El Gobierno de Mendoza anunció, durante los festejos vendimiales, la implementación de un seguro agrícola obligatorio volviendo a instalar un tema que intentó tratar a fines de 2013 en base a un proyecto cuya autoría es del diputado Jorge Tanús y como coautores: Carlos Bianchinelli, Cristian González, Raúl Guerra, Néstor Piedrafita, Daniel Cassia, Aníbal Ríos y Patricia Gutiérrez.
A los efectos de contextualizar el tema, recordemos que el proyecto propone la creación de un fondo fiduciario para contingencias climáticas catastróficas, tales como el granizo y heladas que abarque todo el territorio provincial e incluye el seguro agrícola obligatorio. El mismo se constituiría con un aporte del 5% del total de la producción neta de uvas de cada productor mientras que los establecimientos elaboradores asumirían el costo de elaboración de dicho porcentaje en forma solidaria. El Estado aportaría los fondos con los que históricamente cuenta, más lo que el Estado nacional derive a las provincias en el marco de la reactivación de las economías regionales.
Antecedentes
Recordemos, sin entrar en mayores consideraciones, que la provincia de Mendoza tiene un extenso historial en materia de seguros agrícolas en el marco de diversos programas de protección contra granizo y heladas. En todos los casos son malos. Veamos:
Ley 759/1919. El programa terminó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo declaró inconstitucional. Posteriormente, la aseguradora privada La Rural realiza cobertura pero desaparece prontamente.
Ley 1963/1951 crea el Instituto de Seguro Agrícola (ISA) que finalmente es liquidado en 1964 nombrando como ente liquidador al Instituto Financiero Agrario (IFA decreto 2056/1962) y finaliza en la campaña 1964/1967. El IFA en vista del fracaso del ISA realiza un estudio a fines de continuar con el seguro cuyas conclusiones generó un proyecto de ley aprobado por el directorio y que nunca se trató.
En 1966 se publica la ley 3473 estableciendo un sistema transitorio de previsión en remplazo de la ley 3.127 de Seguro Agrícola.
En 1967 se liquida el IFA pasando a llamarse "Seguro Agrícola de la Provincia de Mendoza en Liquidación" cuyo programa nunca llegó a implementarse.
En 1989/1990 se debate en la Legislatura de Mendoza una iniciativa denominada "Fondo de Protección Integral a la Agricultura" que incluyó el seguro agrícola y que frente a la fuerte oposición del sector productor no prosperó (el proyecto Cócolo). En 1992 y hasta 1994 La Fortuna SA ofreció en el mercado mendocino el "Seguro contra efectos de Granizo" (no estatal, optativo).
Como vemos, hay una vasta experiencia en torno al tema en cuestión que no debemos ignorar y sí debemos recordar, ante la aparición de "nuevas" propuestas, atento a que en todos los casos terminó en fracaso y por las mismas razones.
La propuesta actual
Del análisis del proyecto de ley en cuestión surge:
1. La constitución del fondo fiduciario se conformaría con diversos aportes, privados y públicos. En el caso del productor vitícola se establece el 5% de la producción neta de uvas (no dice hasta el 5% lo cual deja la puerta abierta para futuros aumentos) en carácter de seguro obligatorio.
2. Se "obliga" a las bodegas a ser solidarios en la "elaboración" del 5% (gratuita, solidaria y obligatoria). A lo sumo existiría la posibilidad de compensar el gasto contra ingresos brutos.
3. Que la asignación de fondos permanentes del presupuesto provincial pueden variar de acuerdo a las posibilidades del Estado.
4. Si bien la autoridad de aplicación de la ley es la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, se prevé que sea el Consejo Asesor Productor (integrado por públicos y privados) el que gestione el seguro.
Conclusiones
Con estos elementos podemos concluir que estamos ante una nueva e inaceptable carga confiscatoria. Que todas las leyes de "protección al productor" sólo garantizan el aporte del propio productor/elaborador. Que detrás del concepto de la solidaridad se esconde una verdadera transferencia de recursos hacia el interior de la propia cadena. Que al recurrir a un Consejo Asesor Productor, éste pronto será otro monstruo burocrático que tarde o temprano se llenará de funcionarios con presupuestos específicos para administrar el funcionamiento del seguro agrícola.
Posición
Por lo expuesto, manifestamos nuestro rechazo a la implementación de un seguro agrícola obligatorio, por considerarlo un nuevo gravamen que se suma a la ya pesada y distorsiva presión impositiva que sufre la vitivinicultura. Exhortamos a los legisladores a no avalar esta iniciativa.
