La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó tratar un recurso del Ministerio de Capital Humano contra la cautelar que obliga a actualizar fondos universitarios. En paralelo, el jefe de Gabinete apeló la multa diaria de $100.000.
Financiamiento universitario: la Justicia habilitó una apelación del Gobierno.
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La disputa judicial por el financiamiento universitario continuó este martes con dos movimientos precisos: la Justicia habilitó una apelación del Gobierno contra la medida cautelar que exige “actualizar los fondos del sector”, mientras que Diego Santilli apeló el fallo que lo multó con $100 mil por incumplir la normativa.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a una queja de Capital Humano, luego de que el juez Martín Cormick rechazara la posibilidad de apelar su decisión. El magistrado había intimado al Estado a cumplir la cautelar en un plazo de cinco días, bajo advertencia de sanciones económicas.
El Gobierno cuestionó que el juez no determinó con exactitud qué obligaciones de la ley no se habían cumplido, ni tampoco los montos que debían pagar para considerarlas cumplidas.
Además, sostuvo que los aumentos salariales a docentes y no docentes universitarios alcanzaron a cubrir la actualización prevista en la normativa, y que la medida impuesta por Cormick generaba un “agravio mayúsculo de imposible reparación ulterior”.
En ese sentido, los camaristas decidieron hacer lugar al reclamo del Estado, por considerar que la decisión tomada por el juez de primera instancia “es susceptible de generarle un gravamen irreparable”.
La presentación se dio contra el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11.
En paralelo, el jefe de Gabinete presentó un recurso contra la sanción económica impuesta por Cormick por el incumplimiento de la actualización salarial del personal universitario.
En su escrito, Santilli pidió que se suspenda la ejecución de las astreintes “hasta tanto se resuelva el recurso de apelación concedido por el Superior respecto de la decisión que tuvo por incumplida la medida cautelar e intimó al Estado Nacional a su cumplimiento bajo apercibimiento de sanciones conminatorias”.
El funcionario apuntó a la “ausencia de fundamento normativo concreto para la atribución personal de responsabilidad”, y que mantener las sanciones “podría ocasionar consecuencias patrimoniales de difícil, e incluso imposible, reparación ulterior”.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional pidió a la Justicia que se aumente el monto de la multa a Santilli por considerar que es “más que exiguo en comparación con los importes en juego”.
“La cifra impuesta como astreinte resulta absolutamente insuficiente para obrar como una conminación que pueda compeler al deudor a cumplir con su obligación”, agregaron.
