A partir del 1 de julio de 2026, la provincia de Mendoza implementará un cambio profundo en su sistema de atención obstétrica. Según la nueva disposición del Ministerio de Salud, los nacimientos en hospitales y clínicas privadas dejarán de estar supeditados a la disponibilidad del médico de cabecera para pasar a ser asistidos por los equipos de guardia obstétrica de cada institución.
El objetivo central de este plan, diseñado en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es reducir de manera drástica la tasa de cesáreas, que en Mendoza excede con creces los estándares internacionales.
Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que estos procedimientos deberían oscilar entre el 10% y el 15%, las estadísticas locales muestran una realidad dispar: en el sector público representan el 42%, pero en las clínicas privadas la cifra se dispara al 78%, lo que implica que casi 8 de cada 10 bebés nacen por vía quirúrgica.
Incentivos y nuevas reglas de juego
La estrategia no solo modifica quién atiende el parto, sino también cómo se financia. El nuevo sistema fija un arancel único de $1.300.000 por nacimiento, con un esquema de pago diferencial diseñado para incentivar el parto vaginal sobre la intervención quirúrgica.
Además, se estableció una restricción clave: los médicos que realizaron el seguimiento del embarazo solo podrán participar del nacimiento si forman parte del staff de guardia del centro de salud al momento del parto.
Natalia Courtis, Directora de Maternidad e Infancia, señaló que el plan busca erradicar prácticas instaladas donde muchas mujeres terminan en cirugía sin una indicación médica clara, priorizando en cambio el parto fisiológico y seguro.
La medida ha generado una fuerte polarización en la comunidad médica y entre las pacientes. Desde el Círculo Médico de Mendoza cuestionaron la iniciativa, advirtiendo que se romperá el vínculo de confianza construido durante los nueve meses de gestación entre la paciente y su obstetra.
En contraste, la agrupación Obstetras Unidos de Mendoza respaldó el proyecto, coincidiendo en la urgencia de actuar frente al incremento desmedido de las cesáreas en la provincia.
Con este nuevo esquema, el Gobierno de Mendoza apuesta a un cambio cultural y profesional que garantice equipos completos de guardia las 24 horas y asegure el respeto a los derechos de la mujer durante el proceso de nacimiento.