El viernes 28 de noviembre se realizará una audiencia pública para fijar el nuevo cuadro tarifario del agua. Se evaluarán dos alternativas y regirá por decreto.
En la audiencia pública expondrán todos los operadores del servicio de agua potable.
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Durante las próximas horas se iniciará una discusión clave referida al servicio de agua potable: este viernes 28 de noviembre tendrá lugar la audiencia pública que definirá el nuevo cuadro tarifario 2026, en un contexto de costos crecientes e infraestructura rezagada. El debate será el paso previo a la decisión final que deberá tomar el Poder Ejecutivo en enero.
La convocatoria, oficializada por la resolución 1186 del Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza, se realizará en la Biblioteca Manuel Belgrano (Godoy Cruz) y se podrá seguir en vivo por streaming. A las 9.30 expondrá Aysam, el mayor operador provincial, mientras que a las 12.30 será el turno del resto de los prestadores del servicio. Quienes se hayan inscripto también podrán participar en modo virtual.
La audiencia para definir el aumento del cuadro tarifario del agua en Mendoza, como es habitual, no es vinculante, pero funciona como insumo formal para el informe técnico que consolidará la DIRCAS -Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento- antes de enviar la propuesta al Ejecutivo. “Con la información presentada en la audiencia, elaboramos el informe final y establecemos la recomendación tarifaria. Después, el Gobierno decide”, explicó Sebastián Pulido, titular del organismo regulador, ante la consulta de Los Andes.
Pulido confirmó además un dato relevante: la definición del aumento se tomará en los primeros días de enero, y el nuevo cuadro entrará en vigencia entre fines de enero y principios de febrero, según el cronograma interno ya fijado.
La Secretaría de Gestión Económico-Financiera del DGI elaboró un informe técnico que presenta dos alternativas de actualización tarifaria para 2026, basadas en proyecciones de inflación y comportamiento del consumo. Los aumentos propuestos aplican a todos los operadores, con excepción de Aysam S.A.P.E.M., cuya situación será analizada en forma diferenciada en la audiencia específica de la mañana.
Las opciones son: aumento del 19,5% desde enero de 2026 hasta fin de año, o aumento del 16,6% en enero de 2026 y otro del 5% en julio de 2026. Ambos esquemas se apoyan en lo establecido por el nuevo Procedimiento General de Determinación Tarifaria Anual, aprobado por el decreto 323/2025, que fija revisiones bimestrales con el objetivo de “garantizar el equilibrio económico-financiero de los prestadores”. Estas evaluaciones permitirán corregir desfasajes en función de la evolución real de los costos y de las variables macroeconómicas.
Pulido anticipó que la exposición del economista Sebastián Laza será central en el debate, ya que presentará la justificación técnica del incremento para todos los operadores, detallando estructura de costos, previsiones de inversión y sostenibilidad del sistema.
Entre los puntos que vuelven a repetirse año tras año en las audiencias, se encuentra la necesidad de reforzar la micromedición. El expediente tarifario mantiene la obligatoriedad de instalar micromedidores para grandes consumidores -empresas, comercios, industrias y edificios de alto consumo- con el fin de generar un registro preciso y reducir la carga sobre el sistema.
El cuadro tarifario, además, conserva el mecanismo progresivo para consumos domiciliarios superiores a los 30 m³ mensuales, una herramienta diseñada para desalentar el uso excesivo en un escenario de sequía prolongada y fuerte presión sobre la oferta de agua potable.
A diferencia de lo que suele creer el usuario, la audiencia pública no es una instancia para votar aumentos ni para decidirlos: su función es estrictamente consultiva. Las presentaciones de los operadores, así como las intervenciones de usuarios, entidades y oradores inscriptos, quedarán registradas y formarán parte del informe final que elaborará DIRCAS.
Ese documento —que incluirá las simulaciones tarifarias de Laza y las proyecciones financieras para cada operador— será elevado al Ejecutivo provincial. El Gobierno, con esa base, evaluará las alternativas, elegirá un esquema de incremento y lo oficializará por decreto.
Según los plazos informados por Pulido, desde la audiencia hasta la elevación del informe el proceso insumirá aproximadamente un mes, por lo que la decisión final quedará en manos del Ejecutivo durante la primera semana de enero.
La audiencia estará abierta a personas físicas, representantes de organizaciones, instituciones y usuarios en general. La inscripción permanecerá habilitada hasta el mismo día del evento, enviando un correo a [email protected]