El INTA denuncia que un decreto en análisis modificaría su conducción y estructura. El gremio teme por el golpe a la innovación agropecuaria.
"Tenemos la colección de vides en Luján de Cuyo, una de las más grandes de América", confirma la Directora de INTA Mendoza, Ing. Agr. Analía Díaz Bruno.
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Gentileza En INTA no sobra nadie.
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Gentileza Por cada peso invertido en investigación y desarrollo agropecuario, la sociedad argentina recibe entre 35 y 63 pesos en beneficios económicos, así confirma el estudio técnico del Instituto de Economía del INTA, publicado en 2019.
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Gentileza En INTA, el trabajo institucional va desde la investigación básica hasta el desarrollo de tecnologías aplicadas.
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Gentileza En INTA "Generamos valor agregado, tecnología nacional, y eso implica soberanía" dijo Maryté Viedma, delegada en Mendoza de APINTA.
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GentilezaCon casi setenta años de trayectoria, un sistema de gobernanza mixto, integrado por el sector público y privado, y con hitos en avances tecnológicos y en la preservación genética de variedades vegetales, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) vuelve a estar en el centro del debate. Al interior de la institución circula la versión de un posible decreto de necesidad y urgencia (DNU) impulsado por el Poder Ejecutivo que modificaría su estructura y forma de conducción.
La institución continua, desde hace meses, una situación de incertidumbre institucional que ya estaba siendo marcada por retiros voluntarios, falta de recambio de empleados y congelamiento de vacantes y becas. Ahora se suma la posibilidad de una reforma por DNU que, según detallan desde la dirección regional del INTA en Mendoza y el gremio APINTA, podría derivar en un vaciamiento y una pérdida de su histórica presencia territorial.
“Nos comentan que hay un proyecto de DNU que podría cambiar la gobernanza de nuestra institución”, expresó Analía Díaz Bruno, directora del INTA en Mendoza. Detalla que actualmente las políticas institucionales las define el Consejo Directivo Nacional, en donde están representadas las principales organizaciones del campo —la Mesa de Enlace—; la academia —las universidades de agronomía y veterinaria—; un representante del Gobierno — por la Secretaría o el Ministerio—, y el presidente y la vicepresidenta del INTA; estos últimos tres nombrados por el Poder Ejecutivo. “Una modificación como la que se está sugiriendo nos dejaría con solamente cuatro miembros de las organizaciones rurales; los representantes académicos quedarían fuera del Consejo Directivo”, dijo Díaz Bruno.
La directora mencionó que este cambio afectaría el equilibrio de representaciones que garantiza la planificación a largo plazo. “La paridad entre representantes del Gobierno y de las organizaciones hace que nuestra institución no quede sujeta a las políticas de turno, sino que pueda sostener planificaciones estratégicas que, en ciencia y técnica, son fundamentales”, explicó.
Maryté Viedma, delegada en Mendoza de APINTA, expresa que “lo que pasa en el INTA nos pasa a todos. Son decisiones de política pública que impactan en toda la ciudadanía. Se está planteando un cambio de gobernanza por DNU, sin que haya necesidad ni urgencia, sobre un sistema que viene funcionando desde hace setenta años”.
Viedma explicó que el Consejo Directivo es una herramienta clave para la planificación estratégica: “Tenemos planes de 15 a 20 años, planes territoriales de cuatro años y revisiones anuales con participación de provincias y organizaciones. Cambiar esa forma de gobernanza afecta la sostenibilidad de las políticas, la investigación y al personal”.
Además de los cambios en la gobernanza, también se prevé una reorganización de las oficinas y agencias del INTA. “Podría haber una fuerte reestructuración del sistema territorial. Se cerrarían algunas agencias de atención, posiblemente alguna estación experimental en Buenos Aires, y los centros regionales se reducirían para transformarse en macro regiones”, advirtió Díaz Bruno.
Por el momento, el INTA cuenta con 400 oficinas en todo el país, de las cuales 300 son agencias de extensión. La directora del INTA Mendoza es contundente al decir que “esas agencias permiten una transferencia directa de tecnologías al campo y también canalizan las demandas de los productores hacia el INTA. Esa territorialidad garantiza que las investigaciones tengan impacto y respondan a necesidades concretas”.
En Mendoza, el trabajo institucional va desde la investigación básica hasta el desarrollo de tecnologías aplicadas. “Tenemos la colección de vides en Luján de Cuyo, una de las más grandes de América. También una colección de microorganismos, principalmente levaduras, que intervienen en procesos alimentarios. Eso permite seleccionar las más eficientes para mejorar la elaboración”, detalló la directora.
Según detalló en diálogos anteriores Mario Romero, delegado nacional de APINTA, el conflicto entre el Gobierno nacional y el INTA comenzó en noviembre de 2024, cuando el Consejo Directivo recibió una primera propuesta para eliminar 225 cargos de planta no permanente. “En febrero el escenario cambió: ya no eran 225 trabajadores, sino 1.500 los que se ponían en disponibilidad. Cerraban 300 agencias de extensión rural en todo el país”, advirtió en ese momento Romero.
Por ese entonces, el delegado gremial confirmaba, en ese momento, que las implicancias de este posible reordenamiento tenían dos grandes aristas: por un lado, una fuerte reducción de personal; por otro, la desarticulación del sistema de extensión, una de las funciones esenciales del INTA según su ley de creación.
En esta misma línea, actualmente la directora del INTA Mendoza señala que desde hace más de un año y medio no se reponen vacantes ni se otorgan becas. “La persona que se jubila o se retira no es reemplazada. Tampoco tenemos sistema de becarios, lo que interrumpe la formación doctoral y posdoctoral. Eso impacta directamente en la calidad de nuestras investigaciones”, dijo Díaz Bruno. Según sus datos, la planta de personal cayó un 17% en dos años.
Además, la directora de INTA agregó que “hay una propuesta de nuevos retiros voluntarios próxima a salir, y el cambio en el Consejo Directivo podría derivar en reformas estructurales y despidos. Eso es lo que queremos evitar”.
Entre las acciones previstas, desde el gremio sostienen un estado de alerta y movilización. “Nos hemos movilizado cada vez que el Consejo se reunió. También estamos en diálogo con legisladores de todos los partidos, porque entendemos que hoy la discusión está en la arena política”, señaló Viedma. A la vez, valoró el respaldo de gobernadores de provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
Sobre el presupuesto, indicó la representante de APINTA: “Tenemos el mismo presupuesto desde 2022. Las actividades no se detienen, pero todo está al límite. Faltan recursos y hay un estado de tristeza y desazón entre los compañeros”. También confirmó intereses inmobiliarios sobre tierras del INTA. “Ya hubo una propuesta para ajustar a 230 trabajadores de campo. Si no hay quién cuide los ensayos, esos campos se pierden y pueden ser vendidos”, alertó.
Por último, la delegada gremial destacó el impacto del organismo en la realidad cotidiana de los argentinos:, “Cuando mirás la mesa —el pan, el vino, la carne, la miel— todo tiene detrás desarrollo tecnológico del INTA. Generamos valor agregado, tecnología nacional, y eso implica soberanía. Lo que está en juego no es solo el empleo: es el modelo de país”.
El rol del INTA a lo largo de estos casi 70 años la ubica como protagonista de los principales desarrollos científicos aplicados al agro argentino. Según un estudio técnico del Instituto de Economía del INTA, publicado en 2019, dice que, por cada peso invertido en investigación y desarrollo agropecuario, la sociedad argentina recibe entre 35 y 63 pesos en beneficios económicos. La tasa interna de retorno estimada va del 6% al 12%, ubicando a la inversión pública en ciencia y tecnología como una de las más rentables del Estado.
Esos números encuentran su detalle concreto en una lista de hitos: el desarrollo de los mapas de suelos a escala nacional, los primeros ensayos de siembra directa y la creación de casi mil variedades vegetales adaptadas a las distintas regiones productivas del país. El INTA es el principal obtentor vegetal de Argentina, con avances en cultivos estratégicos como trigo, soja, maíz, algodón, arroz, maní, vid y especies ornamentales. Algunas de estas variedades son hoy comercializadas internacionalmente por empresas de Japón y Estados Unidos.
En tanto la salud animal, el organismo desarrolló la vacuna oleosa contra la fiebre aftosa y la primera cepa vacunal contra la leucosis bovina a nivel mundial. A esto se suma la creación de bancos de germoplasma vegetal, un patrimonio genético nacional esencial ante eventuales crisis sanitarias o climáticas. Uno de los ejemplos más recientes es la recuperación de la cepa original del Malbec en el banco del INTA Luján de Cuyo.
Toda esta trayectoria, según reflejan y confirman desde la institución, es una fuente concreta de valor económico, social y estratégico. Advirtiendo que hoy se encuentra en riesgo ante posibles recortes presupuestarios o reformas institucionales por decreto, por lo que desde su Dirección Provincial del INTA y gremio intentan visibilizar.
