La ley impulsada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, fue aprobada de manera definitiva por el Senado de Mendoza
Demolición de un aguantadero en Guaymallén. Archivo/Imagen ilustrativa
Foto:
Prensa Gobierno
El Senado de Mendoza aprobó por amplia mayoría la “Ley Antiaguantaderos”, que habilita al Estado provincial a actuar de manera preventiva sobre propiedades abandonadas, deterioradas, usurpadas o utilizadas para la planificación, ocultamiento o comisión de delitos.
La norma, impulsada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, crea un Régimen Provincial de Intervención Preventiva Administrativa sobre Inmuebles con fines de seguridad pública y ciudadana.
La iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, fue aprobada por 33 votos afirmativos y solo dos negativos, correspondientes al bloque Fuerza Patria que la consideró "innecesaria". De esta manera, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La ley toma como antecedente el protocolo de intervención preventiva administrativa que aplica el Ministerio de Seguridad y Justicia desde octubre de 2025 y busca transformar esa experiencia en una política pública respaldada por una norma provincial.
Durante el tratamiento en el recinto, el senador David Sáez (UCR), miembro informante del proyecto, explicó que el régimen permitirá adoptar medidas administrativas de carácter preventivo, provisional, temporal y proporcional sobre inmuebles que representen un riesgo para la seguridad pública o la convivencia ciudadana.
De acuerdo con la iniciativa, el Ministerio de Seguridad y Justicia será la autoridad de aplicación y podrá disponer, mediante una resolución fundada, intervenciones sobre propiedades utilizadas para el acopio, fraccionamiento o comercialización de estupefacientes, la planificación o ejecución de delitos.
También podrán ser alcanzados aquellos inmuebles que, por su estado de abandono, deterioro o destrucción, representen un peligro para terceros o puedan ser utilizados para actividades delictivas.
Entre las medidas previstas se encuentran el tapiado o cerramiento de accesos, la clausura parcial o total del inmueble y, cuando resulte indispensable por razones de seguridad, la demolición controlada de sectores o de la totalidad de la propiedad.
El régimen establece que las intervenciones no tendrán carácter sancionatorio ni implicarán una afectación al derecho de propiedad. La finalidad será preservar los inmuebles, impedir que sean utilizados para actividades ilícitas y reducir los riesgos para la comunidad.
La nueva ley establece un procedimiento administrativo que deberá estar respaldado por informes técnicos y policiales, además de actas y notificaciones a los propietarios.
Los titulares de los inmuebles podrán presentar oposición y solicitar mecanismos de revisión de las medidas adoptadas. Las intervenciones podrán iniciarse de oficio o a partir de solicitudes de vecinos, municipios, organismos públicos o privados, así como también por requerimiento judicial.
Además, la norma contempla un régimen especial para los casos en los que exista un riesgo grave e inminente para las personas o la seguridad pública, lo que permitirá adoptar medidas de manera inmediata.
Sáez destacó que, cuando un inmueble se encuentre ocupado de manera permanente por personas, la situación deberá ser puesta en conocimiento de la Justicia, debido a que la intervención puede involucrar derechos que requieren una resolución judicial.
En ese sentido, remarcó que el régimen no habilita desalojos administrativos. Cuando existan personas ocupando una propiedad, deberá intervenir la Justicia y se prevé también la articulación con el Ministerio Público Fiscal.
La propuesta contempla, además, la participación de los municipios mediante convenios de cooperación y la coordinación con otros organismos públicos y privados.
Entre las disposiciones de la nueva ley también se encuentra la creación de un Registro Provincial de Inmuebles Intervenidos Preventivamente. El registro tendrá carácter reservado y permitirá realizar un seguimiento de las propiedades alcanzadas por las distintas medidas previstas en el régimen.
Con esta nueva herramienta, el Gobierno provincial busca actuar con mayor rapidez frente a inmuebles que generen riesgos, evitar que sean utilizados para actividades delictivas y frenar su deterioro.
Con la sanción definitiva en el Senado, Mendoza contará con un régimen legal específico para intervenir de manera preventiva sobre propiedades que puedan afectar la seguridad pública y la convivencia ciudadana, con la posibilidad de avanzar incluso con su demolición cuando las condiciones de seguridad así lo requieran.
