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El acuerdo llegó para que la política provincial no quedara desacreditada ante los mendocinos. El desgaste había sido tremendo y ya el mendocino medio no se fijaba tanto si tenía razón el Gobierno o si la tenía la oposición. El desorden llegó a introducir a todos en la misma bolsa y a ninguno, ni a oficialistas ni a opositores les convenía seguir en medio de semejante tensión.
El viernes el vicegobernador Ciurca sorprendió con un concepto contundente. “La política salvó a las instituciones”, les dijo a los periodistas el titular del Senado, uno de los responsables de que el incendio no se expandiera. En la práctica, había llegado a desactivar una bomba de tiempo que comprometía a justicialistas y radicales, responsables por partes iguales de lo que suceda de aquí en adelante en virtud de la notable paridad legislativa que las últimas elecciones les otorgaron.
La Corte, a salvo. El acuerdo también puso en orden la relación con el Poder Judicial. A medida que avanzaban las desinteligencias políticas sobre el Presupuesto y la posibilidad de endeudamiento de la Provincia, desde la Suprema Corte hicieron llegar a los poderes políticos del Estado más de una vez el pedido de que el controvertido tema no llegase a la instancia judicial a la que finalmente llegó. No fue posible que se cumpliera ese deseo de los jueces y éstos se encontraron con la obligación de tener que expedirse a partir del planteo de inconstitucionalidad de la llamada “reconducción presupuestaria” que efectuó el radicalismo.
La Corte no sólo hizo lo correcto cuando se pronunció sobre la medida cautelar para pasar a analizar la cuestión de fondo, sino que promovió antes razonables instancias de diálogo entre las partes. La primera vez no tuvo éxito y recién a partir de la mediación del doctor Llorente, el lunes pasado, se pudo encaminar el entendimiento. Aunque también hay que destacar que cuando el presidente de la Corte se reunió con el Gobierno y el radicalismo para instarlos a retomar el diálogo, éste ya había comenzado a gestarse en reuniones urgentes entre los que desde ambos bandos partidarios apostaban por llegar al armisticio.
Las lecturas políticas de un eventual fallo del tribunal supremo iban a resultar inevitables en el contexto que se había creado, más allá de la claridad de la cláusula constitucional que establece que para autorizar una deuda se requieren los dos tercios legislativos, algo que la norma que había aprobado el justicialismo no tuvo.
Preocupación por el deterioro institucional. Tanto en el oficialismo como en la UCR había muchos dirigentes preocupados por el deterioro institucional derivado de la pelea sin fin. En los últimos días se produjeron muchas coincidencias entre las partes en cuanto a la incertidumbre generada por la discusión y cómo ésta se trasladaba cada vez más a la economía mendocina. Y cuando la discusión política termina afectando el quehacer económico se recomienda siempre rever los pasos que se están dando."Había un clima incierto y desconocido para Mendoza", se admitió desde el grupo de senadores radicales que participó de las negociaciones de la última semana.
En los dos bandos en disputa también advirtieron que las posturas extremas eran de imposible reconciliación. Debía existir un término medio. Alguien tenía que demostrar que no era posible pretender un nivel de endeudamiento como quería el Ejecutivo ni cerrar absolutamente el grifo, como expresaba el sector radical directamente identificado con el intendente Cornejo.
Dicen los radicales que estuvieron cerca de la negociación que Cornejo posiblemente nunca haya pensado que desde el Gobierno se llegase a plantear la posibilidad de cortar la cadena de pagos del Estado, algo muy grave con lo que amenazó personalmente Francisco Pérez al conocerse la aceptación de la cautelar por parte de la Corte.
Por otra parte, en el caso concreto del radicalismo se sabe que fue muy influyente el punto de vista dado por los intendentes de departamentos alejados del Gran Mendoza, que venían planteando un diagnóstico complicado en las zonas rurales a raíz del parate que generaba la pelea política. Eso llevó, dicen, a que en la reunión del jueves en el Comité Provincia el propio Alfredo Cornejo haya aceptado que lo más conveniente era concretar un acuerdo. Esto a pesar de continuar convencido de que el gobierno justicialista de Mendoza no merece ningún tipo de ayuda que se base en una autorización de endeudamiento, como la que ahora se aprobará en la Legislatura en los próximos días.
Los negociadores de Pérez. El Gobernador también llegó en algún momento a la conclusión de que era prioritario cortar con las tensiones y negociar una salida con la UCR. Por eso les encomendó a su ministro Rodolfo Lafalla y a los presidentes de las dos cámaras legislativas, Carlos Ciurca y Jorge Tanús, que encararan el acercamiento con el principal partido de la oposición. Lo dispuso en una reunión partidaria en la que también participaron intendentes de distintas líneas internas y legisladores nacionales.
Estos negociadores, en especial Ciurca y Tanús, coinciden en señalar que se llegó a una solución que se tendría que haber buscado mucho antes. Es que pocas veces se había advertido tanto empecinamiento de parte de la oposición ni tanta rigidez del lado del Ejecutivo.
Ahora hay optimismo en los representantes legislativos del justicialismo. Tienen la certeza de que "lo duro de la ley" que se va a tratar en breve ya se encuentra acordado y que los detalles técnicos, que son los que deben analizar a partir de la semana que se inicia, de ninguna manera van a entorpecer lo ya avanzado.
Existe el compromiso para que el Senado trate el nuevo presupuesto provincial en la sesión del martes 22 y que un día después lo haga la Cámara de Diputados. Ese día debería estar la sanción final. El debate se va a iniciar en la Cámara alta porque en ella quedó trabada la discusión anterior.
¿Hay ganadores y perdedores? También el viernes, Carlos Ciurca dijo que el oficialismo había accedido “a los siete puntos que pedía la UCR”. Sin duda, esta aceptación expresada por el principal representante del PJ allanó el camino al acuerdo, pero también sirvió para demostrar que la necesidad de solución a las diferencias era ya imperiosa en el Ejecutivo.
En líneas generales, en el justicialismo hablan de un “empate” al referirse a los alcances del entendimiento. Sin embargo, la aceptación de los aspectos planteados por el principal partido de la oposición da cuenta de resignaciones en el Gobierno con tal de llegar al final deseado.
Además, si se observa que lo convenido en mucho se asemeja a lo que se había avanzado a principios de año, cuando un sector del radicalismo planteó un presupuesto alternativo con un nivel de deuda similar al consensuado el viernes, que luego no prosperó tanto por el enojo de Cornejo y Cobos y -según comentan algunos- por reticencia del ministro Marcelo Costa, se puede concluir que la UCR sacó una leve ventaja sobre el PJ, en general, y que dentro del radicalismo se impuso una postura más moderada.
Otro aspecto positivo es que las partes se comprometieron a comenzar a plantear la pauta de gastos y recursos de 2015 antes de que finalice setiembre. Como para dejar para el año electoral que se aproxima discusiones sobre temas no tan áridos.