Mientras la Ley de Emergencia en Discapacidad está vigente pero el gobierno nacional no la aplica, el Congreso avanzó en la media sanción de otra norma, promovida justamente por el mismo.
Con una amplia mayoría y tras arduas negociaciones, la Cámara Baja dio media sanción al proyecto promovido por el gobierno. Las organizaciones siguen alertas.
Con 237 votos a favor, Diputados aprobó una nueva ley de protección social para personas con discapacidad.
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Diputados Argentina
Mientras la Ley de Emergencia en Discapacidad está vigente pero el gobierno nacional no la aplica, el Congreso avanzó en la media sanción de otra norma, promovida justamente por el mismo.
En una jornada marcada por intensas negociaciones en los pasillos del Congreso y la movilización activa en las calles, la Cámara de Diputados dio un paso determinante al dar media sanción a una nueva Ley de Discapacidad.
Con un respaldo de 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, la iniciativa cosechó una amplia mayoría producto del consenso alcanzado entre La Libertad Avanza (LLA), Unión por la Patria (UxP) y diversos bloques dialoguistas. Tras la media sanción, el proyecto pasa ahora al Senado para su tratamiento definitivo.
Según sostienen sus defensores, la propuesta, denominada formalmente Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, busca dar previsibilidad al sector al transformar en medidas de carácter permanente distintas protecciones que, hasta el momento, solo estaban contempladas dentro de la ley de emergencia. El texto final fue acordado por el oficialismo junto al presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, e introdujo diversas modificaciones surgidas en las rondas de negociación parlamentaria que el oficialismo propició para garantizar su acompañamiento.
Durante la jornada previa a la votación, representantes de Unión por la Patria mantuvieron reuniones clave con organizaciones del sector para evaluar si acompañaban el dictamen de mayoría o si insistían con su propuesta original de prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Finalmente, la bancada opositora optó por dar su apoyo al proyecto tras la incorporación de los cambios solicitados.
El colectivo de personas con discapacidad lleva adelante una histórica lucha por la efectivización de sus derechos y, de manera muy marcada en el último tiempo, por la aplicación efectiva de la norma vigente. En el marco del debate legislativo, organizaciones del sector se movilizaron a las puertas del Congreso.
Tras confirmarse la aprobación en la Cámara Baja, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad difundió un comunicado para fijar su postura sobre el alcance de la medida:
"Pasada la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley de Discapacidad y desde el Foro Permanente Para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, consideramos que es un paso importantísimo, fruto de la lucha, la presión y la organización del colectivo de la discapacidad."
En el documento, las organizaciones repasaron el trasfondo de los cambios logrados en el recinto: "En la previa de la sesión de ayer, el dictamen de mayoría del oficialismo carecía de lo necesario para equiparar los derechos que había otorgado la Ley de Emergencia, pero al momento de la votación, el trabajo de las organizaciones logró que se escucharan los reclamos y el diálogo entre distintos bloques legislativos permitió alcanzar un acuerdo que incorpora demandas fundamentales”.
A su vez, expresaron su reconocimiento a las bancadas que facilitaron el consenso: al agradecer a todos los diputados y diputadas que apoyaron el dictamen con las modificaciones propuestas, en especial a Oscar Herrera Ahuad, a Karina Banfi, a Oscar Zago, a Esteban Paulón, a Karina Maureyra, a Juan Marino, a Sabrina Selva, a Victoria Tolosa Paz y a Eduardo Valdés.
Finalmente, de cara al debate que se avecina en la Cámara Alta, el colectivo remarcó que mantendrá la guardia alta: "Aún falta la aprobación del Senado y queda mucho por resolver. La emergencia no está superada: necesitamos garantías de cumplimiento efectivo de los derechos, financiamiento adecuado, pago de las deudas con los prestadores, acceso a medicamentos y políticas y programas de atención para quienes siguen sin cobertura en distintas provincias”.
Y concluyeron: "Este avance es fundamental. La lucha continúa hasta que los derechos se garanticen efectivamente. Senadores, esperamos contar con su apoyo",
El proyecto preserva buena parte de los beneficios contemplados en la Ley 27.793, pero elimina su impronta de emergencia y transitoriedad para instaurar un régimen permanente y de orden público.
Entre sus principales disposiciones se destacan:
Pensión y empleo formal: Mantiene la compatibilidad entre el cobro de la pensión no contributiva por discapacidad —equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo— y el ejercicio de un empleo formal o el registro en el monotributo, fijando como tope que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Aranceles y actualización: Conserva el nomenclador único de prestaciones y fija la actualización automática y periódica de sus aranceles a través del índice de movilidad jubilatoria, atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Cobertura de salud: Garantiza la cobertura médica básica del Plan Federal Incluir Salud para todas las personas titulares de pensiones por discapacidad.
Garantía presupuestaria: Establece que la asignación de recursos destinados al Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la partida ejecutada en el ejercicio fiscal anterior.
Auditorías y debido proceso: Crea un sistema de auditorías periódicas articulado mediante el cruce de datos entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo. Asimismo, concede un plazo de 160 días para que las personas observadas por inconsistencias puedan ejercer su derecho a descargo antes de la suspensión del beneficio.
Deuda con prestadores: Como resultado de los acuerdos parlamentarios, se fijó que el Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar, en un plazo máximo de 30 días, un cronograma oficial para cancelar las compensaciones atrasadas a los prestadores de servicios.
