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La complicada Julieta Silva -acusada de haber asesinado a su novio- cuenta desde el martes con un defensor que ha transitado una intensa vida política, judicial y deportiva. Alejandro Cazabán solicitó la suspensión de los plazos de apelación en la resonante causa por "homicidio agravado por alevosía y vínculo de pareja" que puede llevar a reclusión perpetua a su defendida, como responsable de la muerte de Genaro Fortunato a quien atropelló con su vehículo.
Cazabán fue precandidato a Gobernador del PJ con apoyo de Celso Jaque en 2011 -respaldado por el actual diputado nacional Alejandro Abraham- aunque luego fue desplazado por Francisco Pérez.
Protagonista central en 2010 de un informe histórico que alborotó a la Legislatura provincial -como secretario general de la Gobernación- en el que acusó -e individualizó- a legisladores que integraban distintas bancadas de ser funcionales a las directivas del grupo empresario Vila-Manzano.
Diez años antes había ocupado el centro de la escena con la reforma policial de Arturo Lafalla que -con el acompañamiento de los líderes de la oposición de ese momento, José Genoud y Roberto Iglesias por la UCR y Carlos Balter por el PD- derivó en la mayor purga policial de los últimos tiempos en la provincia.
Imputado en 2012 por el denominado Caso Mátar, se lo investigó bajo la sospecha de haber pagado sobreprecios por los servicios de fotografía y publicidad por 12 millones de pesos al fotógrafo devenido en empresario de medios de San Rafael Gustavo Mátar, quien a su vez subcontrataba con otras firmas.
Su nombre -y el de su hermano Pablo-apareció en abril de este año entre los 127 argentinos anotados (junto a 57 mil atletas de todo el mundo) que corrieron la maratón de Paris, pasando por la torre Eiffel y el Arco del Triunfo. En años anteriores ha corrido maratones en Buenos Aires y en Mendoza.
Fue también querellante en abril de 2014 contra el delincuente Daniel Jesús Perlatto que en 2012 asaltó y acuchilló a su hija Adriana Cazabán para robarle el celular en San Rafael. Y consiguió que lo condenaran a ocho años de prisión, de los diez que había pedido.
Hombre fuerte del gobierno de Jaque fue acusado por la oposición radical de concentrar 'superpoderes'. Y se enfrentó frontalmente con el procurador de la Corte de ese momento, Rodolfo González, a quien intentó desplazar para avanzar en una reforma judicial.