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Para tranquilizar a los mercados y sellar un nuevo acuerdo con el FMI, el Gobierno nacional diseñó una estrategia consistente en incrementar la recaudación a través de los nuevos derechos de exportación que se cobrarán a todos las ventas, incluidos los servicios.
Pero, además, tiene que negociar un presupuesto equilibrado con las provincias a la cuales quiere trasladarles la responsabilidad de la tarifa social de luz y gas, así como los subsidios al transporte.
Como señal plantearon la reducción de ministerios de 19 a 10, pero con la novedad que las estructuras actuales se transfieren en su totalidad, con los mismos funcionarios y las mismas funciones, aunque con algún gasto menos, que luego deberá cubrirse con estructuras de coordinación.
Las provincias, a su vez, se resisten a las rebajas y a tener que asumir subsidios, porque deberían bajar sus gastos actuales. Para ello, han pedido que se aplique una alícuota mayor de Bienes Personales a quienes tienen activos en el exterior.
También que se elimine la excepción de impuesto a las ganancias que beneficia a jueces, Fiscalías de Estado y miembros de Tribunales de cuentas.
En tren de conseguir recursos, los representantes provinciales le piden a la Nación que se postergue la reducción de Ingresos Brutos a la intermediación financiera y quitar beneficios impositivos a empresas que consiguieron excepciones de impuesto a las Ganancias por la vía de amparos.
Hay una sola cosa que queda muy clara: en este “gran ajuste nacional” lo único que no baja es el gasto público, repitiendo una tradición de la clase política argentina.
Y el tema fundamental pasa por entender que no estamos pidiendo menos Estado, sino mejor Estado, porque el actual ni sirve, es caro y le da más prioridad a molestar a los que producen que en beneficiar a los que deben recibir sus servicios.
Cuando se habla de la reforma del Estado parece que estamos refiriendo a una especie de bola sin manija que nadie puede agarrar y que tiene vida propia.
En realidad hay que hablar de reforma Administrativa y operativa del Estado. Es decir, revisar qué hace, qué debería hacer y qué debería dejar de hacer.
El solo hecho de incorporar tecnología para manejar en forma electrónica todos los trámites ya implicaría menos requerimientos de personal, pero es fundamental eliminar funciones y funcionarios, permisos y autorizadores de permisos, controles y controladores.
Todos ellos conforman la máquina de impedir que hace que cualquier iniciativa productiva deba atravesar por el tamiz de gente que no tienen la menor idea de los que hay que hacer ni del riesgo que empresario asume. Pero que tengan que pasar por sus manos les da poder.
En realidad no se olvidaron de bajar el gasto, solo se están escondiendo detrás de las columnas hasta que pase la tormenta, para luego volver a atacar, pero el mercado los descubrió.
Editoriales de los principales medios económicos de Europa y Estados Unidos han advertido que sin bajar el gasto no podrán bajar impuestos y, por ellos, será difícil la reactivación de la economía.
Por eso todavía no confían en Argentina.