La palabra ajuste, que el kirchnerismo ha sacado de su vocabulario como lo hizo antes con la inflación o la inseguridad, es la que define el derrotero que forzosamente ha tomado la administración de Cristina Fernández bajo la imperiosa necesidad de ordenar el desbarajuste fiscal que tienen la Nación y el grueso de las provincias y ver si se puede retornar a la senda del crecimiento económico con inclusión social de la que el país se fue alejando por la mala praxis del propio Gobierno (en 2013 el PBI creció más que en 2012 pero continuaron los problemas en la creación de empleo; el ingreso promedio de los 17 millones de trabajadores no superó los 4.100 pesos).
Este ajuste tiene como una de sus caras el acuerdo de precios -voluntario- que debuta hoy en las góndolas de los supermercados del Gran Buenos Aires. Los sindicalistas, K y no K, desconfían de la medida. En primer lugar, porque las experiencias anteriores que coordinó el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fueron un rotundo fracaso.
En segundo lugar, porque creen que se trata de una trampa puesta al inicio de la discusión paritaria para intentar fijar que la pauta salarial no supere el 20%, un número que es 60% inferior a lo que está en la mente de todas las centrales obreras ya que éstas estiman que la inflación de 2014 rondará el 35%.
Si la estrategia K es poner los aumentos salariales por debajo de la suba de precios y a su vez se continúa devaluando el peso a un ritmo de 40% anual, como sucedió en 2013, entonces el costo lo pagarán los trabajadores (todavía más los que están en negro y por ello no tienen paritarias).
La Presidenta, que advirtió a los industriales tras la derrota de agosto en las PASO que ella no estaba dispuesta a pagar los costos políticos de una devaluación a gran escala como la que piden algunas Cámaras, parece haber elegido el camino de la gradualidad tanto para ejecutar su plan de acción como para resguardarse de los costos políticos que éste conlleva.
Así, tras el cachetazo electoral, Cristina Fernández autorizó que se acelere el ritmo de devaluación, decretó aumentos de tarifas -con alto impacto inflacionario- y, ante la explosión de conflictos sociales como los que marcaron diciembre, se confinó en el silencio.
El economista de izquierda, Claudio Lozano, que preside el bloque Unidad Popular en la Cámara baja, sostiene que "es obvio que esta recomposición de precios se hace a expensas de los salarios, las jubilaciones y los planes sociales configurando, junto a la evolución del precio de los combustibles (que subieron entre el 6 y el 10 por ciento en estas últimas horas) y de la tarifa de colectivo (que en Capital Federal subió un 66%), un ajuste expreso sobre el poder adquisitivo de la mayor parte de la población.
Lo único que está faltando para denunciar un vuelco absoluto a la ortodoxia por parte del oficialismo sería la fijación de una tasa de interés positiva (es decir superior al nivel de precios aunque, hay que decirlo, ésta también ha subido de manera significativa)".
Lozano coincide en algo con el ministro de Economía, Axel Kicillof, en que durante la década K los empresarios tuvieron grandes rentas e invirtieron poco: "Es el déficit en materia de inversión en el marco de una estrategia de remarcación de precios y fuga de capitales lo que explica el fin de la fase expansiva de la economía argentina", dice el hombre proveniente de la CTA combativa.
Sin embargo, la izquierda denuncia que la salida encarada por el Gobierno es una redistribución regresiva del ingreso. "El debate de fondo es qué papel cumple la regulación pública a la hora de orientar el excedente y promover el cambio productivo", cierra Lozano.
En la fallida regulación de la puja redistributiva radica el principal error del gobierno de turno a lo largo de estos diez años y medio. Sencillamente no quiso combatir la inflación, a la que se llegó a considerar "sana" porque se la observaba como una señal de prosperidad económica (había mucha más gente con plata en el bolsillo queriendo comprar productos escasos) y a la que utilizó como motor de los récords de la recaudación que permitieron al kirchnerismo tener una caja fornida, herramienta indispensable para construir el sistema político de centralismo absoluto que caracteriza esta última década. Esta negación de la inflación y la incapacidad del Estado de intervenir positivamente en las cadenas de valor de los principales rubros de la economía provocaron que al final de una década las grandes rentas sigan en las mismas manos de siempre y que la distancia entre los que ganan más y los que menos ganan sea de diez a uno.
La otra decisión que tomó el Gobierno, a contrapelo de su discurso de desendeudamiento, es buscar financiamiento internacional para frenar así la salida de reservas del Banco Central, que en 2013 perdió más de 1.000 millones de dólares por mes. Hasta ahora no ha logrado el cometido pero está despejando el camino: arregló con Repsol, pagó a empresas que reclamaban ante el Ciadi; propuso a los bonistas que litigan en Nueva York que entren al canje que ya rechazaron en dos oportunidades e hizo una oferta a los acreedores nucleados en el "Club de París".
En el oficialismo creen que sólo si llegan dólares, básicamente para proyectos de inversión de gran envergadura, se podrá contrarrestar la salida de divisas que demanda la importación de energía. Sólo en 2014 se estima que saldrán del Tesoro más de 15.000 millones de dólares para costear combustibles que hasta 2010 la Argentina no necesitaba comprar afuera pero que ahora debe hacerlo porque ninguna de las empresas que explotan el suelo argentino invirtió lo suficiente para reponer la extracción -excusándose en que el Gobierno no autorizaba suba de precios de las naftas- y debido a que el propio kirchnerismo hizo la vista gorda.
Esta falta de control estatal sobre la inversión explica también los cortes de luz que sufren miles de hogares argentinos desde hace dos semanas o que los subsidios a los trenes urbanos se hayan licuado al punto de provocar tragedias evitables, como la de la estación de Once.
Ahora bien, esta política de ajuste que está llevando adelante el kirchnerismo convive con una delicada situación social. El Gobierno nacional decidió convertirse en una suerte de FMI de las Provincias para obligar al ordenamiento de las cuentas públicas y alejar el fantasma de las cuasimonedas. A cambio, ofrece un refinanciamiento de las deudas que 18 de los 24 distritos mantienen con la Nación.
Ahora bien, la conflictividad social que estalló en diciembre fue producto de un reclamo salarial de efectivos policiales que surgió en Córdoba y se propagó a todo el país, y que sólo fue aplacado con aumentos a los uniformados que agregaron unos 15.000 millones de pesos al conjunto de gastos de las provincias en un contexto donde la mayoría de ellas tienen sus cuentas desequilibradas (Mendoza arrastra déficit desde 2008).
De ahí la advertencia de algunos dirigentes oficialistas como el rionegrino Miguel Pichetto, quien salió a pedir al Gobierno nacional que recupere el control de la calle y que redefina su política en materia de seguridad.
El emblemático senador oficialista, que supo ser antes menemista y duhaldista, observa algo que muchos otros dirigentes kirchneristas prevén con temor: que si el Estado no se apodera de nuevo de la calle -como lo hizo en 2003 al incluir en el Gobierno a gran parte de los movimientos sociales- antes de que el ajuste de características ortodoxas que está llevando adelante se agudice, podría haber entonces un fuerte estallido social.
La imagen ya no sería la de los sectores más pudientes reclamando en las principales urbes del país por la pérdida de privilegios o por conceptos "abstractos" para el kirchnerismo, como la división de poderes, sino la de los sectores más necesitados tomando el espacio público para poner en jaque la legitimidad de un gobierno que llegó con la promesa de redistribuir el ingreso progresistamente pero que al final de su mandato está realizando exactamente lo contrario.
