Que el sector educativo reciba aportes del sector privado para favorecer trayectorias, priorizar ciertas áreas de formación y propiciar la investigación es, a grandes rasgos lo que persigue el proyecto de Ley “Crédito a la Formación Profesional en Mendoza”. Es a lo que apuntan universidades y el empresariado de Mendoza, junto con organizaciones, que buscan el apoyo privado para su concreción. Por eso, referentes de ambos sectores se reunieron en una amplia convocatoria en la Legislatura de Mendoza para poner en común sus expectativas.
Referentes de los diferentes sectores se sucedieron en la toma de la palabra para destacar que se trata de una apuesta que ya se aplica en otros países e incluso en otras provincias argentinas, con excelentes resultados. También hubo quienes relataron experiencias locales de apoyo de privados a diversos proyectos sobre los que resaltaron que hubo muy buenos resultados. Es por eso que creen que esta es una gran apuesta y buscan presentar el proyecto para que sea tratado en la Casa de Leyes.
El Encuentro Multisectorial Anteproyecto Ley de Incentivo Fiscal para la Educación tuvo como objetivo continuar con las acciones del plan de trabajo que comenzó el año pasado. Se apunta a generar una herramienta legal que permita a empresarios privados financiar proyectos educativos y ha sido calificado como un hito histórico a nivel provincial y regional. Fue organizado por la Universidad Maza, Fundación Andesmar y la Fundación Tomás Alva Edison. Participaron la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Conicet y diversas organizaciones educativas y empresariales. Estuvieron presentes, el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner y el Ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu. Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias, fue representado por Cecilia Páez, directora de Educación Privada.
Ley de Incentivo Fiscal para la Educación
Ley de Incentivo Fiscal para la Educación: Daniel Miranda (Universidad Maza); Rodolfo Vargas Arizu, Ministro de Producción de Mendoza; Laura Horta (Universidad Maza) y Mauricio Badaloni (Fundación Andesmar) Foto: Ramiro Gómez
Un equipo de economistas y tributaristas han participado de la elaboración de la propuesta y ha calculado el costo fiscal que tendría su aplicación. Tendría un límite anual de 0,5% de la recaudación de Ingresos Brutos, un estimado de $5.400 millones en 2025. Esto representa un 0,13% del presupuesto total de la provincia para este año.
De qué se trata el proyecto de Incentivo Fiscal para la Educación
El proyecto busca replicar modelos exitosos de inversión privada en educación mediante un esquema de incentivos fiscales, enfocándose en perfiles técnicos y científicos estratégicos para el desarrollo provincial.
La propuesta también ha sido conocida públicamente como Ley de Mecenazgo y básicamente propone que parte de lo que las empresas destinan al pago de impuestos provinciales sea dirigido a financiar proyectos, trayectorias y determinadas formaciones en el sistema educativo. Sería a través de un bono del gobierno.
Tal cual destacan los impulsores, se trata de aplicar en Mendoza algo que ya se implementa en otros lugares del mundo para propiciar apoyo a entidades educativas con un financiamiento del sector privado que, además, se verá beneficiado en términos fiscales. En definitiva aportaría un sustento económico que redundaría en beneficios para los estudiantes y la estructura académica y también para el sector empresario. Pero entre las diversas virtudes que le atribuyen a la propuesta, también destacan un aspecto que tanto se advierte en relación a la brecha entre el sistema educativo y el mercado laboral: es que la idea es favorecer la formación que más requiere el sector productivo local, lo cual implicaría contar con recursos especializados, adaptados a las necesidades propias, lo que potenciaría la productividad y la especialización. Además, daría más garantías de inserción laboral, ya que vendría a resolver una necesidad. De hecho, entre los relatos de iniciativas locales, se mencionó que con Conicet se ha dado una sinergia interesante en este sentido dado que desde el sector productivo se han planteado necesidades, a las que ha podido dar respuesta y que al mismo tiempo ha generado conocimiento.
Al respecto hay que sumar que es un tema no menor para una franja etaria que es la que más dificultades encuentra para insertarse en el mundo laboral y, sobre todo, en el primer empleo. De hecho, es la más afectada por la desocupación.
Entre otras cosas, esperan que permita acompañar mejor trayectorias educativas dificultadas por cuestiones socioeconómicas y un impacto directo en la población a partir de proyectos innovadores y que den soluciones a desafíos locales. Asimismo, esperan que implique agilizar cuestiones burocráticas y lograr resultados en más corto plazo.
En definitiva, academia y sector empresario buscan una amalgama entre los recursos y conocimientos de la primera, con la disponibilidad financiera y necesidades de los segundos, que redunde en beneficios para los estudiantes e investigadores. Se habla de que es una apuesta ganar ganar. Ahora van por una herramienta normativa que le de sustento y apoyo estatal a través de este proyecto de ley.
Voces del encuentro
Daniel Miranda, Rector de la Universidad Juan A. Maza, explicó que la propuesta implica una asociatividad entre empresas, sociedad en general y educación, con el apoyo indispensable del gobierno. Respecto de los beneficios para la comunidad expresó: “Indudablemente son muchos, el apoyo en la educación, en la obtención de becas, la posibilidad de subsidiar becas que en este momento son muy importantes, tanto en la educación estatal como en la educación privada, porque no hay que olvidarse que en la educación privada la mayor parte de los jóvenes trabajan, entonces muchas veces el subsidio es necesario”. Además sumó otros aspectos: “Lógicamente la formación de una comunidad filantrópica que apoye justamente a las instituciones educativas en general para lograr cumplir con el plan estratégico que cada una tiene, sobre todo en áreas que son fundamentales como es el área académica y la investigación”.
“Tenemos que cambiar trayectorias, la educación no es solo responsabilidad del estado y los poderes sindicalizados”, dijo Mauricio Badaloni, de la Fundación Andesmar y referente local de la Unión Industrial Argentina. Comentó que al sector productivo muchas veces le cuesta conseguir recurso humano capacitado.
“La filantropía ya está, lo que necesitamos ahora es un plan de incentivo, porque nosotros vemos que si armamos un instrumento donde definitivamente el mundo del trabajo se involucre y se vea en el mundo de la educación, y que las docentes y el personal de dirección de escuelas vean al mundo del trabajo como parte de su propósito, el porqué de la educación, creo que ahí tenemos lo que nosotros estamos buscando realmente”, destacó.
Encuentro Multisectorial Anteproyecto Ley de Incentivo Fiscal para la Educación
Encuentro Multisectorial Anteproyecto Ley de Incentivo Fiscal para la Educación. Foto: Ramiro Gómez
Dijo que se habla de educación básica que efectivamente es básica. “Tenemos ahí una problemática que es salirnos de lo básico”, apuntó al referir que con actividades extraprogramáticas que hoy no tienen financiamiento puede sumarse formación. Sumó que las tecnicaturas también son un punto a fortalecer para obtener los técnicos que se necesitan.
“La sociedad está demandando proyectos innovadores que mejoren la matriz productiva y la calidad de vida de la población (...) Esto asegura un pueblo más democrático porque la democracia crece en la medida que se tenga un pueblo bien formado”, resaltó por su parte, la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez.
Aclaró además que todas las universidades son públicas, solo que hay algunas de gestión pública y otras de gestión privada.
Cómo se aplicaría y qué costo tendrá
La intención es impulsar la formación de jóvenes de nivel secundario y superior en sectores productivos estratégicos para Mendoza.
Entre los perfiles profesionales a promover se cuentan: Arquitectura y Diseño; Bioquímica y Farmacia; Estadística; Industrias; Tecnologías de la Información; Ingenierías;Ciencias Exactas y Naturales a los que podrán sumarse otros según la demanda.
En ese marco, las instituciones educativas deberán presentar proyectos anuales o plurianuales para acceder a los beneficios.
Personas físicas y jurídicas podrán aportar y recibir un Bono Fiscal aplicable al pago de impuestos provinciales (Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario, Automotor). El bono será transferible una única vez. Se especifica que cada institución podrá presentar un solo proyecto por año, por un máximo de $50 millones. Además aclaran que si la demanda excede el crédito fiscal disponible, se asignará según orden de mérito evaluado con criterios preestablecidos.
