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“Es vital que los fiscales sean estables e independientes del poder político, para lo cual es esencial que también el procurador general no tenga dependencia alguna del Poder Ejecutivo. Quien tiene que ser controlado no puede elegir al que lo va a controlar. Si no, se pone en riesgo el sistema democrático”.
Antonio Di Pietro, ex fiscal general italiano que enfrentó la corrupción de su país.
"Los poderes políticos deberían recordar que es la sociedad civil, no los partidos, la encargada de transformar la realidad. La sociedad civil, mediante el poder comunicativo ejercido a modo de asedio, puede hostigar al sistema político, como el que asedia una fortaleza, pero sin intención de asaltarlo".
Manuel Sanchís i Marco. Profesor de economía aplicada Universidad de Valencia.
La corrupción latina. La lucha contra la corrupción parece haber estallado simultáneamente en los principales países de la América y la Europa latinas. Brasil, Argentina, España y Portugal están con sus élites políticas y económicas francamente preocupadas por lo que les está pasando.
En Portugal cae preso un ex-primer ministro. En España, el Partido Popular (PP) se resquebraja por los negociados que rodean a la cúpula del mismo.
En Brasil -aun con una Dilma Rousseff que dejó la puerta abierta a la Justicia para que investigue- no dejan de caer miembros principalísimos de la cúpula del Partido de los Trabajadores gobernante por los modos espúreos e ilícitos con que se financió la política en el “gobierno popular”.
En la Argentina las sospechas de corrupción ya cubrieron de pleno al vicepresidente de la república y están empezando a acercarse de manera preocupante hacia la misma Presidenta de la Nación y su familia.
Tantas coincidencias no pueden ser por casualidad. Pero seguramente las respuestas serán muy diferentes según la calidad de la democracia de cada uno de esos países.
La experiencia política italiana anticorrupción. El pionero de todos estos casos, su antecedente fundamental, fue el sistema político italiano -también un país de la Europa Latina- que, a principios de la década del 90, generó una revolución política de gran envergadura al descabezar a toda su élite dirigente.
Ello se debió a que una suma de jueces anticorrupción descubrió que la política entera de la península sobrevivía a través de un modo de financiamiento ilícito del cual participaban todos sus miembros.
Los jueces lograron su cometido gracias a una conjunción histórica que no siempre se da: contaron con el apoyo de la opinión pública a la cual ya la corrupción estaba empezando a hacer mella en la calidad de sus vidas privadas.
Recibieron la ayuda de los medios de comunicación independientes que, previo a la era Berlusconi, aún tenían mucho peso en Italia. Lograron que la complicidad empresarial con la “tangentópoli” (sistema de coimas italiano) comenzara a atenuarse porque ya les estaba resultando antieconómico a los capitalistas financiar una élite política no sólo corrupta sino cada vez más voraz e ineficiente.
El modelo teórico italiano anticorrupción. O sea, coincidieron en una misma reacción la prensa, la opinión y la Justicia, mientras los empresarios miraron para otro lado.
Esa conjunción podría ser formulada como un modelo teórico aplicable a las más diversas situaciones en otros países. Se trata de una coalición implícita no preparada ni anhelante para tomar el poder pero que es capaz de sepultar a toda una clase dirigente como si se tratara de una revolución política clásica.
Luego, de acuerdo a lo que quede del sistema político según sus tradiciones y fortalezas institucionales, se reconstruirá una república democrática decente o se avanzará un paso aún mayor en la construcción de sistemas corruptos menos inmunes a esa coalición.
Es esto último lo que ocurrió en Italia cuando a los partidos políticos corruptos los remplazó el populismo igual de corrupto de Berlusconi que sedujo a la opinión pública con sus ideas antipolíticas, mientras se ocupaba de destruir todo medio independiente y partidizar a la Justicia desprestigiando a los jueces probos que hicieron el mani pulite.
La corrupción argentina es dura de matar. La Argentina tiene un sistema político que se ha debilitado tanto como el italiano ya que la democracia de partidos ha sido de hecho sustituida por la de un partido único o hegemónico.
Las instituciones republicanas han sido banalizadas en los ‘90 y partidizadas durante el kirchnerismo, mientras que se ha creado el sistema de medios públicos al servicio de la propaganda oficial más grande del último medio siglo.
O sea que el sistema político infectado por la corrupción está demostrando tener mucha mayor capacidad de sobrevivencia en la Argentina que en Italia.
E incluso está muy lejos de recibir aún los embates durísimos que sufren los gobiernos de Brasil, Portugal y España donde están cayendo como moscas los acusados de robar desde y al Estado. Acá no cae nadie excepto una menemista no peronista que más bien parece un chivo expiatorio que se quiere usar para lavar los pecados al resto de los corruptos.
Sin embargo, los factores potenciales para luchar contra la corrupción existen y mucho en la Argentina, aunque aún no han podido confluir para combatir el mal juntos.
Medios, opinión y jueces anticorrupción en la Argentina. La nueva opinión pública se gestó en la Argentina durante los días de la rebelión impositiva de los productores del campo.
Su peso fue determinante para que el gobierno no avanzara, como aún más lo fue cuando pocos años después coparon nuevamente las calles (y en una proporción mucho mayor) para impedir la re-reelección de Cristina Fernández que, de no haber sido por esa opinión pública movilizada, muy seguramente habría logrado postularse por tercera vez.
Con respecto a los medios y los jueces, sus planteos contestatarios han sido más reactivos que los de la opinión pública, como respuesta defensiva ante un gobierno que un día determinó quitarles toda independencia, sabedor de que tanto en la prensa como en la Justicia se encuentran los últimos anticuerpos republicanos cuando el resto de las instituciones han sido avasalladas.
Pero a pesar de tantos ataques desde el poder, los medios independientes como la Justicia no partidaria están resistiendo fuertemente la intención gubernamental de exterminarlos, en cuanto expresiones de la opinión pública en un caso o de las garantías constitucionales en el otro.
Sin embargo, en lo que podría considerarse como un relativo empate, hasta ahora el gobierno cristinista logró impedir la plena confluencia de estos tres “sujetos” en la lucha contra la corrupción y hará lo indecible para que esto siga siendo así.
Una prueba piloto. el caso Campagnoli. No obstante, hay un caso en tamaño pequeño que demuestra esta hipótesis del modelo teórico anticorrupción de tres patas: se trata del fiscal José María Campagnoli al cual Cristina Fernández, a través de su empleada, la procuradora general -no de la Nación sino del gobierno- Alejandra Gils Carbó, decidió echar de su cargo por haberse atrevido a investigar a Lázaro Báez, el empresario que más puede complicar en el tema de la corrupción a la familia Kirchner.
Tenían los números para echarlo y la más plena decisión política. Sin embargo, una confluencia entre Justicia, medios y opinión pública que se movilizaron en su apoyo, quebró el intento de su destitución cuando ésta ya parecía un hecho consumado, demostrando así que la República, aún en los peores momentos, tiene sus defensores.
Defensores que no buscan gobernar al país sino crear las condiciones para que una élite corrupta puede ser remplazada por una decente, en la eventualidad de que esta última exista.
