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La nota publicada en Los Andes el pasado 3 de marzo sobre la cantidad de empleados de la Universidad Nacional de Cuyo combina el dato duro (aunque no completo, cabe advertir) con una comparación: la presenta como una especie de "municipio" con más empleados y presupuesto.
Ha sido muy interesante observar las reacciones que despertó la nota.
Por una lado, la cerril reacción corporativa. Supuestos y autodesignados paladines salieron a gritar por todo lo alto que se trataba de un mal disimulado ataque contra de la educación pública.
Cualquier planteamiento que se haga en este ámbito en términos de eficiencia o peor aún, costo (los puristas de la ideología hegemónica en la educación pública corregirán por “inversión”, término económico que solo tiene sentido si se lo vincula con el beneficio expresado en cifras) indefectiblemente despierta reacciones histéricas: el pretendido criticismo de estos sectores se suspende totalmente cuando se trata de analizar la función social de la educación pública. Son malos para la autocrítica.
Por el otro, el incómodo silencio de las autoridades. La nota podría haber sido aprovechada por la UNCuyo como una oportunidad para hacer oír su voz en el espacio público y explicar los criterios con los que incorpora y asigna empleados, el ratio que utiliza para estimar la cantidad necesaria de docentes y no docentes respecto de la cantidad de alumnos, la asignación presupuestaria para salarios, el espinoso asunto de las dedicaciones docentes, las pautas que distinguen y vinculan la labor docente con la de apoyo a la docencia y administración, la aplicación de tecnologías que hacen más sencilla y eficiente la gestión y la administración académica, etc.
La universidad como centro superior de enseñanza y desarrollo de los saberes científicos debería disponer de estas herramientas de gobierno y gestión, y eventualmente, dentro de los márgenes discrecionales de toda institución, estar en condiciones de ponerlas en conocimiento público, en el marco de aplicación de un principio de transparencia administrativa.
La UNCuyo ha optado por dar la callada por respuesta, asumiendo presumiblemente que el mejor modo de defenderse de un ataque es no acusar golpe. ¿Cómo no ver en este silencio la cara opuesta a los chillidos histéricos de la moneda de la reacción corporativa?
Con las salvedades del caso, resulta inevitable vincular el silencio de la UNCuyo con la reciente negativa de otras universidades públicas a ser auditadas.
Es un asunto particularmente delicado, puesto que no sólo se trata de satisfacer crecientes y legítimas demandas en torno al uso de recursos públicos en función de su eficiencia, sino que en algunas instituciones supone investigar graves irregularidades y casos de corrupción.
Un auténtico espíritu universitario hubiera empujado a las instituciones académicas a someterse cuanto antes y con total disposición a esos sistemas de control y evaluación.
Es realmente curioso el modo en que se entiende y se practica actualmente la autonomía universitaria: ninguna asignación de recursos resulta suficiente, pero las universidades no parecen estar dispuestas a rendir cuentas por su asignación o empleo.
Las universidades públicas harían bien en tomar nota de que es el tiempo de las legitimidades líquidas. Instituciones que hasta hace poco parecían fundadas en bases inconmovibles empiezan a ser seriamente cuestionadas: le ha pasado a la Iglesia, pero también a un poder del Estado como es el Poder Judicial.
No es posible seguir viviendo del prestigio ganado en un pasado remoto, por muy difícil o desafiante que se ponga el presente.
Más bien todo lo contrario.