Puede parecer maquillaje, pero el anuncio que hicieron el presidente Mauricio Macri, el ministro de Justicia Germán Garavano y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, es más que un giro en la política de derechos humanos. Aunque la primera lectura que puede hacerse es de naturaleza política, busca tener, sobre todo, impacto cultural. Con las 243 propuestas de acción contenidas en el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2017-2020, el Gobierno propone terminar con la centralidad que los violentos años '70 han tenido en lo que se entiende por derechos humanos en la Argentina.
Si bien mantiene la bandera de "memoria, verdad y justicia" que reivindican las históricas agrupaciones surgidas de la tragedia setentista, agrega ejes que miran al presente y al futuro más que a ese pasado doloroso y sangriento. Se aseguran la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por militares durante la dictadura y de las políticas reparatorias, pero incorpora aspectos muy sensibles a reclamos de este tiempo, como la seguridad pública, y revaloriza en esta categoría al acceso universal a la salud y la educación, a la inclusión y la no discriminación y a la cultura cívica.
El plan de Macri no sólo significa un cambio de mirada respecto de las políticas aplicadas durante los 12 años de gestión del kirchnerismo, sino también respecto de lo que con mayor o menor énfasis entendieron por derechos humanos las distintas gestiones desde el retorno de la democracia en 1983. Desde el histórico juicio a las Juntas y la consolidación de la democracia del gobierno de Raúl Alfonsín, pasando por los indultos de Carlos Menem y concluyendo en la reactivación de los juicios a militares y las políticas inclusivas impulsadas por Néstor y Cristina Kirchner.
Este gobierno abre el espectro hacia disposiciones que estaban contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 pero que el común de los argentinos no identifica como tales: salud, educación, inclusión y no discriminación. La gran pregunta, entonces, es cómo asegurará el Estado el cumplimiento de esos derechos y qué políticas activas diseñará para que no se transformen en derechos en abstracto y en un plan pour la galerie.
