En los próximos días se reunirán los Gobernadores de Mendoza y San Juan para firmar el Acuerdo que establece la Ley 6.216, que determinará el porcentaje de diversificación 2018. Éste intentará "encontrar el equilibrio" en las existencias vínicas, necesarias para que el precio de la uva y el vino sean rentables y razonables.
Ahora bien, de acuerdo a las estimaciones de cosecha, este año será de un 15% promedio más que en 2017, pero aún así estaremos por debajo del promedio de la década, que alcanza 24,6 millones de quintales según el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
En lo que va del año, ya algunas variedades de uvas tienen el mismo valor del año pasado y otras, precios más bajos aún. Si tomamos en cuenta el aumento de los costos de producción y la inflación, todos los productores tendrán una rentabilidad insignificante o casi nula.
Con este escenario, en el que esperamos una mejor cosecha, con el consecuente aumento de las existencias, a la que se suma la importación de vinos, obviamente el viñatero recibirá ofertas mucho más bajas, y la crisis del sector no se hará esperar.
Desde octubre de 2016, todo 2017 y hasta hoy, siguen ingresando vinos importados y no sólo tinto genérico sino también vinos blancos finos, con lo cual ya tenemos que sumar al mercado interno cerca de 90 millones de litros de vinos importados.
Me pregunto:
¿Es justo que mientras un pequeño o mediano productor tenga que hacer un porcentaje de mosto, por imposición de un Acuerdo, para "eliminar existencias del mercado interno", otros grandes bodegueros importen vinos aumentando el stock del mercado interno y contribuyendo ellos a generar el excedente en las existencias?
¿Es justo, que mientras los productores diversifican y destinan uvas a mosto, los grandes del sector importan vinos de un país como el de Chile que permite agregar al vino un 7 % de agua, lo que en Argentina está prohibido?
¿Es justo que los mismos que importan reciban del Fondo Vitivinícola de Mendoza beneficios por exportación y no diversifiquen?
En la Cámara de Diputados el año pasado se dio media sanción por unanimidad a un proyecto de ley que establece que aquél que importe vinos, debe hacer mosto por el mismo volumen que trajo al país y de esta manera no romper el equilibrio existente. Lamentablemente continúa sin tratamiento en la Cámara de Senadores y siguen ingresando vinos importados.
No es verdad que se importó porque faltaba vino, aun con una cosecha mala como la del año pasado. Lo real es que nunca se tuvo en cuenta, en el cálculo de existencias, los cortes de vino blanco a tinto que representan más de dos meses de despacho anual.
Se importó y se sigue importando con la firme intención de crear excedentes, bajar los precios internos del vino y, cuando tengamos una cosecha mejor, como la actual, generar mayor oferta en el mercado, ponerse de acuerdo entre pocos compradores y terminar pagando precios viles al productor.
Ahora pregunto a los de siempre, a los que manejan la vitivinicultura, a los que "dicen" estar preocupados por los productores, a los que "elitizaron" el consumo de vino, a los que afirman que no hay crisis, a los que exportan mucho sólo cuando pagan poco, a los que cuando aumenta el precio del vino de traslado a niveles razonables, importan y elevan el valor interno del vino fraccionado a precios inalcanzables:
Si seguimos con una estimación de cosecha por debajo del promedio de la década, si continúa la importación de vinos de Chile, debido a un "supuesto faltante en el mercado interno" ¿por qué el productor tiene que diversificar y hacer mosto u otros derivados?
La vendimia 2018 ya está comenzando. Ojalá el tan mentado "Acuerdo", refleje la real situación de la vitivinicultura de Mendoza, y no llegue tarde, con soluciones ilusorias y volcando todo el peso de la balanza a los pequeños productores. Porque como en todas las crisis, los mismos de siempre y que además importan vinos, pedirán al Estado "operativos de compra" para paliar la situación.
No es mucho el tiempo, pero todavía existe la oportunidad de aprovechar los escenarios de mercados externos, de generar políticas de cambio reales donde se imponga una verdadera equidad y no sea el pequeño y mediano productor el único que debe obligadamente diversificar o, en ulterior instancia, estar a merced de que el Estado lo asista con algún programa.