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El 25 de mayo de 1973, una multitud que desbordaba la Plaza de Mayo gritaba, eufórica, a los efectivos de las Fuerzas Armadas formados para rendir honores al nuevo presidente Héctor Cámpora: “Se van para no volver”, impedían el desfile militar y los insultaron y escupieron.
Esa noche, la muchedumbre rodeó la cárcel de Villa Devoto provocando la salida de presos políticos, guerrilleros que habían matado y delincuentes comunes. Al día siguiente el Congreso debatía la Ley de Amnistía. Los que tenían las manos manchadas de sangre estaban en los palcos de las dos cámaras legislativas. También se derogaba le legislación que posibilitaba enfrentar el terrorismo, en el marco de la ley.
Lo que nadie sabía ni imaginaba, es que en la misma noche del 25 de mayo, en Madrid, el general Perón decidió el fin de la presidencia de Cámpora y resolvió, a pesar de sus problemas de salud, que conocía, poner en marcha los resortes institucionales para volver al poder.
En los primeros días de marzo de 1976 el presidente del bloque justicialista de la Sala de Representantes, de la Ciudad de Buenos Aires, le decía a quien esto escribe: “No sé qué esperan para echarnos, no merecemos volver nunca”. ¿Que sucedió para que en menos de tres años, las Fuerzas Armadas pasaran del escarnio al poder, parafraseando un título de Rosendo Fraga?
Son varios los factores que nos llevaron a la tragedia de los setenta que debemos sintetizar, para no alargar demasiado esta nota. Una larga tradición golpista, que enfrentaron estadistas como Roca y Pellegrini, que decían que ningún gobierno, por malo que fuera, justificaba su derrocamiento por la fuerza.
La influencia del nacionalismo, que desde el discurso de Leopoldo Lugones, en el aniversario del centenario de la batalla de Ayacucho, proclamó la hora de la espada. El fascismo influyó en numerosos sectores que descreyeron de la democracia e influyeron en los golpes de 1930 y en el de 1943.
Esas corrientes fascistoides reaparecen en 1966 detrás de Onganía, con el respaldo de sindicalistas peronistas que despreciaban la democracia. Muchos de integrantes de la guerrilla de los setenta vienen de organizaciones nacionalistas, como Tacuara, y de colaboradores de ese régimen militar que admiraba el franquismo.
Por eso, sin desconocer la influencia castrista, ampliamente demostrada con documentación contundente, en sus libros por Juan Bautista Yofre, en la subversión en la región, no debemos pasar por alto la participación en los grupos antidemocráticos que se armaron contra las instituciones democráticas de jóvenes egresados de los liceos militares o de universidades católicas.
Desde principios del siglo pasado el clero argentino militó contra las instituciones liberales, ignorando incluso pronunciamientos papales como el discurso de Navidad de 1944, de Pío XII, de abierto apoyo a la democracia. Se influyó en los cuadros militares para que conspiraran contra la tradición republicana argentina.
Entre el derrocamiento de Perón en 1955 y 1973 el país vivió con gobiernos electivos débiles como el de Frondizi y el de Arturo Illia, que llegaban al poder merced a la proscripción del peronismo.
Hubo una incapacidad de la política para resolver esa encrucijada, que limitaba la legitimidad del sistema político argentino. Por decreto no se podía borrar una expresión política que representaba a vastos sectores populares.
El general Perón advirtió que su retorno, que lo obsesionaba desde el primer día de su exilio, sólo era posible con un acuerdo con las otras fuerzas políticas, garantizando la democracia. Eso fue el acuerdo Perón- Balbín.
Eso no fue acompañado por los sectores juveniles, formados en ideologías totalitarias, sean fascistas o comunistas. Unos querían un Franco, otros un Castro.
En 1974 fallece Perón. El país queda presidido por su viuda sin ningún antecedente que la capacitara para el cargo, postulada en un congreso partidario de adulones e irresponsables.
A principios de ese año, luego de un ataque terrorista a una unidad militar, el presidente Perón promueve el desplazamiento del gobernador de Buenos Aires, Oscar Bidegain, con un pasado de simpatías nazis. Asume el vicegobernador.
En Mendoza, el gobernador Martínez Baca, acusado de nexos con la guerrilla y de hechos de corrupción, es destituido en un juicio político promovido por legisladores demócratas y apoyado por el peronismo. La destitución se concreta poco después de la muerte del general Perón. A diferencia de lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires, no se respeta la autonomía de la provincia, que es intervenida.
La dirigencia política de la provincia demostró que respetando las instituciones se podían enfrentar situaciones críticas como las amenazas contra la Constitución, las leyes, la convivencia civilizada y la libertad que los grupos armados hacían en una escalada de violencia y muerte. Por otro lado, sectores del gobierno promovían la lucha clandestina con la formación de la Triple A.
Un año antes del golpe, entre la violencia creciente, el descalabro económico, la ineptitud manifiesta del gobierno llevaron a algunos a la conspiración y a otros a una solución institucional con el desplazamiento de la presidente Isabel Martínez de Perón por las vías previstas en la Constitución y las leyes, como fue el caso mencionado de Mendoza.
No fue posible por la cobardía del senador Luder, el servilismo y genuflexión de integrantes del oficialismo, la negativa del radicalismo, que se limitó a decir “que no tenía soluciones”, en palabras de Ricardo Balbín.
También la guerrilla quería el golpe, a pesar de la derrota electoral que tuvieron en Misiones, en el único comicio en que participaron, se atribuían la representación popular.
Hay muchas visiones sobre la peor década del siglo XX, esta es una de ellas y pretende una reflexión sobre las consecuencias de apartarse de las instituciones y buscar salidas violentas y de las responsabilidades de políticos, incapaces de sobreponerse sobre pequeñeces y personalismos ineptos.