Una organización presentó una denuncia ante la justicia federal contra empresas pesqueras internacionales que operan en el Mar Argentino con licencias otorgadas por autoridades británicas en las Islas Malvinas. Los abogados denuncian presunto contrabando, evasión del control aduanero y maniobras para evitar el pago de derechos de exportación.
Buque pesquero frente a las costas en Mar Argentino en Islas Malvinas.
Foto:
Juan Ignacio Roncoroni
Una denuncia por presunto contrabando pesquero fue presentada ante la justicia federal en lo Penal Económico contra empresas internacionales que desarrollan actividades en el Mar Argentino mediante permisos otorgados por autoridades británicas en las Islas Malvinas. La presentación sostiene que estas operaciones permitirían extraer recursos pesqueros argentinos sin someterse a los controles aduaneros nacionales.
La denuncia fue impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de reset republicano, quienes cuestionaron la validez de las licencias otorgadas desde las islas y señalaron que las compañías involucradas estarían evadiendo controles y obligaciones fiscales argentinas.
Según la presentación judicial, las conductas investigadas podrían encuadrarse en dos delitos: evasión del control aduanero y clandestinidad y engaño.
Los denunciantes sostienen que las empresas podrían estar extrayendo recursos pesqueros del territorio nacional para luego exportarlos, realizar operaciones de trasbordo en alta mar o descargar la mercadería en puerto argentino y otros puertos internacionales.
La hipótesis planteada es que estas maniobras permitirían evitar la intervención de la aduana argentina y, eventualmente, el pago de derechos de exportación y el cumplimiento de las normas cambiarias vigentes.
Uno de los principales argumentos de la denuncia apunta contra las autorizaciones pesqueras emitidas por las autoridades británicas que administran las Islas Malvinas.
Los abogados consideran que esas licencias carecen de legitimidad al haber sido otorgadas por una autoridad que Argentina no reconoce sobre ese territorio. En ese sentido, calificaron los permisos como instrumentos que permitirían explotar los recursos del Mar Argentino sin autorización de las autoridades nacionales.
Desde reset republicano también cuestionaron la falta de intervención estatal sobre estas actividades y plantearon una fuerte advertencia al Gobierno nacional: “Lo que el gobierno no haga, lo haremos nosotros”.
La presentación judicial alcanza a distintas compañías pesqueras internacionales, con especial atención sobre empresas españolas vinculadas a sociedades mixtas constituidas en las Islas Malvinas.
Entre las firmas mencionadas aparecen Lanzal, vinculada a Petrel Fishing Company Ltd.; Grupo Pereira, relacionada con Argos Group Ltd.; y Pescapuerta, asociada a South Atlantic Squid.
También fueron señaladas Copemar, vinculada a South Atlantic Squid; Ferralmes, relacionada con Castelo Fishing Co.; Hermanos Touza, asociada a Beaufort Fishing Ltd.; y Moradiña, vinculada a Polar Ltd.
La denuncia también identifica distintas embarcaciones que operarían bajo estas estructuras empresariales. Entre ellas figuran el Monteferro, utilizado por Petrel Fishing Company; los Argos Cíes y Argos Berbés, vinculados a Argos Group; y los buques Falcon, Prion y Robin M. Lee, asociados a South Atlantic Squid.
Además, aparecen el Hadassa Bay, que reemplazó al Baffin Bay; el Castelo; el Hermanos Touza; y el New Polar, que según la presentación opera bajo banderas de España y de las Islas Malvinas.
La denuncia quedó radicada en el juzgado federal de garantías en lo penal económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway, bajo el expediente 1283/2026.
Ahora será la Justicia la encargada de analizar los hechos denunciados, determinar si existieron maniobras destinadas a evadir los controles argentinos y establecer las eventuales responsabilidades de las empresas y personas involucradas.
