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Ni el más avezado observador político; ni hasta, quizás, ella misma (tardía llegó la remoción que ordenó en la ex Side hace un mes), habría podido imaginarse semanas atrás que su último año de gobierno pudiera estar manchado por una impactante acusación de encubrimiento en su contra relacionado con el acto de terrorismo más grave de nuestra historia.
Políticamente, al menos, parece ser esa la consecuencia previsible que tendrá la denuncia del fiscal especial para la causa AMIA, Alberto Nisman. La oposición, toda, es obvio, buscará sacarle el mayor jugo político posible, estirando los tiempos si fuera necesario, de modo de afectar el poder de decisión que conserva la Presidenta aún a nueve meses de las elecciones que decidirán a su sucesor.
No faltan quienes atribuyen similares motivaciones a los embates que partieron desde finales de diciembre desde el Poder Judicial, pero sobre todo este mes.
Las medidas a nivel de juzgado y de cámara terminaron por ponerle un freno definitivo a la intención de la procuradora Alejandra Gils Carbó de que el 2 de febrero asuman sus funciones los 16 nuevos fiscales subrogantes designados para empezar a poner en marcha, aún sin fecha, el flamante Código Procesal Penal.
Judicialmente, en cambio, están por verse, o mejor dicho, por probarse, las consecuencias de la denuncia de Nisman. “Si a la lógica casi perfecta de su razonamiento puede respaldarla con pruebas será un bombazo”, dijo a este periodista una alta fuente del Palacio de los Tribunales porteño. “De lo contrario...”. Por lo pronto, Nisman se comportó como un verdadero adelantado en la aplicación del nuevo Código Procesal al abrir por las suyas una segunda investigación, la que involucra a la Presidenta y al canciller Héctor Timerman, entre otros, a partir de escuchas telefónicas autorizadas en función de la causa original, el atentado a la AMIA.
Esa conclusión se desprende de los dichos del juez federal a cargo de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, en una más de las tantas diferencias que en estos diez años de investigación conjunta han tenido. El juez declaró constitucional el acuerdo con Irán, cuando el fiscal pretendía su inconstitucionalidad.
Desde la presentación de la denuncia, el miércoles, Canicoba Corral se ocupó de marcar las irregularidades que a su juicio existieron (apertura de otra causa a partir de escuchas de la primera; no haberlo informado sobre esa investigación; no haberle anticipado que presentaría la denuncia), y que podrían ser eventuales causales de nulidad. También de que las escuchas realizadas por agentes de la ex Side no son en sí mismas elementos de prueba sino apenas conducentes a pruebas.
¿Qué elementos probatorios tendría Nisman? Nadie los sabe, y por eso las especulaciones a la orden del día. Podría inferirse que uno de ellos sería la lista de agentes de la ex Side que habrían estado al tanto del supuesto plan de encubrimiento de Irán. En ese sentido, Nisman hizo una apuesta fuerte: pedirle al nuevo jefe de la hoy SI, Oscar Parrilli, que levante el secreto sobre los archivos del organismo relacionados con la AMIA; se trata de una decisión que corresponde a la jefa del Estado, según la ley. Cualquiera sea esa decisión, por sí o por no, tendrá un costo político.
Habrá que esperar hasta el 2 de febrero, cuando se normalice la actividad judicial, para poder empezar a ver qué pruebas tiene Nisman. Antes, el juez Ariel Lijo deberá resolver si se queda con la denuncia o la manda a la Cámara para que ésta la sortee entre la docena de jueces federales porteños. Demasiado tiempo, una quincena, a juicio del Gobierno, como para que quede sólo en el plano político una denuncia de tamaña gravedad institucional.
Por eso finalmente resolvió asistir el lunes a la comisión de Diputados y reclamar que sea pública, así Nisman “tendrá que mostrarles a los argentinos las pruebas contra la Presidenta”, desafió el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández. Es difícil que, en tanto funcionario de la Justicia, en una reunión que había pedido a puertas cerradas, el fiscal lo haga.
Politizar la Justicia es la lógica del Gobierno; judicializar el caso es la de Nisman. Aunque en esto sólo en apariencia, a juzgar por las circunstancias que rodearon el momento de una denuncia que, según algunas fuentes judiciales, tiene redactada hace ya meses.
Por un lado, la limpieza ordenada en la ex Side, incluido el despido del histórico hombre fuerte Antonio Stiuso, promotor junto a Nisman de la “pista iraní” en el atentado, quien en represalia por su despido bien podría haberle aportado nuevos elementos (¿de prueba?) al fiscal. Por otro, la “tibia” actitud del Gobierno ante los atentados terroristas en Francia, “tibieza” que cabría hacerla extensiva al conjunto de los países latinoamericanos.
Hasta que los Tribunales reabran sus puertas, la política lo teñirá todo. Después, también, aunque cabe esperar que entonces empiece a andar la hora de la verdad.
