Hace dos meses, una decisión de la Corte hizo que tanto los empresarios como el Gobierno pusieran el grito en el cielo: la tasa de interés, cuando existe una obligación a pagar en un juicio, pasó del 27% al 40%, a partir de un fallo que cambió la forma de calcular esta obligación.
Esta decisión encendió las alarmas sobre los posibles efectos negativos. En el Gobierno afirmaron que una tasa de interés alta aumenta la litigiosidad, ya que es más redituable ir a juicio, y es un freno a la generación de empleo, ya que una Pyme considera los gastos de un eventual juicio a la hora de contratar gente.
En las cámaras empresarias también manifestaron su descontento.
Pero también hay otros efectos que, según advirtieron, afectarían a cualquier ciudadano. Un ejemplo es un juicio entre un inquilino y su locador por un alquiler impago. En el caso de perder quien alquilaba debería pagar sobre su deuda el 40% de interés por año.
El Poder Ejecutivo envió un proyecto que hoy se transformó en la ley especial que habilita el Código Civil y Comercial de la Nación en los casos de que no haya acuerdo entre las partes. El PJ votó dividido y varios diputados se opusieron a la norma.
Así, la tasa pasó de ser la Libre Destino a 36 meses del banco Nación, que estaba en el 40% a calcularse por UVA, que hoy está en el 22,5%. Además, si el juez así lo considera, puede sumar hasta un 5% de interés más, que lo eleva en términos actuales al 27,5%.
De esta manera, advierten, se preserva el capital a pagar con retraso (moratoria), ya que se actualiza por inflación, pero no se produce un "plazo fijo judicial" que aliente a ir a un juicio por tener una tasa de interés más beneficiosa que la que se encuentra en el mercado financiero.