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La oposición nacional coincidió hace escasas horas, en medio de la maratónica sesión de la Cámara de Diputados en la que se dio media sanción a una serie de leyes económicas, que el ajuste que la presidenta Cristina Kirchner se niega a realizar en su administración fue trasladado directa e indirectamente a las provincias.
Tanto las fuerzas más cerca de posiciones de izquierda como las que se enrolan en la centro-derecha llegaron a la misma conclusión luego de analizar pormenorizadamente el Presupuesto 2014 y las prórrogas a las leyes de Emergencia Económica y de algunos tributos, entre ellos del impuesto al Cheque, cuyo producido queda en manos de la Nación en un 85%.
La voracidad fiscal del Gobierno nacional no encuentra antecedentes en la historia reciente del país porque por un lado la presión impositiva es la más alta de todos los tiempos, superior al 40%, y por otro lado el Tesoro se queda con el 75% de todos los ingresos y coparticipa entre las provincias sólo el 25%.
Además, el Ejecutivo maneja discrecionalmente partidas presupuestarias gracias a los superpoderes que tiene el jefe de Gabinete y a los decretos de necesidad y urgencia (DNU), mecanismos que le permitieron distribuir a gusto durante los últimos diez años 900 mil millones de pesos entre los gobernadores e intendentes amigos y castigar, de paso, a los enemigos (la cifra es equivalente a casi un presupuesto nacional como el de 2014).
La secuencia sigue: utiliza todo el financiamiento que el Banco Nación tiene autorizado a dar al sector público -tanto nacional como provincial-, no dejándole nada a los Estados subnacionales, y le saca al Banco Central reservas para pagar la deuda externa, mientras consigue de éste a sola firma giros millonarios para cubrir un resultado financiero negativo que oscila entre el 5% y el 10% de los ingresos presupuestados.
Según el Presupuesto que ya tiene media sanción, el Tesoro destinará un 73% más de recursos que en 2013 para hacer frente a los pagos de la deuda pública argentina, mientras las partidas para obras mermarán y los gastos en seguridad y educación crecerán 11 y 18% respectivamente, muy lejos del aumento del cálculo de recursos que ronda el 28%. Huelga decir que se trata de áreas que deben atender los gobernadores e intendentes.
El plan de gastos 2014 le dio a Cristina Kirchner la autorización para conseguir financiamiento por 360 mil millones de pesos, pese a que la necesidad que tiene el Estado nacional es de 280 mil millones de pesos. Los 80 mil millones de pesos que le quedarán al Tesoro cuando cumpla con sus compromisos servirán para tapar el déficit operativo que arrastra el gobierno desde 2009, año en el que inició un nuevo ciclo de endeudamiento público que, en lugar de ser con bancos internacionales como en los '90, se hace con la Anses, el Nación y el Central.
En este contexto, las provincias debieron salir el año pasado y éste a buscar financiamiento externo caro y engorroso, muchas veces con el objetivo de poder ejecutar obras públicas clave para el desarrollo. Situación que se intensificará en 2014 ya que el Presupuesto promete partidas un 20% inferiores a las de 2013.
Por último, el Gobierno nacional no ha respondido al lobby de algunos gobernadores K que piden dos años más de gracia para empezar a pagar las deudas que las provincias refinanciaron con la Nación en 2010.
En rigor, la decisión de trasladar el ajuste a las provincias no es nueva, arrancó cuando la Presidenta asumió su segundo mandato y se proponía realizar en su gestión una "sintonía fina" que nunca logró instrumentar.
El mes pasado, cuando debió corregir las inequidades en el pago del impuesto a las Ganancias tras la derrota en las PASO, siguió con la misma política, ya que por un decreto decidió que las provincias no reciban el dinero que entraba por este tributo y se coparticipaba. De esta manera, los gobernadores deben reforzar el rol de vasallos que en tiempos de vacas gordas no tuvieron problemas en actuar.
Esta decisión de hacerle pagar el ajuste primero a las provincias tiene explicación en la analogía que el kirchnerismo hace entre poder y dinero, la cual es parte de su ADN.
En primer lugar, porque el Gobierno central se caracterizó desde 2003 por concentrar el manejo de los recursos federales con el objetivo de decidir discrecionalmente qué se hace y qué no en cada provincia y sacar réditos políticos de cada una de estas decisiones. De manera que ahora, golpeado por una economía que crece más lentamente y tiene serias falencias, asfixiar financieramente a los Estados subnacionales surge como algo dado lógicamente.
Una segunda interpretación de la analogía entre poder y dinero calza perfecto con la primera: si el uso de una chequera abultada sirve para construir poder, entonces la escasez de fondos debe usarse para derivar responsabilidades a los que antes se arrodillaron para conseguir obras, partidas y migajas del poderío que tanto Néstor Kirchner como Cristina concentraron en sus manos como un bien ganancial.
Esta visión del poder asociado irresolublemente a los fondos no sólo convive con una época en la cual la economía nacional atraviesa problemas. También lo hace con las actuales circunstancias políticas que debe atender el Gobierno nacional, que salió debilitado de las PASO y que se prepara para un nuevo traspié electoral el 27 de octubre, día en el que incluso podría perder el control que mantiene sobre el Congreso.
Cristina Kirchner les avisó a los industriales, sindicalistas y banqueros que recibió hace tres semanas en la Casa Rosada que ella no será la que realice el ajuste que -según su entender- algunos sectores de la economía reclaman al solicitar una devaluación brusca del peso para darle competitividad nuevamente a la producción.
Su intención es dejar las cosas como están, estirar la situación hasta fin de 2015, cuando deba entregarle la presidencia a otro.
Los más desconfiados analistas del justicialismo gobernante creen que la estrategia de la Presidenta es volverse un actor decisivo cuando deje el poder, ya que el próximo gobierno deberá tomar las decisiones impopulares que ella no ejecutará (ganará así por comparación ante la opinión pública). Su rol en la interna peronista por la sucesión será entonces clave.
Es poco dable esperar que ella impulse un dirigente con peso específico, ya que cualquiera que quiera llegar al Gobierno deberá ofrecerle a la sociedad propuestas más moderadas que las que Cristina Kirchner está dispuesta a tolerar. Si acaso se sumara a este juego de correrse hacia el centro, entonces debería asumir el corrimiento de su poder hacia otro actor, algo difícil de aceptar en la tradición política argentina, marcada por el caudillaje.
En esta lenta transición que se abrió anticipadamente el 11 de agosto, cuando quedaron enterrados los sueños del kirchnerismo de eternizarse en el poder, Cristina Kirchner deberá gobernar dos años más.
Y aunque parezca paradójico, el fin de la bonanza económica que la alejó del electorado le puede servir para mantener domesticados a gobernadores e intendentes, que aunque pretendan abrazar nuevos liderazgos como el de Sergio Massa, necesitan fondos -aunque más no sea en cuentagotas- para poder gestionar sus territorios.