El tiempo para personas gestantes es 45 veces mayor que el de personas no gestantes. La licencia por paternidad es el permiso más breve de Sudamérica.
Licencias laborales: la mitad de los trabajadores argentinos no accede a este derecho por nacimiento y hay una amplia brecha de género
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Mientras la tasa de natalidad en la Argentina se desploma —con un derrumbe del 49% en la fecundidad durante la última década— y el mercado laboral suma cada vez más mujeres, la manera en que el país organiza el cuidado de sus niños en sus primeros meses de vida sigue anclada en el siglo pasado (literal).
Un nuevo y revelador informe de CIPPEC pone la lupa sobre un sistema que deja al descubierto una brecha alarmante: hoy, 1 de cada 2 trabajadores argentinos no accede a ningún tipo de licencia por nacimiento y carece de tiempo protegido para cuidar a su bebé.
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la investigación “Lactancia en contexto: hacia un marco integral de políticas de cuidado”, desarrollada por el Programa de Protección Social de la entidad, advierte que el régimen actual de licencias familiares conserva la lógica de la Ley de Contrato de Trabajo sancionada hace 50 años. Concebido bajo la premisa de la maternidad como una "incapacidad temporaria", el diseño legal actual ignora las profundas transformaciones demográficas y sociales del país.
La radiografía de la inequidad, en particular entre los géneros, se vuelve contundente al mirar los números. En la actualidad, la licencia por paternidad fijada por ley para los trabajadores registrados es de apenas 2 días, lo que posiciona a la Argentina con el permiso paterno más breve de toda Sudamérica, destaca.
Paralelamente, cerca de la mitad de los trabajadores formales e informales, sumados a los cuentapropistas, quedan marginados de cualquier tipo de cobertura por nacimiento o adopción.
La falta de tiempo no es solo un dilema de agenda familiar: incide directamente sobre la posibilidad de iniciar y sostener la lactancia materna. Aunque la Argentina presenta indicadores iniciales alentadores —según la Encuesta Nacional de Lactancia Materna (ENaLac), 9 de cada 10 bebés reciben leche materna en sus primeros seis meses y un 53% lo hace de forma exclusiva, superando la media regional—, sostener la práctica se transforma en un reto cuesta arriba.
Con el correr de las semanas, entre los 2 y los 6 meses de vida, la lactancia exclusiva cae en forma drástica del 54% al 45%. Y la propia ENaLac apunta al tiempo de licencia disponible —tanto de la madre como del padre u otro cuidador secundario— como una de las variables clave para sostener la alimentación exclusiva.
“Discutir licencias en un contexto de baja de los nacimientos es discutir capital humano. El tiempo protegido en los primeros meses de vida es uno de los insumos clave del desarrollo: mejora las posibilidades de sostener la lactancia, fortalece el vínculo temprano y favorece el desarrollo infantil, con efectos que trascienden el mercado laboral y llegan a la productividad y la equidad de las próximas décadas”, puntualizó Manuel Mera, director de Protección Social de CIPPEC.
El relevamiento de CIPPEC indaga también en las respuestas del sector privado. Señala que diversas empresas ya despliegan iniciativas propias para acompañar a su personal: desde esquemas de horarios flexibles y teletrabajo, hasta licencias extendidas a las fijadas por ley, lactarios y convenios de cuidado infantil. Sin embargo, se trata de una red heterogénea que depende del tamaño y el sector de la compañía, por lo que no alcanza a resolver la brecha estructural.
Para el universo de trabajadoras informales y monotributistas, la respuesta estatal muestra un patrón descompensado. Si bien existen instrumentos que garantizan recursos como ingresos, alimentos y controles de salud durante la gestación y la crianza temprana, el sistema actual falla en lo esencial: no protege el tiempo efectivo para cuidar durante los primeros meses.
El desafío trasciende las paredes de los hogares. El informe concluye que frente a un panorama donde el cuidado de la primera infancia impacta directamente en el desarrollo humano y la equidad, el tiempo otorgado para criar deja de ser un beneficio corporativo o un mero descanso legal para convertirse en una inversión impostergable.
El trabajo analiza el régimen de licencias vigente y puntualiza tres problemas estructurales. En términos de cobertura, no es universal: cerca de la mitad de la población trabajadora queda fuera. Es normativamente heterogéneo, ya que los derechos cambian según el tipo de empleo y, en el empleo público, según la jurisdicción. Y mantiene un sesgo maternalista: las licencias para personas gestantes son hasta 45 veces más extensas que las de personas no gestantes.
Aún hoy, las madres gestantes del sector privado cuentan con una licencia de 90 días, mientras que los padres disponen de 2 días. La normativa, además, prácticamente no contempla situaciones como adopción, nacimientos múltiples, nacimientos prematuros, hijos/as con discapacidad o familias monoparentales.
Según el estudio, este diseño termina reforzando una división tradicional de roles que continúa depositando sobre las mujeres la mayor parte de las tareas de cuidado, con impacto sobre sus posibilidades de inserción, permanencia y desarrollo profesional.
Ante este diagnóstico, CIPPEC propone pensar el sistema de licencias alrededor de tres ejes: universalidad, corresponsabilidad y equidad. Uno de los aspectos centrales consiste en ampliar de manera progresiva las licencias para personas no gestantes, para promover una distribución más equilibrada de las responsabilidades de cuidado. El estudio desarrolla distintos escenarios de implementación, graduales y adaptados a diferentes capacidades y plazos.
El estudio también estima el costo fiscal de ambas alternativas. El régimen actual representa 0,07% del PBI; una reforma de mínima lo llevaría a 0,09% hacia 2033 y uno de máxima a 0,14%. A eso se suma un dato relevante para la discusión presupuestaria: por efecto de la caída sostenida de la natalidad, el gasto asociado a licencias por maternidad y paternidad se redujo 35% en términos reales en la última década, lo que abre espacio para mejorar cobertura y duración sin alterar de manera significativa la trayectoria del gasto. En conjunto, el trabajo concluye que ampliar el régimen es fiscalmente manejable en las dos alternativas.
El estudio incorpora, por último, un análisis de factibilidad política. A lo largo de las últimas dos décadas, bloques de distinto signo presentaron proyectos para actualizar el régimen: en 2023 se debatieron 54 iniciativas en la Cámara de Diputados y se firmaron tres dictámenes que coincidieron en la necesidad de actualizar el sistema, con diferencias en la extensión de los plazos, la gradualidad y los mecanismos de financiamiento. En la región, dos experiencias recientes muestran que una reforma gradual es viable: Uruguay amplió su licencia por paternidad en 2024 con aprobación unánime del Parlamento, y Brasil sancionó en 2026 una ampliación progresiva hasta 2029.
