Prescripción para el caso Bolognezi

Han pasado más de 13 años desde la noche del crimen de José Luis Bolognezi y la causa finalmente prescribió. Vencidos los plazos legales, el caso fue cerrado por la Justicia sin que se hubiese logrado dar con el culpable, y a esta altura nunca se sabrá con seguridad quién mató a 'Kote' Bolognezi, el joven de 19 años cuyo cuerpo apareció semidesnudo en un baldío de San Martín en la madrugada del 14 de setiembre de 2002.

Efectivamente, la Cámara del Crimen de San Martín notificó durante los últimos días la prescripción del caso policial más famoso de la zona Este, que entra así en la historia de la impunidad. Para la prescripción de la causa la Justicia tuvo en cuenta el último "acto útil" que se realizó en el expediente, o sea, la primera fecha de elevación a juicio (año 2009) y puesto que el Código Penal establece como plazo para la prescripción de una causa el máximo de años de la pena por el delito cometido (en este caso homicidio en agresión), ese tiempo se cumplió a los seis años.

"Para que haya impunidad se requiere, por lo menos, la convergencia de tres factores: actores con poder interesados en obtenerla; un Estado permeable o débil a ese embate, y tolerancia social hacia ese abuso de poder", comentó a Los Andes el juez Eduardo Orozco, que presidió el largo debate que demandó ocho meses de audiencias, el desfile de casi 300 testigos y que terminó con la absolución de los dos imputados por el beneficio de la duda: "A mi criterio, había pruebas que explicaban cómo, dónde y en qué circunstancias murió Bolognezi.

Lo detallé en la sentencia y expliqué también las fuerzas que operaron para proteger a quienes tenían responsabilidad en este hecho.

"Los organismos internacionales tendrán ahora la última palabra -agregó el magistrado-. Sin perjuicio de ello, la prescripción del homicidio de un joven humilde es en sí mismo una pregunta abierta a la sociedad, por sus valores e idiosincrasia, y a quienes la hicieron posible (policías, fiscales y jueces) por sus razones o motivaciones".

Ahora, la familia Bolognezi apelará a fueros internacionales para buscar un resarcimiento económico del Estado, argumentando la pésima investigación que se hizo del caso.

"Hubo irregularidades y connivencias entre policías, jueces y fiscales que actuaron durante la instrucción de este hecho", aseguró Lucas Lecour, abogado de la familia Bolognezi. "Eso constituyó una violación al derecho a la verdad que tienen las víctimas, una irregularidad que quedó reconocida en la sentencia, y es por eso que estamos armando una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que los Bolognezi tengan al menos una reparación económica por parte del Estado".

"Actuaron para proteger a los criminales"

Lecour afirmó: "No estaríamos ante la violación de ningún derecho si se hubiese investigado con seriedad, pero acá ocurrió lo contrario: jueces, fiscales y policías actuaron en la instrucción para proteger a los autores del crimen".

El querellante explicó que la petición ante los organismos internacionales será "un proceso lento", que podría extenderse por, al menos, cuatro años.
Bolognezi apareció muerto minutos después de las 7 de la mañana del 14 de setiembre de 2002, en un baldío cercano al club San Martín.

Su cuerpo estaba golpeado, aunque las pericias determinaron que la muerte no fue producto concreto del ataque, sino de una deficiencia cardíaca que se complicó con la agresión.

Desde el comienzo, el caso despertó el repudio de la sociedad sanmartiniana, que organizó una docena de marchas, algunas de ellas multitudinarias, pidiendo justicia. Inicialmente hubo cuatro acusados pero dos de ellos fueron absueltos y a debate llegaron Abdo Girala (31) y el ex boxeador Carlos 'Metralleta' Pérez (50), acusados por el delito de homicidio en agresión.

Dos juicios

Hubo dos juicios. El primero, en 2009, terminó con la absolución de los imputados, aunque la Corte revocó ese fallo y ordenó un segundo debate, que arrancó en 2013 y se extendió por ocho meses. Al cierre de este juicio, en su alegato, el fiscal Fernando Guzzo retiró la acusación que pesaba sobre Pérez y Girala, por considerar que no habían pruebas suficientes. "La única certeza en todo el juicio ha sido la duda", resumió entonces.

Debilitada, la querella pidió una condena de cuatro años y el tribunal integrado por Viviana Morici, Ariel Spektor y presidido por Eduardo Orozco absolvió a los acusados por el beneficio de la duda, aunque no tuvieron la misma sentencia, ya que mientras la absolución resultó unánime para Pérez, hubo un voto en disidencia, condenatorio, el de Orozco, para el caso de Girala.