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El sector forestal está preocupado. Por segundo año consecutivo, el presupuesto asignado al pago de los aportes de la Promoción de Inversiones en Bosques Cultivados (Ley 25.080 prorrogada por Ley 26.432) no alcanza para cubrir más que al 25% de los productores que están en la lista de espera. Miles de pequeños productores y miles de empleos rurales se encuentran afectados.
El problema es que en el 2014 se repitió el monto global de la asignación del 2013 (100 millones de pesos), a pesar que la Secretaría de Agricultura manifestó que serían necesarios unos 360 millones de pesos para cumplir con los pagos pendientes y atrasados. Alrededor de 3.200 productores forestales presentan planes de plantación, poda y raleo cada año. El promedio de los planes es de 30 hectáreas, en su mayoría en las provincias de la Mesopotamia.
De acuerdo a los datos de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), los 100 millones de pesos asignados para 2014 alcanzarían para Aportes no Reintegrables (ANR) para menos de 15.000 hectáreas de plantaciones ya verificadas.
Esta superficie equivale a menos de la mitad de lo que se ha plantado anualmente los últimos años. Además, si se considera que de la asignación alrededor del 50% se destina a pagar plantaciones y el otro 50% a raleos y podas, los fondos alcanzarían a cubrir el aporte para sólo unas 7.500 hectáreas (son menos del 25% de las plantaciones anuales efectivamente realizadas). Estas cifras están lejos de las proyecciones del Plan Estratégico Agropecuario (PEA 2020), que puso como meta 100.000 hectáreas al año.
El pago de los ANR se realiza los 3 años de la plantación. Sin cláusulas de actualización, el contexto inflacionario reduce el valor real de lo percibido. En este escenario, las plantaciones en el 2013 ya fueron menores y se está reduciendo fuertemente la proyección de plantación para la campaña 2014.
Esta situación afecta el empleo. Por cada 1.000 hectáreas de reducción de la superficie plantada se pierden 560 empleos directos. Nuevamente, AFoA estima que la contracción de las plantaciones puede implicar que 5.000 empleos rurales directos se encuentren en peligro.
Las plantaciones forestales ocupan 1,2 millones de hectáreas (el 4% del total de la superficie cultivada del país) y prevén el 95% de la madera que utiliza la industria para hacer celulosa, papel, madera para la construcción, aberturas, paneles y pisos. Se estima que el sector de base forestal aporta alrededor del 2% del PIB nacional y genera divisas por exportaciones del orden de los 1.000 millones de dólares.
Esta decisión afecta el empleo en toda la cadena de valor foresto industrial, un rubro con más de 7.500 pymes que genera más de 300.000 empleos. Las principales economías regionales afectadas están en Misiones, Corrientes y Entre Ríos, y también impactará a las empresas y productores del Delta del Paraná. Lo que hoy no se planta, afecta el futuro.