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El país está al borde la bancarrota. Una ola de asesinatos con motivaciones políticas y misteriosos suicidios de ex funcionarios del gobierno ha sembrado miedo en la capital. Pugnas internas empezaron a fragmentar a la coalición mayoritaria en pro de Europa en el Parlamento. Además, persiste una constante amenaza de guerra a lo largo de la frontera con Rusia.
Un año después de la elección de Petro O. Poroshenko como presidente para reemplazar al expulsado Víctor F. Yanukovich, y seis meses después de la juramentación de una nueva Legislatura, Ucrania sigue profundamente empantanada en el caos político y económico.
Los esfuerzos por forjar un arreglo político entre el gobierno de Kiev y separatistas respaldados por Rusia que controlan buena parte de las regiones orientales de Donetsk y Luhansk han caído en un atolladero a causa de disputas procesales, pese a un cese al fuego en febrero en el que se pidió la descentralización del poder y mayor autonomía local como los ejes de un acuerdo a largo plazo.
La economía destrozada aún se encoge, en tanto el PBI se desplomó 17,6% en el primer trimestre de 2015. Con la esperanza de evitar un default, prominentes oficiales han estado en prolongadas negociaciones con acreedores, pero no han logrado asegurar un trato hasta ahora.
Los funcionarios también temen ahora abiertamente que más de 40 mil millones de dólares prometidos por el Fondo Monetario Internacional y aliados, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, no será suficiente para mantener a flote al país.
Quizá para mayor decepción de los manifestantes que tomaron el centro de Kiev el año pasado, el nuevo gobierno encabezado por Poroshenko y el Primer Ministro Arseniy P. Yatsenyuk hasta ahora no ha logrado cumplir las promesas de acabar de raíz con la corrupción endémica. Más bien, se ha enredado en nuevos alegatos de conducta indebida y acusaciones de ajustes de cuentas de corte político.
El Parlamento, en el que partidos a favor de Europa controlan una descomunal mayoría, votó el mes pasado para crear un comité especial para que investigue acusaciones en el sentido que Yatsenyuk, agradable orador inglés admirado en Occidente, y su Gabinete han presidido sobre la malversación de más de 325 millones de dólares del estado.
El gobierno y sus partidarios niegan cualquier fechoría y dicen que este ha ido más lejos que cualquiera de sus predecesores para tratar de sacudirse el legado postsoviético de Ucrania de malos manejos y actividad ilícita. Ellos destacan que el Parlamento ha adoptado una variedad de iniciativas de reforma, notablemente una reorganización de la industria del gas, notoriamente deshonesta, y la instalación de una nueva dirigencia en el banco nacional.
La persistente desorganización se está volviendo fuente de fricción entre el gobierno ucraniano y sus aliados europeos, particularmente Alemania y Francia, cuyos líderes contribuyeron a mediar el cese al fuego y están cada vez más frustrados por el lento paso del cambio.
Sumándose al tumulto, Poroshenko declaró hace poco una dura aplicación de medidas en contra de los empresarios más ricos y poderosos del país, conocidos como oligarcas, con miras a reducir su influencia y recuperar el respaldo popular. Sin embargo, el embate genera el riesgo de echarse de enemigos a los mayores empleadores del país, quienes han apoyado al gobierno hasta ahora.
Para Kiev no hay mayor problema, ni mayor prueba, que la lucha, hasta ahora fútil, en contra de la corrupción. Incluso oficiales a la vanguardia del esfuerzo dicen que, en su mayoría, prácticamente no se ha logrado nada hasta ahora.
Una de las promesas principales que surgió de la revolución del Maidan fue una nueva dependencia de combate a la corrupción, que se prevé dé empleo a 700 oficiales de la ley. El 16 de abril, tras largas demoras, Poroshenko seleccionó finalmente al primer director de la dependencia, Artem Sytnyk, alguna vez fiscal de la ciudad de Kiev.
Debido a las demoras, el gobierno ha sido incapaz de cumplir promesas de una expedita restitución. Más notablemente, no ha logrado recuperar uno solo de los miles de millones de dólares que, se cree, fueron robados por el ex presidente, Yanukovich, su familia y sus socios más allegados.
Tampoco han sido arrestados Yanukovich o alguno de los altos oficiales que huyeron con él, muchos de los cuales están en Rusia ahora. Investigaciones de corrupción en contra de otros ex oficiales y ejecutivos de empresas paraestatales se han estancado en su mayoría.
Muchos de los manifestantes de Maidan que ahora están en puestos gubernamentales dicen que se sienten incómodos con Poroshenko y Yatsenyuk, quienes fueron oponentes de Yanukovich pero también viejos veteranos del sistema político de Ucrania que los manifestantes querían desmantelar.
Esta es una de las razones por la cuales hubo firme apoyo en el Parlamento para crear un comité especial de investigación sobre los alegatos de Nikolai Gordienko, el ex director de una dependencia estatal de inspección financiera, quien acusó al gobierno de Yatsenyuk de beneficiarse de una gran estratagema de malversación.
En gran medida, las frustraciones son de esperarse, dicen analistas. “Después de un año, todos están siempre decepcionados de cualquier levantamiento revolucionario, esa es una declaración del derecho de ciencia social”, dijo Michael A. McFaul, catedrático de la Universidad de Stanford y ex embajador estadounidense ante Rusia, quien es experto en revoluciones y visitó Kiev el mes pasado.
Boris Lozhkin, el jefe del estado mayor de Poroshenko, dijo que el presidente tenía cinco prioridades: “'desombración', desmonopolización, desoligarquización, desregulación y descentralización”, con desombración refiriéndose a llevar nueva transparencia a la economía y el gobierno. “Debe cesar la oligarquía como una base de la vida política y económica del país”, dijo Lozhkin.
Sin embargo, el enfrentamiento solo se ha sumado a una sensación de temor en Ucrania, particularmente entre figuras empresariales y funcionarios que tuvieron vínculos con el gobierno de Yanukovich.
Cuando menos seis de esos oficiales han muerto este año en lo que al parecer fueron suicidios, en tanto un séptimo, Oleg Kalashnikov, ex integrante del Parlamento por el partido de las Regiones de Yanukovich, fue baleado y muerto en su hogar de Kiev el mes pasado. La fiscalía abrió investigaciones, pero dice que no cree que los asesinatos y los suicidios estén relacionados.
