Aunque aclararon que no realizan comentarios sobre litigios en curso, desde AstraZeneca destacaron que "los beneficios de la vacunación superan los riesgos de posibles efectos secundarios extremadamente raros".
Mendocino acusó a una vacuna contra Covid-19 de producirle tombosis y presentó una demanda millonaria: qué dijo el laboratorio. foto: Imagen ilustrativa
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En febrero, un empresario vitivinícola de 71 años (identificado con la inicial J.) presentó una demanda millonaria contra el Estado Argentino y contra el laboratorio AstraZeneca por daños y perjuicios al atribuirle a las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 de ese laboratorio la responsabilidad de la posterior generación de un cuadro de Trombosis Venosa Profunda (TVP).
La noticia fue confirmada esta semana por el abogado del demandante, Carlos Aguinaga, quien resaltó que se pide a ambos demandados un resarcimiento superior a los 150 millones de pesos.
"A raíz de la Trombosis, esta persona tuvo que dejar de viajar a las ferias y, en consecuencia, sufrió una considerable baja en las ventas. El perjuicio es considerable y está probado y detallado, por ello la demanda", destacó Aguinaga a Los Andes.
Tras conocerse esta novedad, desde el laboratorio AstraZeneca emitieron un comunicado en el cual destacaron que "los beneficios de la vacunación superan los riesgos de posibles efectos secundarios extremadamente raros".
Tras la publicación de la noticia referida a la demanda en Los Andes, el laboratorio envió su propio comunicado frente a esta situación.
"Desde AstraZeneca no realizamos comentarios sobre litigios en curso. Extendemos nuestra más profunda solidaridad con cualquier persona que haya perdido a un ser querido o haya informado problemas de salud. La seguridad del paciente es nuestra máxima prioridad y las autoridades reguladoras cuentan con estándares claros y estrictos para garantizar el uso seguro de todos los medicamentos, incluidas las vacunas", destacaron desde el laboratorio demandado.
"A partir del conjunto de pruebas obtenidas en ensayos clínicos y datos del mundo real, se ha demostrado continuamente que la vacuna AstraZeneca-Oxford tiene un perfil de seguridad aceptable y los reguladores afirman sistemáticamente que los beneficios de la vacunación superan los riesgos de posibles efectos secundarios extremadamente raros", agregaron.
"Según estimaciones independientes, se salvaron más de 6,5 millones de vidas mundialmente en el primer año de uso de la vacuna y se suministraron más de tres mil millones de dosis en todo el mundo, impactando positivamente en el control y manejo de la pandemia", concluyeron desde el laboratorio.
Aunque ya está jubilado, el empresario vitivinícola J. sigue trabajando con su empresa, tanto que hasta el 2023 viajaba a distintas Ferias de Vino en todo el mundo con la intención de promocionar y vender sus productos. Sin embargo, a partir de 2023 no pudo viajar más. No por una decisión propia, sino porque le diagnosticaron Trombosis Venosa Profunda (TVP), situación también le impidió poder volver a Italia a visitar a su familia.
Durante casi 67 años de su vida, J. jamás tuvo antecedentes ni indicios de Trombosis, y su historia clínica así lo confirma. Pero en septiembre de 2021, casi dos meses después de haberse aplicado dos dosis de la vacuna contra Covid-19 del laboratorio AstraZeneca, le diagnosticaron este cuadro a través de un ecodoppler. Y la TVP es uno de los efectos colaterales que el mismísimo laboratorio ha reconocido que pueden sufrir quienes se aplican sus componentes.
Por esto mismo es que en febrero de este año, J. presentó una demanda en la Justicia Federal contra AstraZeneca y contra el Estado Nacional haciéndolos responsables por daños y perjuicios ocasionados a raíz de la aparición de la Trombosis. Y reclama cerca de 152 millones de pesos.
"A raíz de la Trombosis, esta persona se encuentra en constante riesgo ante distintas situaciones físicas. Tampoco puede ir al odontólogo y, si se opera de urgencia, puede llegar a morir desangrado. De hecho, ya tuvo suspender una cirugía programada", agregó el abogado del demandante.
Según explicó Aguinaga, la demanda es contra el Estado Nacional y contra el laboratorio AstraZeneca. En cuanto a la responsabilidad estatal, el abogado destacó la función primordial del Estado es (o debería ser) prevenir y controlar las condiciones de seguridad a las que tienen derecho los consumidores de productos médico-sanitarios. De hecho, agregó que este deber de seguridad, inherente a la función estatal, tiene como fin asegurar que los productos que circulen en el mercado sean seguros para los pacientes y o consumidores.
"El control administrativo previo por parte del Estado constituye un factor esencial para la prevención del daño, y debe ser complementado por la farmacovigilancia posterior que permita detectar posibles efectos adversos o riesgos no identificados durante las etapas iniciales de distribución. Se debieron respetar y garantizar las normas vigentes sobre el consentimiento informado efectivo del paciente", sostuvo Aguinaga.
Respecto a la responsabilidad del laboratorio, el abogado destacó que la responsabilidad civil por productos defectuosos tiene su origen en la necesidad de regular con mayor rigurosidad los perjuicios masivos ocasionados, especialmente en el caso de productos médico - sanitarios, debido a su inherente potencialidad de riesgo.
"La responsabilidad del laboratorio es objetiva, pues se busca garantizar el resarcimiento integral de las víctimas, independientemente de la existencia de algún comportamiento intencional que provoque el daño. Se aplica la Ley de Defensa del Consumidor, y el laboratorio debe responder como propietario y explotador de la actividad económica, garantizando seguridad al paciente de que las vacunas comercializadas no ocasionen daño a los consumidores", se explayó el abogado del demandante.
Según Aguinaga, esta situación encuadra en lo que se conoce como “riesgos de desarrollo” y deben ser asumidos por el fabricante y no por la víctima. Y agregó que, en este caso, se aplica en el principio de "causalidad probabilística", que permite establecer la responsabilidad del fabricante siempre que exista un conjunto de indicios consistentes y suficientes para inferir una relación directa entre el producto y el daño.