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El pasado 23 de marzo en el contexto de la Asamblea de Gobernadores del BID, los Gobernadores de Mendoza y San Juan firmaron el Acuerdo Interprovincial para la Diversificación Vitícola fuera ratificado recientemente por ambas Cámaras de la Legislatura mendocina.
Este nuevo acuerdo entre las provincias que contienen más del 90% de la estructura productiva vitivinícola argentina, complementa o modifica el viejo Tratado Interprovincial firmado el 17 de noviembre de 1994 por los Gobernadores de aquel entonces.
Por tanto, lo primero que debemos resaltar es que después de 23 años, la política de diversificación vitivinícola fue modificada y actualizada por acuerdo de ambas Provincias.
Las novedades que incluye el nuevo acuerdo se pueden resumir en los siguientes puntos:
San Juan reconoció, definitivamente, que exportar vinos también es diversificar, ya que contribuye a equilibrar los stocks vínicos. Política que venía sosteniendo Mendoza desde el año 2000.
Sin embargo, se agregó que los mecanismos de incentivos a las exportaciones serán netos de las importaciones que realice cada uno de los establecimientos vitivinícolas.
Es decir que, desde ahora en más, importar vino no va a ser “gratuito” a los fines de la política de diversificación interprovincial.
Se reconocieron otros mecanismos de diversificación además del mosto y la exportación de vinos, según el perfil productivo de cada provincia. En el caso de Mendoza, se incluyó explícitamente la fabricación de vinagres y/o la destilación de vinos, entre otros.
Se dejó en claro la necesidad de promover la reconversión productiva hacia variedades consideradas más aptas para las diferentes situaciones de mercado, así como el uso alternativo de la tierra para otros cultivos.
Para el caso de Mendoza, concretamente, esto significa que los productores que reconviertan viñedos de uvas rosadas hacia variedades tintas de calidad enológica, tendrán un crédito fiscal a los fines de la política de diversificación, siempre y cuando el INV lo certifique.
Las provincias se comprometieron a fomentar, a través de aportes de fondos de distintas fuentes, el desarrollo de actividades tendientes a generar una oferta más diversificada de productos derivados de la viticultura, un mejor posicionamiento de los productos en los mercados interno y externo, entre otros objetivos.
Aquí debemos destacar la voluntad del Gobierno sanjuanino para aportar recursos y alinearse con Mendoza en los trazos gruesos de la política vitivinícola: reconversión productiva y promover las ventas, sobre todo, en el mercado externo. Dichos fondos serán definidos y aportados con la firma anual de cada acuerdo.
Por tanto, se continúa con la política de diversificación para equilibrar los stocks vínicos iniciada en 1995, sólo que ésta vez los establecimientos vitivinícolas podrán usar un set de opciones para cumplimentar con la señal económica, ya que podrá optar por elaborar el mosto, exportar vinos, destinar vinos a las fábricas de vinagre, destilar vinos y cualquier otro destino que no sea elaborar vinos cuyo destino sea el mercado interno.
Cuando el volumen de mosto elaborado a nivel provincial supere la pauta diversificadora del año, en dicha provincia no se realizará un control por bodega.
Esto “blanquea” lo que ha venido haciendo San Juan desde el inicio del Acuerdo. Caso contrario, se deberá realizar un control por bodega o establecimiento vitivinícola.
Los establecimientos vitivinícolas que no alcancen la pauta diversificadora, tal cual como venía ocurriendo durante la historia del acuerdo, deberán pagar una contribución obligatoria, sólo que esta vez será por quintal de uva vinificado con destino al mercado interno y, dichos fondos, serán destinados a la promoción de los mercados y a la diversificación productiva. Esto último es un cambio sustancial porque hasta ahora se pagaba por quintal de uva vinificado.
También se contempla la posibilidad, si los Poderes Ejecutivos así lo deciden dadas las circunstancias de un año, que las contribuciones obligatorias puedan ser cobradas en vino de “libre circulación” cuyo destino será la desnaturalización inmediata.
Se deja expresamente aclarado que, de no existir acuerdo entre los Gobernadores, el porcentaje a diversificación que rige es el 20%.
En suma, la actualización del Acuerdo Interprovincial deja viejas antinomias en el recuerdo, para poner proa hacia los objetivos comunes compartidos por la gran mayoría de los actores de la industria y sus líderes políticos.