los negocios privados); presencia del distribucionismo, que conlleva la descapitalización del país y la dilapidación de sus recursos con el objetivo de cortísimo plazo de configurar clientelas políticas o mercados electorales cautivos; intentos de reescribir la historia nacional para insertar en ella al ciclo populista como parte de un proceso liberador de oscuros intereses imperiales. Para no cansar al lector, otra característica central del populismo -que le da el nombre-, es la identificación del líder y sus seguidores con el Pueblo y la Patria.
Así, quienes no adhieren a su discurso y acciones nacional-populares conforman el llamado campo antipopular o antinacional, calificación que evita la posibilidad de cualquier tipo de diálogo y habilita la descalificación y la violencia (verbal o física) contra los que son identificados como traidores y antipatriotas.
En estos diez años y medio hemos contemplado la omnipresencia de estas características, que por falta de espacio no es posible detallar, aunque son suficientemente conocidas por los lectores. Destaquemos solamente el manifiesto desapego a las leyes y la persistente elusión de responsabilidades cuando ellas implican pagar un costo político. En este sentido se ha instalado en esta década la idea de que es posible convivir en sociedad sólo a base de derechos, sin las concomitantes obligaciones y responsabilidades. Se ha destruido el concepto de autoridad, equiparándolo falsamente al de autoritarismo.
La educación, que bien llevada como cuando éramos vanguardia en América Latina y buena parte de Europa, viene decayendo sin solución de continuidad desde hace varias décadas, pero acelerada con las políticas del menemismo y del actual elenco gobernante, pese a que se incrementaron sustancialmente los recursos económicos disponibles. El resultado de las pruebas PISA nos exime de mayores comentarios. Las lamentables justificaciones ensayadas por el ministro de Educación nacional son insostenibles.
La horizontalidad de las relaciones sólo habilita un regreso del ser humano casi al estado natural, sin organización, sin jerarquías de ninguna naturaleza, “da lo mismo un chorro que un gran profesor”, nos dice Discépolo. De ahí a la violencia física hay un paso, lamentablemente transpuesto con tanta frecuencia que está casi naturalizado. El resultado es la anomia, la falta de internalización de las normas, de las leyes por parte de los ciudadanos que, en parte, no hacen sino seguir lo que ven en sus gobernantes.
La violencia en la escuela es uno de muchos ejemplos cotidianos; la de los barrabravas futboleros es otro, con la agravante de que estos delincuentes recibieron el año pasado los “respetos” de la máxima autoridad de la Nación.
La lógica amigo/enemigo y las diversas formas de violencia que genera destruyen lazos parentales, de amistad, laborales y hasta de simple convivencia social. Se pierden identidades, y lo que podría haber sido una nación se va disgregando, muchas veces de manera banal.
La prioridad de ser argentino casi no existe, tampoco la de pertenencia política porque el sistema de partidos está destruido (basta saber que hay 700 sellos inscriptos como tales en la justicia electoral). Las identidades se reducen, entre otras, a la pertenencia a determinada hinchada futbolera. Casi tribus.
El proceso de decadencia del Estado argentino, que el historiador Luis Alberto Romero ubica a comienzos de la década de 1970, no se ha detenido en ninguna de sus áreas. Hoy está convertido en una masa informe -botín de guerra de políticos profesionales-, sólo apta para hacer negocios para grupos selectos que multiplican de manera inexplicable sus fortunas personales.
Ese Estado es incapaz de dar respuestas a los problemas que presentan estructuras económicas que deben ser repensadas, estructuras tributarias muy injustas, estructuras sociales que han creado vallas insalvables entre los diferentes estratos profundizando las desigualdades que imposibilitan el ascenso social, etc.
Los saqueos de estos días mostraron dos indicadores muy graves y preocupantes: la anomia que lleva a ciudadanos que nunca delinquieron a hacerlo sin ninguna valla moral que se los impida; y la inadmisible extorsión policial.
Agreguemos la actitud del gobierno nacional de considerar a la primera provincia saqueada, Córdoba, como fuera de la Nación y no enviar gendarmes a poner orden. Cabe preguntarse, ¿qué es la Nación para el kirchnerismo? ¿Es una abstracción, una nube, o sólo algo con forma de territorio cuando es gobernado por amigos?
Todo ello muestra un Estado que deja de ser porque pierde los atributos mínimos que lo convierten en tal. En efecto, para ser Estado se requiere: 1) reconocimiento internacional. Aún existe; 2) capacidad de extraer recursos a la sociedad civil para financiar las funciones estatales. Se está perdiendo, como indica el déficit creciente en las cuentas públicas; 3) controlar un territorio y 4) tener el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Estos dos últimos están en vías de desaparición.
Es obvio que, a finales de este ciclo, el kirchnerismo es la consumación de la decadencia y descomposición de lo que alguna vez fue la República Argentina. Los 40 millones de habitantes somos sólo eso, habitantes. No podemos hablar de sociedad argentina porque no existe como tal. Para que haya sociedad se necesitan socios, cada uno de los cuales conoce su lugar y su función, sus derechos y obligaciones, y cómo usar los canales de movilidad dentro de esa sociedad. Eso desapareció en la Argentina. No hay sistema político.
No hay defensa nacional por extinción de las Fuerzas Armadas; no hay seguridad nacional interior ni control de fronteras, es decir, no hay territorio controlado para ejercer soberanía. No hay educación. No hay moneda. Solo corrupción, abundante e impune, de funcionarios y empresarios, corrupción que se extiende como mancha de aceite en medio de la anomia dominante.
Si los argentinos perciben (percibimos) que se llevan la plata pesándola, que se multiplican fortunas inexplicables, justificadas por agencias estatales varias, o que hay funcionarios y empresarios que tienen cientos de empresas fantasmas y reina la impunidad porque se persigue a jueces y fiscales probos, la consecuencia obvia es que cualquiera de nosotros, ciudadanos de una república formal pero en verdad sólo habitantes de un territorio sin ley, podamos sentirnos habilitados para saquear. De ahí a la posible existencia cercana de un Estado fallido hay un paso, que esperemos no sea dado.
