Hay 500 chicos en el sistema penal y desde setiembre ingresarán desde los 14 años por la baja de la edad de imputabilidad. Cuáles son los principales delitos.
Nuevo Régimen Penal Juvenil: a partir de septiembre, la edad de imputabilidad baja de 16 a 14 años, modificando el abordaje de adolescentes que cometen delitos.
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A partir del 5 de septiembre cambiará drásticamente la forma de abordar a los adolescentes que cometen delitos en el país. Es que entrará en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil y con él, la baja de la edad de imputabilidad, que pasará de los 16 a los 14 años.
Pero además, también cambiará la forma en que se consideran los delitos y las penas, que dejarán de tener diferencias con las aplicadas a los adultos.
Actualmente, hay unos 500 adolescentes dentro del sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza y según se estima, con la nueva normativa, se espera un incremento del orden del 30%.
Pero ¿cuáles son los delitos que han cometido estos adolescentes para quedar en esa situación? La mayoría son robos o hurtos y en 1 de cada 4 casos hay participación de adultos.
Daniel Patiño, Director General de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, detalló a Los Andes que hay 464 chicos con medidas en el territorio y unos 46 chicos con privación de libertad. Estos últimos, en general, han cometido hechos agravados, lo que dijo se relaciona con el uso de armas de fuego.
“Los hechos graves son los que terminan teniendo privación de libertad o condena, pero no son la mayoría”, advirtió. Efectivamente, tal como se señaló, son en torno al 10%.
“Los delitos son variados, desde tentativas de hurto hasta homicidios. En general, los jóvenes que hoy están en el sistema tienen el uso de armas presente en la mayoría de los delitos: amenazas agravadas, lesiones agravadas, robos agravados y tentativas de homicidio. También hay abusos sexuales”, detalló.
Dijo que es habitual que estas situaciones se den en un contexto particular, en que suele haber poca presencia y acompañamiento parental y abuso de sustancias. Por eso, entre las medidas que se toman está intervenir en su entorno.
“En mi registro tengo 271 legajos caratulados como ‘medidas de protección’ porque así lo manda la jueza para que hagamos un seguimiento por su contexto familiar. Y en la población con la que trabajamos siempre hay un contexto de consumo problemático, falta de cuidados parentales y, en algunos casos, deserción escolar. Ahí viene el trabajo de la dirección de empezar a reconstruir toda esa red”, apuntó el director.
Desde la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Poder Judicial se señaló que desde el discurso público se pone especial énfasis en la persecución de jóvenes que cometen delitos contra las personas, es decir, de los que resultare la lesión o muerte de una persona. Pero en la práctica, 6 de cada 10 casos tienen que ver con delitos contra la propiedad, es decir, robos y hurtos.
“Del total de expedientes trabajados por el fuero penal juvenil durante el año 2023, el 62% respondían a delitos contra la propiedad, es decir, robos y hurtos. Solamente el 6% de los casos trabajados tuvieron por motivo un delito de aquellos tipificados contra las personas, y un 9% representaron delitos contra la integridad sexual”, advierte el área.
Incluso en un informe para Los Andes detalló que en el período 2024 los porcentajes son levemente inferiores: 61% corresponden a delitos contra la propiedad, 5% a delitos contra las personas y 8% a delitos contra la integridad sexual.
En 2025, los delitos contra la propiedad ascendieron a 63% del total, mientras que aquellos contra las personas y la integridad sexual se mantienen en los mismos valores: 5% y 8% respectivamente.
“Particularmente sobre delitos de homicidios, en el año 2024 se registraron 12 hechos mientras que en 2025 fueron 5. Respecto de la participación conjunta con adultos, problemática que hoy se presenta como una de las causas principales para modificar la ley, representan al 24% del total”, manifestó la dirección.
Y agrega que la problemática social que envuelve a los jóvenes judicializados se ha complejizado, particularmente en razón de situaciones de consumos problemáticos de sustancias críticos y deficiencia en las políticas públicas ejecutivas para tratar esta problemática y su entrecruzamiento cuando se acompaña de la privación de libertad.
