La historia suma nuevos capítulos mientras el gobierno nacional sigue buscando frenar su aplicación. La crisis en las universidades, cada vez más compleja.
A un año de la sanción de la Ley 27.795, de Financiamiento Universitario, la ley no se aplica en tanto el gobierno nacional no la avala y le ha puesto condiciones. Marcha universitaria en Mendoza.
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Ramiro Gómez / Los Andes
Se cumple un año de la sanción de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, aprobada el 20 de octubre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre. Sin embargo, la ley no se aplica en tanto el gobierno nacional no la avala y le ha puesto condiciones.
Esto ha llevado a los rectores de las universidades nacionales a sostener fuertes reclamos, dado que el atraso presupuestario que sufren les dificulta sostener el funcionamiento habitual de las casas de estudio.
Las calles también han sido testigos de la demanda por el cumplimiento de alumnos, exalumnos, docentes y ex, padres y otros adherentes a un reclamo que ya lleva más de 2 años. Es que la sanción fue fruto de fuertes reclamos previos para lograrlo, liderado por el Consejo Interuniversitario Nacional, en tanto los rectores, tras la asunción del gobierno actual, vieron congelado su presupuesto.
Ahora, la situación es cada vez más crítica y advierten que, de sostenerse, peligra el funcionamiento de programas y hasta de prestaciones de salud para los docentes.
La norma establece una actualización del presupuesto universitario, una recomposición salarial de docentes y no docentes vinculada a la inflación, una actualización de las becas estudiantiles y fondos para investigación.
Dada su postura, el gobierno nacional hizo lo que pudo para frenar la sanción, incluso la vetó, luego de una primera aprobación. Pero el congreso insistió y se impuso.
La historia comienza luego de que el gobierno nacional congelara en 2024 el presupuesto universitario tras una inflación de más de 200%. Ante los reclamos, ese año se sancionó la Ley 27.757, que declaró la emergencia presupuestaria del sistema universitario. Pero el presidente Javier Milei vetó la norma mediante el Decreto 879/2024, con el argumento de que no contemplaba una fuente de financiamiento específica y podría afectar el equilibrio fiscal.
El 21 de agosto de 2025, el Congreso sancionó un nuevo proyecto. El 10 de septiembre de ese año, el Poder Ejecutivo decidió vetar y devolverla al Congreso. Sin embargo, el 2 de octubre ambas cámaras insistieron en su aprobación, por lo que la ley quedó definitivamente sancionada.
La ley fue promulgada mediante el Decreto 759/2025, ante lo cual Milei jugó otra carta: condicionó su aplicación a que el Congreso determine las fuentes específicas de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes al presupuesto nacional. De esta manera, su ejecución permanece suspendida.
Finalmente, el 23 de diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declaró inaplicable el decreto y ordenó al Estado Nacional cumplir con la Ley. Para evitarlo, el 18 de febrero de 2026, el Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la norma pero no lo logró.
A pesar de esta situación, la comunidad educativa sigue movilizándose. El pasado 15 de octubre se realizó la quinta Marcha Federal Universitaria, en la que miles de personas se movilizaron en distintos puntos del país para exigir el cumplimiento de la ley.
Uno de los puntos centrales del debate en torno al financiamiento universitario son las auditorías. En este sentido, la ley encomienda a la Auditoría General de la Nación (AGN) realizar las auditorías correspondientes y establece que los informes, las observaciones y los planes de seguimiento y control deben remitirse al Congreso.
En este sentido, según el último monitoreo realizado por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), la UNCuyo ocupa el octavo lugar en el índice de transparencia, con 98 puntos sobre más de 200 organismos evaluados. Además, se ubica en el segundo puesto entre las universidades nacionales.
Un nuevo capítulo se sumó con la aplicación de una multa al gobierno por parte de la Justicia: el juez federal Martín Cormick fijó en $100.000 diarios los “astreintes” contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no actualizar salarios ni el fondo de becas. El gobierno dijo que lo apelaría. Este martes se conoció que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó esta nueva apelación. El fallo no se pronunció sobre el cumplimiento de la cautelar ni sobre su vigencia.
José Balacco, decano de la UTN regional Mendoza, una de las dos universidades públicas de la provincia, sostuvo que la situación es decepcionante. “El presupuesto universitario viene deprimido desde hace mucho y en los últimos tiempos muchísimo más. En los gastos de funcionamiento, este no alcanza para cubrir el 40% de lo que realmente se gasta y eso que somos bastante austeros y estamos ahorrando por todos lados”, sostuvo.
Dijo que los sueldos están por lo menos 30% debajo de lo que deberían estar y que eso impacta, entre otras cosas, en la Dirección de Acción Social que está desfinanciada porque reciben estos aportes de esos salarios. Explicó que la obra social, Dasuten, está “en rojo y eso significa que vamos bajando prestaciones, que tenemos que pagar más coseguro y el riesgo es que en algún momento nos corten los servicios. Sería gravísimo”. De hecho, la equivalente en la Universidad Nacional de Cuyo, el Damsu, atraviesa una fuerte crisis con dificultades para prestar servicios y cubrir medicamentos.
Balacco refirió que se sostienen con recursos que genera la universidad con servicios que presta a la comunidad, al detallar que el año pasado el costo de mantenerse funcionando fue de $300 millones pero el presupuesto que les asignaron fue de $140 millones.
En cuanto a lo que considera más crítico en esta situación, señaló: “A mí lo que más me preocupa son los haberes, este, porque la gente cada vez está más complicada, y la obra social, porque a la salud no tiene precio”.
Adriana García, rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, admite que si la ley no se cumple, en el 2027 peligran programas universitarios: “Para el 2027, si esta ley no se cumple, van a estar en peligro el funcionamiento y la reducción de muchos programas, como los que hacemos con organismos científicos y tecnológicos y con organizaciones sociales”.
En ese mismo plano plantea que el Gobierno nacional no escucha a la sociedad argentina, que está reclamando por la efectivización de una ley.
En el comunicado emitido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con motivo de la última marcha, pidieron hacer cumplir esta ley que es el principal instrumento para su sostenimiento.Para ellos, este es un reclamo ciudadano que ha adquirido un carácter de urgencia.
“El reflejo de esta decisión es el presupuesto presentado por el gobierno, el más bajo de la historia en materia educativa, menos del uno por ciento del PBI”, recalca y plantea la desinversión en diversas becas. “El severo deterioro del sistema de bienestar estudiantil impacta de lleno en el corazón de la universidad pública”.
Asimismo sostiene que la decisión del gobierno nacional de “asfixiar las universidades nacionales tiene uno de sus núcleos más duros en el ataque al salario y a la negociación colectiva de trabajadores docentes y no docentes”
