La Camára de Senadores aprobó el convenio por 25 votos contra 11. Radicales, libertarios, demócratas y el PRO acompañaron la iniciativa.
El Senado convirtió en ley el convenio que compensa acreencias entre Mendoza y el Gobierno nacional. La oposición rechazó el acuerdo.
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La Cámara de Senadores dio este martes sanción definitiva al acuerdo entre la Provincia y la Nación para compensar deudas y acreencias cruzadas. El oficialismo necesitaba una mayoría especial de dos tercios y alcanzó justo los 25 votos necesarios, frente a 11 rechazos.
La ratificación fue posible con el acompañamiento de los bloques de la Unión Cívica Radical, La Libertad Avanza, el Partido Demócrata y el PRO. En contra votaron el peronismo, el kirchnerismo y La Unión Mendocina. El senador de Podemos - Encuentro Peronista, Diuilio Pezzutti, fue el único ausente.
De esta manera, el proyecto enviado por el gobierno de Alfredo Cornejo completó su recorrido legislativo después de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados.
Con la sanción quedó autorizado el convenio firmado entre Cornejo y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que contempla obligaciones de Mendoza por unos $333.434 millones y acreencias reconocidas a favor de la Provincia por $121.282 millones. Tras la compensación, queda un saldo cercano a los $212.152 millones que Mendoza deberá cancelar con el Estado nacional.
La necesidad de reunir los dos tercios le dio un condimento adicional al tratamiento en el Senado. El radicalismo y sus aliados contaban con los votos para alcanzar la mayoría especial, aunque sin margen para perder respaldos. Finalmente, los 25 acompañamientos permitieron aprobar el convenio con el número exacto requerido.
La votación volvió a mostrar las diferencias que ya habían aparecido durante el tratamiento en Diputados. El oficialismo defendió las condiciones financieras alcanzadas y el reconocimiento de fondos que Mendoza reclama a Nación, mientras que desde la oposición cuestionaron la valuación de las deudas y, principalmente, el desistimiento de dos demandas que la Provincia mantiene ante la Corte Suprema de Justicia.
La sesión tuvo además una particularidad. Ante la ausencia de la vicegobernadora Hebe Casado, quien se encuentra a cargo del Ejecutivo por el viaje de Cornejo a Buenos Aires, la conducción quedó en manos del presidente provisional del Senado, Martín Kerchner.
Durante el debate, el radical pidió un cuarto intermedio y cedió momentáneamente la presidencia al peronista Mauricio Sat para regresar a su banca y defender el proyecto. Luego retomó la conducción para realizar la votación.
Kerchner sostuvo que el convenio resulta favorable para las cuentas provinciales y remarcó que la obligación que Mendoza mantiene con Nación tiene vencimiento durante este año.
"Desde el punto de vista financiero es favorable este convenio. Es una compensación de posiciones patrimoniales", afirmó el senador radical. Además, señaló que el acuerdo fue sometido a informes financieros, económicos y jurídicos antes de llegar a la Legislatura.
Uno de los argumentos centrales del oficialismo fue el esquema financiero utilizado. La deuda provincial se originó en anticipos de coparticipación otorgados por Nación a una tasa anual del 15%. Según los cálculos expuestos durante el tratamiento legislativo, las condiciones acordadas representan un beneficio financiero para Mendoza cercano a los $7.700 millones.
Kerchner también destacó el reconocimiento de $80.000 millones correspondientes a obras sobre rutas nacionales que quedaron bajo responsabilidad de Mendoza. Se trata de trabajos sobre la Ruta Nacional 40, en el Acceso Sur, y la Ruta Nacional 143, entre Pareditas y San Rafael.
El legislador aseguró que el acuerdo no implica que Mendoza abandone la posibilidad de reclamar fondos por inversiones realizadas sobre infraestructura que corresponde a la jurisdicción nacional. "Nunca cerramos la posibilidad de reclamar ese dinero que hemos invertido en obras públicas nacionales", sostuvo.
La Libertad Avanza también acompañó la iniciativa. Su presidente de bloque, Lucas Fosco, destacó la tasa del 15% anual y el cronograma de pagos acordado con Nación, además de los recursos vinculados a las obras viales.
"Este acuerdo transforma créditos abstractos en infraestructura concreta", señaló Fosco, quien consideró que la ratificación permite otorgar previsibilidad a las cuentas provinciales.
El peronismo, el kirchnerismo, el Partido Verde y La Unión Mendocina rechazaron el proyecto. Buena parte de las críticas estuvieron concentradas en las condiciones utilizadas para compensar las acreencias y en las demandas judiciales que Mendoza deberá abandonar como parte del convenio.
La presidenta del bloque justicialista, Adriana Cano, sostuvo que la deuda provincial fue actualizada mientras que los créditos reclamados a Nación fueron considerados a valores nominales. Para la legisladora, esa diferencia perjudica los intereses económicos de Mendoza.
"Acá no hay compensación, acá hay subordinación", afirmó Cano. También cuestionó que el Gobierno haya acordado desistir de dos acciones judiciales contra el Estado nacional.
Una de ellas está relacionada con las modificaciones realizadas en 2023 al Impuesto a las Ganancias, durante la gestión de Alberto Fernández, que afectaron los recursos coparticipables que recibían las provincias. La otra corresponde a la eliminación del Fondo Federal Solidario (Fofeso), dispuesta en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.
Ambos reclamos habían llegado a la Corte Suprema. El Gobierno provincial sostiene que se trata de pretensiones cuyo resultado judicial no estaba asegurado y que su incorporación a la negociación permitió obtener reconocimiento de otras acreencias.
Cano rechazó ese argumento y señaló que no podía asegurarse que las demandas estuvieran perdidas. También cuestionó que esas dos causas fueran incluidas en la negociación mientras otros litigios de Mendoza quedaron afuera.
En la misma línea se expresó Félix González, presidente del bloque Frente Patria, quien sostuvo que las demandas que serán desistidas no fueron cuantificadas dentro de la compensación.
"En el medio de esas compensaciones cruzadas estamos renunciando a dos juicios que no están de ninguna manera valorizados dentro de esta acción", planteó. También cuestionó que la Provincia esté financiando intervenciones sobre rutas nacionales mediante recursos provenientes del Fondo del Resarcimiento.
González puso además el foco en los recursos que Mendoza aporta mediante el impuesto a los combustibles y reclamó una mayor transferencia de esos fondos para el mantenimiento de las rutas. Según los números que expuso durante la sesión, la Provincia aportaría al sistema vial integrado cerca de $4.000 millones mensuales.
El convenio forma parte del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas creado por el Gobierno nacional para ordenar deudas y acreencias entre Nación y las provincias.
En el caso de Mendoza, el punto de partida son aproximadamente $333.434 millones que la Provincia debe devolver por anticipos de coparticipación recibidos durante 2026. Frente a ese pasivo, Nación reconoció alrededor de $121.282 millones en obligaciones a favor de Mendoza.
Entre esas acreencias están los $80.000 millones vinculados a obras sobre las rutas nacionales 40 y 143, además de otros conceptos relacionados con viviendas y compromisos asumidos en acuerdos fiscales anteriores.
Luego de realizar la compensación, Mendoza deberá afrontar un saldo aproximado de $212.152 millones. El oficialismo sostiene que el mecanismo permite reducir una obligación que vencía este año y hacerlo bajo condiciones financieras más convenientes que las disponibles en el mercado.
La iniciativa había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados el 26 de agosto, con 34 votos afirmativos y 10 negativos. Este martes, el Senado completó la ratificación con los 25 votos que exigía la mayoría especial de dos tercios.
