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Esto no es precisamente lo que escuchamos cuando algunas voces de nuestra industria, preocupadas por la situación de miles de pequeños viñateros y bodegueros trasladistas, formulan propuestas inspiradas en viejas recetas, como si se empecinaran en avizorar un futuro venturoso mirándolo con los ojos del pasado. Es como buscar un pasaporte al futuro hurgando en el baúl de los recuerdos.
¿Tan rápido nos hemos olvidado de los errores pasados de la política sectorial como para correr el riesgo de volver a incurrir en ellos en lugar de capitalizarlos y corregirlos? ¿Ha pasado tanto tiempo desde la privatización de GIOL y su traspaso al sector cooperativo como para no recordar que fue una de las más acertadas e inteligentes decisiones del Estado provincial; que por sí sola marcó un antes y un después en el desarrollo de la industria vitivinícola y especialmente en el bienestar socioeconómico de los productores?
Varios de los reclamos que venimos escuchando en las últimas semanas giran en torno de la misma idea: para que el productor recupere la rentabilidad perdida y se logre una mejora significativa en los precios, es necesario fijar por Ley el precio del vino de traslado, y en el futuro de la uva, como un valor porcentual del precio de góndola al consumidor.
¿Quién podría estar en desacuerdo con tan justo y loable objetivo? Pero ¿se ha analizado la viabilidad y la efectividad de dicha propuesta para alcanzarlo? ¿Está tan agobiado el sector que ha perdido su capacidad de respuesta y en lugar de proponer soluciones que atiendan a la coyuntura sin perder de vista el mediano y largo plazo, se limita a reclamar la asistencia de un Estado benefactor para que, con recursos propios o endeudándose si fuera necesario, compre el excedente de 300 millones de litros de vino en poder del sector privado?
En cuanto a la propuesta específica de tomar deuda pública para la colocación de un bono con garantía en vino como instrumento financiero, ¿quién podrá interesarse en la compra de excedentes que sólo cambiarán de manos, si esos mismos excedentes son los que deprimen los precios del mercado?
Quienes inviertan en tales bonos, ¿dónde y a quiénes venderán en el futuro el vino en el que han invertido, si el mercado continúa sobreabastecido? Sin duda, esos frustrados inversores cargarán oportunamente contra el Estado presionando para que rescate tales bonos.
Otra vez el Estado benefactor tendrá que salir en auxilio de quienes acompañaron o especularon con una errónea política sectorial alimentando así un círculo vicioso que agudizará la crisis actual e impactará con más fuerza sobre los que menos tienen.
Si este mecanismo perverso sólo consigue posponer el problema que causan los stocks sobre los precios, ¿no es más sencillo y sensato financiar con tasa subsidiada a los pequeños viñateros que elaboraron a maquila y a las bodegas trasladistas para que retengan stocks, pidiéndoseles a cambio que implementen medidas de mediano plazo orientadas al logro de un mayor equilibrio entre oferta y demanda? En la próxima campaña ¿volverán a oírse las mismas voces reclamando asistencia por los nuevos excedentes?
Otra pregunta obligada es: ¿hemos aprendido correctamente las lecciones del pasado en cuanto a que independientemente de cuál sea el instrumento que se utilice, un esquema de precio sostén basado en el costo del productor marginal, indefectiblemente va a resultar contraproducente tanto para el gobierno, en su legítimo interés por lograr la inclusión social, como para el pequeño viñatero al que se lo perpetuará en la marginación y la pobreza? ¡Irónicamente tales mecanismos de intervención solamente generarán una renta económica extraordinaria a favor de la empresa integrada por tener menores costos en cada uno de los eslabones de la cadena!
Aun a riesgo de ser reiterativo con lo apuntado en notas anteriores, el problema que nos ocupa tiene que ver fundamentalmente con la estructura del mercado vitivinícola y con el mecanismo de formación de los precios tanto en el mercado de insumos y servicios, como en el de la uva y del vino de traslado; y con las asimetrías de fuerzas que intervienen en la negociación de los precios y sus implicancias en la equidad distributiva entre los distintos eslabones de la cadena de valor.
La solución de fondo a dichos problemas deberá buscarse por la vía institucional. De no contar con una adecuada institucionalidad, lo único que consiguen los Planes Estratégicos Sectoriales (como por ejemplo, el PEVI 2020) es que el conflicto de intereses que el mercado no puede resolver por la falta de condiciones de competencia perfecta, se traslade al seno de los órganos de aplicación (Coviar).
Una política vitivinícola de mediano plazo no requiere necesariamente imponer medidas compulsivas como el bloqueo de excedentes o la prohibición de nuevas plantaciones de viñedos. La teoría de las Finanzas Públicas nos asiste en la tarea de definir dónde, cuándo y cómo debe intervenir el Estado para superar las fallas del mercado.
En este marco propongo implementar un autobloqueo voluntario para que quienes adhieran a él no malvendan su vino, recibiendo a cambio un préstamo con tasa subsidiada (que puede llegar a cero si se trata de un pequeño viñatero excluido del circuito comercial).
Dichos productores se comprometerán simultáneamente a destinar parte del subsidio a la realización de inversiones en su viñedo, como por ejemplo un recambio varietal, aumentar la densidad de plantación o hacer un manejo tecnológico del cultivo acorde con la zona de producción y el destino de la uva para el abastecimiento de una demanda cierta y más diversificada.
Así, en un plazo de tres o cuatro años no sólo alcanzará una mayor productividad y rentabilidad en su explotación sino que también contribuirá a incrementar la competitividad del sector.
Sencillamente quien bloquea, por ejemplo, 20.000 litros de sus tenencias de vino, accede a un financiamiento promocional equivalente al valor del producto y otro monto igual a manera de subsidio para reconvertir parte de su viñedo comprometiéndose a reducir la producción de la próxima cosecha en ese mismo volumen, como consecuencia de los cambios estructurales mencionados.
En la medida en que más productores vayan adhiriendo al Programa se comenzará a percibir un impacto sobre el total del stock acumulado, el que se irá revalorizando e impactando favorablemente en el precio del mercado de traslado.
Queda en claro que la propuesta está dirigida a la revalorización del stock vínico (un activo tangible) y difiere sustantivamente de aquellas otras que proponen que el Estado retire del mercado el excedente para su posterior destilación o desnaturalización (destrucción de un bien de capital).
Para alcanzar su máximo impacto, la presente propuesta debe ir acompañada de las siguientes medidas complementarias:
1) Realizar un inventario volumétrico y cualitativo de la totalidad de las existencias de vinos en bodega y proceder al decomiso y destilación de aquellos que no cumplan con los requisitos para su comercialización en el mercado interno.
2) Promover la exportación de vinos a granel, con lo cual no sólo se aliviaría la actual crisis causada por el deterioro de los precios del mercado de traslado sino que además se invertiría en el desarrollo y sostenimiento a mayor escala de otro negocio para el sector, que requiere repensar todo el proceso productivo y de logística comercial desde el viñedo hasta el puerto del país de destino.
Esta medida permitiría movilizar excedentes de vinos básicos de calidad y contribuiría al desarrollo futuro de un negocio de gran potencial en términos de volumen, y en el cual existen las mayores posibilidades de lograr una efectiva sinergia entre el Estado y el sector privado, en materia de fletes ferroviarios y de promoción comercial como por ejemplo el recupero del mercado de Rusia.
3) En base a los resultados logrados mediante la aplicación de la medida anterior, negociar con el Gobierno nacional la reducción de la alícuota de las retenciones a la exportación de vinos en general en un 1% por cada 100 millones de litros que se coloquen en el mercado externo. Por esta vía se podría lograr una significativa mejora en la carga fiscal asociada al pago de retenciones.
4) La implementación de un plan de reconversión a más largo plazo generaría oportunidades ciertas de inversión como para atraer nuevos capitales de riesgo al sector. Como parte de este plan, será necesario redefinir zonas de producción en función del destino de la uva, seleccionar variedades y/o clones y su correspondiente marco de plantación, para que la competitividad del producto y la rentabilidad del productor se sustente en la mayor productividad del viñedo.
Esta segunda reconversión nos proyecta a un futuro escenario de mayor competitividad no sólo para el vino a granel sino también para todos los productos vitivinícolas destinados tanto al mercado interno como a la exportación.
5) En el caso del mosto concentrado, el aumento de competitividad internacional, deberá arrancar con la incorporación de un paquete tecnológico al viñedo, seguida de un adecuado manejo del mismo como para permitir la maximización de la cantidad de kilos de azúcar por hectárea.
6) En materia de uvas de mesa, existe la imperiosa necesidad de fortalecer el abastecimiento del mercado interno, para lo cual se requieren medidas de promoción del consumo a nivel nacional. Simultáneamente se debe encarar un programa de reconversión varietal y medidas fitosanitarias para acceder competitivamente al mercado externo.
7) Lo mismo sucede con la producción de pasas, en la que se está experimentando innovar en el proceso de secado manteniendo el racimo colgado del parral, lo que hace más viable la cosecha mecánica y reduce considerablemente el costo de producción.