“No hace falta pensarlo demasiado. Hay que gravar con impuestos el ingreso de cerveza producida fuera o dentro de la provincia”, comentaba un influyente bodeguero sanjuanino en el despacho de un ministro.
Foto:
“No hace falta pensarlo demasiado. Hay que gravar con impuestos el ingreso de cerveza producida fuera o dentro de la provincia”, comentaba un influyente bodeguero sanjuanino en el despacho de un ministro.
Él había sido elegido para hacer lobby en los círculos del poder de esa provincia a fines de la década del ‘30. Es que los empresarios vitivinícolas buscaban con el impuesto, entre otras cosas, frenar el consumo de cerveza. Venían tratando que distintos gobiernos aprobaran el gravamen pero no lo conseguían.
Por esos días la prensa se hizo eco de lo que ocurría. El 21 de febrero de 1929, Los Andes publicó un artículo en el que se criticaba la creación del impuesto debido a que se obstaculizaba la libertad de comercio.
El artículo no tiene desperdicio, debido a que trata problemas y debates que se han potenciado en la industria vitivinícola a través del tiempo. En el texto se indica que uno de los argumentos para cobrar el impuesto era que “el vino sufriría, por la concurrencia de una bebida más económica como la cerveza, una competencia ruinosa que habría de reflejarse en la economía provincial”.
Si bien esa situación es expuesta para descalificar la fundamentación del impuesto, se destaca también que “si algo precisa la industria vitivinícola para mejorar sus condiciones, es la competencia que la obligará algún día a fabricar un artículo de inobjetable calidad”.
Hace 85 años, en la prensa y en pleno debate por la aplicación del impuesto a la cerveza se decía que “vino y cerveza no son en la práctica bebidas similares, de tal modo que al bebedor de vino se le pueda convertir, por razones de economía en el precio, a usar cerveza; al que consume ésta, sería difícil hacerlo evolucionar hacia el vino.
Ello no implica que la cerveza, por otras razones, no pueda con el tiempo extender sus dominios, sobre todo en base a las nuevas generaciones, pero obra de inteligente comercio será la de prever el caso manteniendo la predilección del jugo de la uva cosa que, como decimos, ha de fundarse más que nada en la calidad, único medio efectivo de defender al vino”.
En 1929, también los problemas de precio y stock se hicieron sentir. Es que en 1927 una fuerte helada disminuyó la producción y los precios subieron. Así, en 1929 las existencias aumentaron fuertemente y su valor cayó debido a que se elaboró más de lo que se consumía.
El consumo per cápita era de casi 60 litros. Más tarde, la crisis mundial del ‘30 también tendría su impacto recesivo en la economía local y la industria vitivinícola sintió el golpe: el consumo de vino en 1932 bajó a 35 litros per cápita, según indica Verónica Patricia Ferro en su libro sobre los efectos económicos de la crisis mundial de 1929, en la provincia de Mendoza y las consecuencias en la industria vitivinícola.
Sabemos también que por esos años había otro problema que sería clave en esta batalla: la adulteración del vino. Varios artículos se publicaron en la prensa explicando que el vino mendocino, cuando se comercializaba en Buenos Aires y en otras provincias, era considerado “un brebaje ordinario y peligroso a la salud”.
Un editorial de Los Andes indicaba además que “esos brebajes son más caros”. Destacaba que en Mendoza hay “industriales honestos” que elaboran “vino bueno” pero el accionar de los “desdobladores” y también de “intermediarios y revendedores, cometen las desnaturalizaciones con toda impunidad”, produciendo así el auge “de los vinos extranjeros” y se reclamaba que la Administración de Impuestos Internos cumpliera su rol de “policía del vino” para evitar adulteraciones.
Los cerveceros no tardaron en reaccionar, amenazados con la aplicación de un impuesto que, si bien sería instrumentado sólo en San Juan, por la cercanía y por ser provincia vitivinícola también, podía extenderse rápidamente a Mendoza. Así fue como decidieron apuntarle fuerte al talón de Aquiles de la vitivinicultura: la calidad de los vinos y los problemas de adulteración. ¿Cómo lo hicieron? Con publicidad.
La página que ilustra este texto no deja dudas. Los cerveceros buscaban sacar consumidores al vino y jugaron fuerte para ir alcanzando el objetivo. En la publicidad se muestra la certificación de los análisis oficiales de la oficina química nacional en la que señalan que las cervezas Andes y Cóndor eran un producto “genuino apto para consumo”.
También señalaban que “solamente con el empleo de cebada cosechada en la provincia de Mendoza se obtiene un producto de tan alta calidad y pureza” y destacaban que: “La agricultura mendocina se ha enriquecido con una nueva rama: el cultivo de la cebada cervecera que es empleada exclusivamente en la elaboración de las insuperables cervezas Andes blanca y Cóndor negra”. Esa empresa había comenzado a funcionar en Mendoza en 1921.
Por esos años, en nuestra provincia había 4.781 hectáreas cultivadas con cebada cervecera, casi nada frente a las 80.300 de vid para vinificar. De todas formas, esa cantidad de hectáreas con cebada de cerveza es la que hoy ocupan los cultivos de pera (4.193 hectáreas), la fruta fresca más exportada por Mendoza en valor FOB. ¿Qué pasó después con el cultivo de cebada? Fue bajando y hoy es inexistente. El último registro es de 2002 y sólo había 11 hectáreas según el Censo Agropecuario.
A 85 años de esa “batalla” la industria todavía se encuentra resistiendo los embates de la cerveza y tratando de que el consumo de vino se recupere con fuerza. Hoy el consumo de vino llega a los 25 litros per cápita después de haber llegado a los 80 litros en la década del ‘70. Los hombres del ‘30 entendían que, con inteligencia, había que evitar que la cerveza sacara consumidores al vino. La calidad sin dudas aumentó, pero el consumo, por distintos motivos, bajó.