En lo que va del año, al menos 63 personas en situación de calle fallecieron en distintas regiones del país, 13 de ellas en la Ciudad de Buenos Aires, según un relevamiento conjunto del CELS, la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y el grupo Sociabilidad en los Márgenes de la Facultad de Psicología de la UBA. El informe advierte sobre el deterioro de las políticas públicas y expone una realidad marcada por el abandono, la violencia institucional y el vaciamiento de los dispositivos de asistencia.
Luna Miguens, directora del equipo de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, señaló que las muertes registradas permiten dimensionar el colapso del sistema habitacional y la ausencia de medidas estructurales. En diálogo con Noticias Argentinas, sostuvo que “en los últimos dos años, hemos visto una política de abordaje con un tinte punitivo, estigmatizante y discriminativo”, y criticó el uso de discursos oficiales que asocian la pobreza con el desorden. En particular, cuestionó publicaciones del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en las que muestra operativos de desalojo en el marco de políticas de “orden y limpieza”.
Indigente con su perro en la calle
En lo que va del año, al menos 63 personas en situación de calle fallecieron en distintas regiones del país
Imagen ilustrativa
La violencia estatal contra las personas sin techo creció de manera alarmante, según cifras del Ministerio Público de la Defensa porteño. Entre 2024 y 2025, las denuncias por maltrato institucional aumentaron un 128%, un dato que el CELS corroboró en entrevistas con parte de las 11.892 personas censadas en CABA. “Los echan, les roban sus pertenencias, son perseguidos y hostigados”, detalló Miguens, quien alertó sobre una narrativa oficial que invisibiliza el sufrimiento y promueve la expulsión sistemática de los espacios públicos.
Pese a un aumento presupuestario destinado a paradores, las organizaciones denuncian que el enfoque sigue siendo limitado y muchas veces violento. Los dispositivos que brindan camas, duchas y comida no logran contener la demanda ni garantizar condiciones dignas. “No deja de ser un abordaje muy superficial”, explicó Miguens, al referirse a los malos tratos, el hacinamiento y la constante expulsión de personas de esos espacios. El resultado, aseguran, es que muchas personas prefieren dormir en la calle antes que ser maltratadas en los refugios.
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La violencia estatal contra las personas sin techo creció de manera alarmante, según cifras del Ministerio Público de la Defensa porteño.
El escenario se agrava con las recientes decisiones del Gobierno nacional. Mediante el decreto 373/2025, publicado el 30 de mayo, se declinó la responsabilidad del Estado sobre la Ley Nacional de Personas en Situación de Calle y se transfirió a las provincias la gestión del problema. “En vez de fortalecer el acceso a servicios esenciales, el Gobierno decidió subsidiar según las situaciones planteadas por cada gobernación”, explicó el CELS, que interpreta la medida como un retroceso en la construcción de una política federal integral.
A la vez, se eliminó la estructura institucional que se encargaba de la atención directa y se desmantelaron organismos públicos claves. Entre ellos, el Fondo de Integración Sociourbana, que financiaba obras para mejorar barrios populares, está bajo amenaza de cierre. “Estamos en litigio para que no se cierre ni se desfinancie”, confirmaron desde el CELS. En paralelo, en la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto del Instituto de la Vivienda se redujo un 28%, lo que impacta directamente sobre quienes esperan soluciones habitacionales.
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Pese a un aumento presupuestario destinado a paradores, las organizaciones denuncian que el enfoque sigue siendo limitado y muchas veces violento.
El aumento de personas viviendo en la calle debe leerse en un contexto de retraimiento deliberado del Estado. No se trata solo de falta de recursos sino de una decisión política de desarticular herramientas públicas que garantizaban mínimos de protección social. La estigmatización, la criminalización de la pobreza y la expulsión de los espacios comunes son parte de una lógica que avanza sin ofrecer alternativas reales ni sostenidas.
Las organizaciones exigen una respuesta urgente y denuncian que las muertes no son producto de una casualidad climática ni de una situación individual, sino la consecuencia directa de decisiones estatales. Sin políticas de vivienda, sin acceso a salud, sin refugios adecuados ni asistencia constante, las personas en situación de calle quedan libradas a su suerte, en condiciones cada vez más extremas.
