El gobierno brasileño entregó ayer al Congreso un pedido de plebiscito para promover una reforma política en respuesta a las protestas callejeras, aunque aumentan los cuestionamientos a la iniciativa presidencial.
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El gobierno brasileño entregó ayer al Congreso un pedido de plebiscito para promover una reforma política en respuesta a las protestas callejeras, aunque aumentan los cuestionamientos a la iniciativa presidencial.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, y el vicepresidente, Michel Temer, entregaron al Parlamento el pedido de la presidenta Dilma Rousseff, que propone consultar a la población sobre cinco temas.
Los dos principales son nuevas reglas de financiación de campañas electorales y un sistema de votación para elegir diputados que los acerque más a los designios del elector.
Rousseff también propuso que los brasileños definan si acaban con el voto secreto en el Parlamento (autorizado actualmente para la destitución de legisladores, entre otras decisiones) y con la elección de suplentes de senador (lo que se presta a irregularidades), así como reglas para las coaliciones electorales de partidos.
Además del plebiscito para una reforma que acabe con los males de la política, y que sólo puede ser convocado por el Congreso, Rousseff propuso un pacto con gobernadores y alcaldes para mejorar la calidad de la salud, la educación y el transporte públicos.
Las protestas
Las protestas han perdido intensidad en la última semana, tras la iniciativa de Rousseff y de varias medidas adoptadas por el Congreso, por gobernadores y alcaldes, aunque pocos se atreven a descartar que puedan recobrar el aliento del 20 de junio, cuando un millón de personas salieron a las calles en plena Copa Confederaciones.
Camioneros bloqueaban ayer carreteras en al menos cinco estados de Brasil, en reclamo de la eliminación de peajes y por subsidios al combustible diésel.
La propuesta de plebiscito es apoyada por 68% de los brasileños, según la encuestadora Datafolha.
Pero eso no garantiza su aprobación, y menos en el tiempo récord que propone la presidenta, que quiere que el plebiscito y la reforma sean concluidos antes de octubre, plazo legal para que pueda ser aplicado en las elecciones generales del 5 de octubre de 2014.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) precisa un mínimo de 70 días para organizar un plebiscito, informó una portavoz del ente judicial.
