El informe considera variables que hacen al bienestar y derechos básicos: 3 de cada 10 argentinos con carencias en empleo, acceso a salud y educación
Mientras el Indec contabiliza menos personas pobres, la UCA advierte: "La pobreza monetaria cayó, pero las privaciones sociales persisten"
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¿Hay menos personas pobres? La discusión actual parece encerrada en una paradoja difícil de digerir en Argentina. Por un lado, las planillas muestran una baja de la pobreza medida por ingresos; por el otro, la realidad cotidiana golpea con el deterioro invisible de las condiciones de vida más elementales.
Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), elaborado por los investigadores Juan Ignacio Bonfiglio y Julieta Vera, pone la lupa sobre esta dualidad: “Mayores privaciones sociales en una Argentina con menor pobreza monetaria”.
El documento advierte de manera contundente que la reducción de la pobreza por ingresos registrada entre 2024 y 2025 convive en una tensa realidad con el aumento de déficits en el acceso a derechos sociales básicos, como el empleo de calidad, el acceso a la salud y a una alimentación adecuada.
De acuerdo al análisis, pese a que los informes del Indec dan cuenta de un sostenido descenso de los niveles de pobreza, y hay que sumar otras mejoras de la macroeconomía, 3 de cada 10 argentinos tienen déficits en el plano del trabajo, del acceso a la salud y una educación adecuada.
En realidad, los autores han venido a ponerle números a algo que no falta en las conversaciones en la calle, como que se trabaja más, pero los ingresos no alcanzan y cuánto esto ha afectado las coberturas de salud, por ejemplo.
Para tener una mirada más abarcativa del escenario, los investigadores proponen un cambio de enfoque. “Desde distintas perspectivas se ha buscado contribuir al debate sobre cómo definir y medir el bienestar. La discusión sobre su carácter multidimensional ha adquirido una creciente centralidad, en tanto permite considerar el acceso directo a recursos, bienes, servicios, funcionamientos o capacidades que no se reducen al ingreso corriente”, plantean.
Por eso señalan que el uso de indicadores subjetivos también ha constituido un desarrollo relevante. El informe apunta directamente que “para comprender la situación social no alcanza con observar sólo los ingresos, sino también el acceso efectivo de los hogares a derechos y condiciones básicas de bienestar, en clave multidimensional”.
Para medir este bienestar de manera integral, la UCA evalúa seis dimensiones fundamentales de carencia:
Las conclusiones apuntan a que existe una brecha persistente entre la estabilización de los indicadores monetarios y la fragilidad de los recursos vitales. Crecen los hogares que no son pobres por ingresos, pero siguen afectados por privaciones sociales.
Entre 2017 y 2025, las privaciones aumentaron especialmente en dimensiones básicas para la reproducción cotidiana de las familias. Los investigadores concluyen que, en el escenario reciente, la mejora relativa observada en la tasa de pobreza por ingresos entre 2024 y 2025 no constituye evidencia de un cambio estructural. Por el contrario, sostienen que el descenso significativo de la pobreza monetaria tiende a sobrestimar la recuperación del bienestar general.
“La elevada proporción de hogares en condición de privaciones económicas y sociales debe reconocerse como un problema estructural de la Argentina. Las deudas sociales pendientes exceden la reducción de la pobreza monetaria”, sentencia el informe.
Los datos duros del relevamiento exponen el crecimiento de un sector de la población atrapado en una nueva vulnerabilidad: aquellos que logran superar la línea de la pobreza por ingresos gracias a la canasta básica total, pero siguen privados de derechos esenciales.
La pobreza por ingresos pasó de 35,2% en 2023 a 36% en 2024, para luego reducirse al 26,4% en 2025. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, la cantidad de personas con privaciones no monetarias fue en aumento sostenido. Quienes tienen al menos una carencia muestran una tendencia en ascenso constante: pasaron del 64,3% de la población en 2023, al 65,6% en 2024 y al 67,3% en 2025.
Asimismo, quienes padecen al menos dos carencias se incrementaron del 43,4% al 44,2% en el mismo lapso de tres años.
El grupo de "no pobres" pero con privaciones sociales escaló los últimos años. Pasaron de representar el 30,9% en 2020, al 31,8% en 2021; treparon al 32% en 2022, se mantuvieron en 31,9% en 2023, subieron a 33,3% en 2024 y pegaron un salto drástico hasta el 42,9% en 2025.
En tanto, el de los "no pobres" y sin carencias, un sector de la población con más bienestar, se redujo notablemente con los años. Pasó de 36,6% en 2017 a 35,3% en 2022 y 32,9% en 2023. Durante la gestión del actual gobierno se mantuvo estable, marcando 30,6% en 2024 y 30,7% en 2025.
Lo que muestra leves mejoras es el segmento más vulnerable, quienes sufren pobreza por ingresos y además suman tres carencias o más: al asumir el nuevo gobierno en 2023 estaba en 28,9%, subió levemente a 29,3% en 2024 y marcó un pequeño descenso en 2025 ubicándose en 28,2%.
Al desmenuzar las variables analizadas por la UCA, el diagnóstico es complejo: de seis dimensiones estudiadas, cinco registraron un aumento en la proporción de afectados en la comparativa histórica entre 2017 y 2025.
El mayor deterioro del período se dio en el plano laboral. En 2017, el 26,7% de la población sufría alguna carencia en el empleo; para 2025 ese número trepó al 33,1%, lo que representa una suba de 6,4 puntos porcentuales.
El segundo indicador con peor evolución fue la alimentación, que registró un incremento de 5,6 puntos porcentuales y hoy afecta de manera directa al 18,7% de los argentinos.
No obstante, la dimensión que hoy golpea a la mayor porción de la sociedad es el acceso adecuado a los servicios de salud. Aunque no fue la que más creció en términos relativos, sí es la más extendida: en 2025 el 34,3% de la población presentó alguna vulnerabilidad en la atención médica, tras sufrir un aumento de 5,1 puntos respecto a 2017.
La educación en tiempo y forma tampoco escapa a la tendencia general: roza los talones de las principales urgencias, afectando al 30% de los ciudadanos, con un crecimiento de 1,9 puntos porcentuales. Por su parte, la calidad de la vivienda se mantuvo casi estancada con una variación de apenas 0,4 puntos, afectando al 22% de la población.
El único alivio estadístico se observó en el acceso a los servicios básicos e infraestructura, que mostró una mejoría con una baja de 4,1 puntos porcentuales. A pesar de este retroceso en la carencia, la cifra sigue siendo significativa: el 28,7% de la gente aún vive con privaciones de saneamiento en 2025, un factor crítico que impacta de forma directa sobre las condiciones sanitarias generales.
El análisis de la UCA puede sopesarse con otros datos que reflejan el mismo escenario. Mientras se anuncia el descenso en las tasas de pobreza, el sistema de salud público recibe cada vez más usuarios, que han perdido cobertura o no pueden pagar los coseguros que les cobran sus prestadoras.
A fines de marzo, el ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, detalló que la demanda de los usuarios había aumentado 15% durante 2024 y se había estabilizado durante 2025. Sin embargo, este año, el Ministerio de Salud reconoce que el aumento en los primeros 4 meses ha sido del orden del 35% y que 50%, la mitad, son usuarios que cuentan con algún tipo de cobertura. En la cartera señalan que se trata de una proporción sin precedentes.
El crecimiento del empleo informal y de mala calidad es algo que también preocupa, no solo por el impacto para los mismos trabajadores, sino también en otros planos como el de la seguridad social.
En el país, 43% de los trabajadores tienen un empleo sin registrar, según el informe de Indicadores de Informalidad Laboral del Indec, correspondiente al cuarto trimestre de 2025. El fenómeno afecta más a jóvenes, mujeres y empleados de sectores de baja productividad. Esto involucra a más de 8 millones de trabajadores informales, entre asalariados no registrados, cuentapropistas precarios y changas.
En cuanto a la vivienda, en Mendoza 3 de cada 10 presentan algún tipo de déficit, ya sea por la calidad de los materiales de construcción o por la falta de acceso a servicios esenciales como gas o cloacas, tal cual refleja un informe de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones de Mendoza (DEIE).