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El Gobierno nacional comienza a dejar atrás la prepotencia del "vamos por todo", la épica del relato "revolucionario", las ambiciones de perpetuarse en el poder a como dé lugar, para acomodarse dentro de los márgenes que le deja la realidad y, más específicamente, a los dictados del mercado.
Devaluó en enero, subió la tasa de interés, aspiró pesos de la plaza para mermar la ansiedad por el dólar, inició las conversaciones -por ahora informales- con el Club de París, pagó a empresas que litigaban contra la Argentina en el Ciadi, presentó un nuevo índice de precios al consumidor para congraciarse con el Fondo Monetario Internacional y cerró un acuerdo con Repsol -ésta es la noticia de la semana- por el 51% de las acciones que en 2012 le expropió para volver a tomar el control de la principal empresa petrolera del país, YPF.
Cualquiera sea la óptica desde la que se analice este proceso de reacomodamiento a la realidad se puede concluir que todo esto es el principio de un nuevo ciclo de endeudamiento del país y el fin del proceso de "desendeudamiento" que tanto celebraron los bombos del oficialismo, ya que el Gobierno se encuentra frente a una economía que frenó de golpe su crecimiento y da señales de estancamiento, a la vez que hay un proceso inflacionario de difícil solución en el corto plazo.
El kirchnerismo necesita entonces regresar a los mercados internacionales de crédito -se niega a hacer un recorte del gasto público que le signifique pagar más costo político- y para ello está urgido de enmendar algunos de sus propios errores.
El asunto será determinar quiénes serán los favorecidos y quiénes los perdedores de esta domesticación del kirchnerismo en su ambición de llegar a 2015 de "la mejor forma posible", lo que significa en términos de poder buscar la manera de tener la mayor cuota de influencia y/o de condicionamiento en el próximo gobierno.
La noticia de la semana, decíamos, es el acuerdo con Repsol por el 51% de acciones que hace dos años le fueron expropiadas. El mismo encierra un sinnúmero de interrogantes. Hay sobre él muchas sombras, pero tiene el beneplácito de todo el "establishment" económico del país: industriales, bancos, empresas de servicio.
La primera pregunta que surge entre los que siguieron este proceso de cerca es cómo llegaron los españoles de Repsol y el Gobierno argentino a la cifra de 5.000 millones de dólares como precio final de la compensación que se pagará a través de un mix de bonos que emitirá el Tesoro.
Primero hay que hacer algunas consideraciones sobre la cifra en sí. Los tres bonos que se ofrecieron como forma de pago son el Bonar X por 500 millones de dólares, el Discount 33 por 1.250 millones de dólares y el Bonar 2024 por 3.250 millones de dólares. A los precios de mercado actuales, el valor del paquete sería de aproximadamente 4.250 millones de dólares.
Como ambas partes son conscientes de esta realidad, el pacto tiene una cláusula gatillo por la cual el Gobierno se compromete a emitir otros tres bonos por 1.000 millones de dólares más para cubrir la compensación acordada. Son el Boden 2015 por 400 millones, el Bonar X por 300 millones y el Bonar 2024 por otros 300 millones. Si éste fuera el caso, la emisión total de bonos sumaría aproximadamente 6.500 millones de dólares, ya que los bonos Discount tienen intereses capitalizados por 500 millones.
Pero volviendo al grado de ajuste entre el valor de mercado de las acciones expropiadas y lo que se pactó pagar, también se pueden hacer otras consideraciones.
Cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció en abril de 2012 la re-estatización de YPF, Repsol fijó a través de su CEO, Antonio Brufau, un valor de 10.500 millones de dólares, número que peticionó ante el Ciadi como indemnización/resarcimiento. En aquel momento, el por entonces casi desconocido Axel Kicillof acaparó la atención de todos en el Senado -era el nuevo viceministro de Economía e interventor de la compañía- al defender la medida y lanzar su famosa advertencia de que Argentina no debía pagar a Repsol "ni un centavo" y que se tomaría en cuenta, durante el proceso de tasación de las acciones expropiadas, los pasivos ambientales que dejaron los españoles de modo que serían ellos los que deberían pagar al Estado argentino y no al revés.
Un informe realizado por el economista Enrique Vaquié, diputado radical por Mendoza, demuestra que estos 5.000 millones de dólares acordados con Repsol son una cifra razonable, bastante baja o altísima (para la Argentina que es la que debe pagar) si se tiene en cuenta el valor de la empresa en la Bolsa en tres momentos diferentes.
El primero es cuando fue anunciada la expropiación en abril de 2012: ahí los 5.000 millones hubieran alcanzado para comprar el 58% de las acciones que se expropiaron -el famoso 51% que permite el control de la empresa-, ya que el valor de éstas había caído durante dos duros meses de enfrentamientos dialécticos y tras la quita de áreas de explotación realizada por gobernadores K a YPF por orden de la Casa Rosada.
El segundo momento es cuando el gobierno de Cristina Fernández aún mantenía buenas relaciones con los españoles y la familia Esquenazi, a la que Néstor Kirchner había puesto a manejar el negocio. En este escenario, los 5.000 millones de dólares hubieran alcanzado sólo para adquirir el 38% del paquete expropiado ya que la empresa española pasaba por un excelente momento en la Bolsa.
El tercer corte histórico es el día que se aprobó la ley de re-estatización de YPF, en mayo de 2012: las acciones de la firma española habían caído rotundamente a menos de la mitad; allí los 5.000 millones de dólares que se prometieron a Brufau hubieran sido suficientes para comprar el 83% de las acciones, de ahí que se entienda que ahora los españoles celebren sin disimulo ya que terminan yéndose con una cifra considerable -bastante alta- cuando antes estaban amenazados con no cobrar un peso y tener que poner incluso plata para reparar el daño ambiental que toda explotación petrolera genera.
El daño ambiental es otro de los temas que genera más polémica ya que el acuerdo de compensación de marras plantea con claridad que ambas partes desisten de acciones judiciales, de modo que Argentina no podrá reclamar a Repsol la remediación de los pasivos ambientales que la empresa generó en las provincias. Es decir que no sólo no se le reclamará dinero por el "vaciamiento" patrimonial que el propio kirchnerismo dejó plasmado a modo de denuncia en el texto de la ley de re-estatización de YPF sino que tampoco se le podrá iniciar un juicio por los daños ambientales, como el que hizo Ecuador a Chevron por la contaminación de la selva amazónica.
"Que ha existido contaminación es evidente, pero además hay pasivos que están ocultos y que pueden salir a la luz dentro de dos años. Por eso todos los contratos con empresas petroleras tienen cláusulas de indemnidad para que sea quien vende sus acciones el responsable de pagar los costos de la remediación. Lo raro de este acuerdo es entonces que se diga que se suspenden todos los juicios futuros, que el Gobierno no quiera reclamar nada por daños que son evidentes y por daños que podrán emerger dentro de dos años", explicó Vaquié intrigado.
El tercer gran tema es de formas y ya generó choques entre el kirchnerismo y la oposición: el Gobierno arregló con Repsol una indemnización a través de negociaciones privadas violando la ley que votó en 2012 que decía que era el Tribunal Nacional de Tasación el que fijaría el precio de las acciones expropiadas. Ayer, Elisa Carrió se presentó ante la Justicia para constatar que el mencionado órgano arbitral no intervino en toda esta negociación. La UCR, el FAP y el PRO también se quejan de la discrecionalidad con la que el Gobierno manejó todo y prometen dar pelea en el Congreso, que deberá aprobar con una ley el pago a Repsol. Pero Carrió, que siempre tira más de la cuerda que el resto, avisó que denunciará a todos aquellos que voten a favor la futura ley.