El colectivo Ni Una Menos Mendoza realizó una conferencia de prensa frente a la Legislatura, en la que exigió respuestas del Gobierno frente al aumento de los femicidios y denunció persecución a sus integrantes.
Frente a la Legislatura, el movimiento reclamó por políticas de prevención y más presupuesto. También denunció persecución a sus integrantes.
Conferencia de prensa del colectivo Ni una Menos denunciando intromisión de policías en una reunión del colectivo.
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Marcelo Rolland / Los AndesEl colectivo Ni Una Menos Mendoza realizó una conferencia de prensa frente a la Legislatura, en la que exigió respuestas del Gobierno frente al aumento de los femicidios y denunció persecución a sus integrantes.
El femicidio de Sandra Sánchez, ocurrido el último martes en Guaymallén, conmovió a la provincia. El de Sandra fue el octavo femicidio en Mendoza desde que inició el año y se suma a los 165 casos que han tenido lugar en todo el país hasta la fecha. La cifra local ya alcanzó tantas víctimas como todo el 2023, luego del descenso a cinco casos en 2024.
Desde el colectivo Ni Una Menos responsabilizaron al Estado por este retroceso. "La violencia económica y la situación cada vez más precaria, se suman al vaciamiento de políticas sociales y al aumento de los discursos de violencia", sostuvieron.
Afirmaron que el Gobierno ha vaciado las políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género y los femicidios. "Se han sacado del presupuesto, de la agenda y del discurso político", señaló Alejandra Ciriza, integrante del colectivo.
Explicaron que hace años se acordaron las herramientas necesarias para frenar esta problemática, pero ahora no se implementan. "La Dirección de Género no tiene a nadie nombrado a cargo. Han sacado el programa Acompañar, la línea 144, no tenemos ministerio de Mujeres, Género y Diversidad", denunciaron.
"No sólo se trata de lo que no hacen, que no hay políticas de abordaje, es también el discurso constante de violencia contra quienes son considerados más débiles: niños, niñas, diversidades, mujeres, personas con discapacidad", apuntó Ciriza.
El último miércoles, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, se refirió al tema sosteniendo que "son hechos lamentables que revelan un problema más profundo que es cultural y atañe a la cuestión social". Desde Ni Una Menos, respondieron que, si el problema es cultural, entonces deberían implementarse políticas para abordarlo.
"¿Dónde está la Educación Sexual Integral, dónde están las campañas para sensibilizar? Les escribimos para realizar un homenaje a las víctimas frente a la Legislatura y ni siquiera nos contestaron. ¿Dónde está la responsable de la Dirección de Género y Diversidades? ¿Y el presupuesto? Tan fácilmente salen a decir que es educación y no ponen un peso", dijeron a la prensa.
"Ni siquiera son capaces de atender la línea 144 o la 111. En Guaymallén demoraron 40 minutos en llegar, mientras el femicida, de brazos cruzados en la puerta, les decía a los vecinos: 'Déjenla que se muera'", añadió el movimiento.
Desde el colectivo también denunciaron que, ese mismo martes, mientras ocurrían los hechos en Guaymallén, ellas estaban en una reunión que se realizó en la fundación Ecuménica de Cuyo. En ese momento, efectivos de la Policía habrían ingresado al lugar, sin orden judicial, para pedir documentación y explicaciones sobre el motivo de la reunión. "Eran dos policías uniformados, un hombre y una mujer, que se presentaron diciendo que venían a verificar cuántas personas había en el lugar, si se ocasionaban disturbios, y empezaron a realizar preguntas respecto al tipo de actividades que realiza nuestra organización", denunció Valeria Chiavetta, presidenta de la fundación e integrante del colectivo.
Sostuvieron que no es la primera vez que ocurre algo así. "En otras oportunidades se han acercado a preguntar por la participación de compañeras con nombre y apellido", afirmaron en el comunicado leído. "Se trata de un gesto de muchísimo autoritarismo y una falta de respeto al orden democrático. Durante la dictadura se ingresaba a los domicilios sin orden de allanamiento", denunció Ciriza.
"Hemos realizado los pedidos de informe correspondientes para que el Ministerio de Seguridad dé explicaciones públicas y garantice el efectivo ejercicio de nuestro derecho a la libertad de reunión, de expresión, de asociación y, lo más importante, a vivir libres de violencia machista", explicó Araceli Pellegrina, integrante del colectivo.
Fernanda Urquiza es subdirectora de Género y Diversidad, que depende del Gobierno provincial. Quedó a cargo del área a partir de la renuncia de Belén Bobba. Consultada sobre el hecho de persecución denunciado por Ni Una Menos, afirmó desconocer la denuncia y las invitó a "buscar el asesoramiento correspondiente" en alguna oficina de género y diversidad.
También fue consultada acerca del presupuesto asignado a prevenir y atender la violencia de género y las políticas vigentes en la actualidad, pero se limitó a responder que "la Ley 26.485 se cumple con presupuesto adecuado, si la ONG tiene algo que denunciar lo puede hacer ante quien corresponda".