En medio de un clima de zozobra, el gobierno de Brasil trabaja contrarreloj para blindarse contra un movimiento opositor que busca someter a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.
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En medio de un clima de zozobra, el gobierno de Brasil trabaja contrarreloj para blindarse contra un movimiento opositor que busca someter a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.
Tras una mañana de ayer cargada de rumores, el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, quien debe decidir si da lugar a un pedido de juicio político contra la mandataria respaldado por el principal partido de la oposición, el PSDB, por irregularidades en el manejo de las cuentas públicas, dio una bocanada de oxígeno al gobierno al postergar su pronunciamiento para la semana próxima.
"Va a esperar hasta la semana que viene para poder tomar la decisión", dijo un asesor de prensa de la Presidencia de la Cámara.
El PSDB (centro), derrotado ajustadamente por Rousseff en las elecciones de hace apenas un año, es el mayor sostén político de un pedido presentado por juristas para someter a la mandataria a un proceso de destitución, iniciativa que también es respaldada por otros partidos y activistas de la sociedad civil.
El gabinete de ministros trabajó desde temprano ante la inminencia de que Cunha aceptara la solicitud de “impeachment”, pero el diputado decidió demorarlo a pedido de los propios denunciantes que optaron por hacer una nueva presentación ampliada este viernes próximo.
La demanda contra Rousseff se basa en presuntas violaciones a las leyes que rigen la administración pública, una tesis que ganó fuerza luego de que la auditoría de la República considerara que el gobierno maquilló las cuentas públicas del 2014 para dar idea de una mejor gestión.
“El juicio político es una cuestión jurídica. Brasil no puede resolver sus cuestiones políticas con la ruptura institucional. El juicio político sólo se justifica si hay fundamento jurídico, y no hay fundamento jurídico”, dijo el ministro portavoz de Rousseff, Edinho Silva, luego de una serie de reuniones en Brasilia.
El mercado reaccionó negativamente a la tensión política y la bolsa cayó 4% en su peor día del año. El real retrocedió 3,47%.
Con apenas un 10% de apoyo a su gestión en las encuestas, Rousseff quedó precozmente fragilizada por una recesión económica, por las revelaciones de una gigantesca trama de corrupción en Petrobras que salpican al PT y por la incapacidad del gobierno para articular una base robusta de legisladores en una democracia estructurada en torno a alianzas parlamentarias.
