Historias de mendocinos que reflejan por qué la pensión de $370.000 no alcanza ni para lo básico.
Recortes y discapacidad: el Gobierno nacional buscó aplicar recortes en el sector de la discapacidad y generó más preocupación en los beneficiarios. | Imagen creada con IA
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La intención del Gobierno nacional de aplicar recortes en el sector de la discapacidad volvió a poner en la mira la realidad de este colectivo que viene batallando desde hace muchos años por sus derechos y su dignidad. El gobierno nacional había presentado un proyecto de presupuesto 2027 en el que, entre otras cosas planteaba la incompatibilidad de la pensión que reciben estas personas con un trabajo registrado. Es decir que quienes tuvieran uno no podrían tener el otro.
Los que pusieron el grito en el cielo no fueron solo los afectados, sino además legisladores propios y ajenos que reconocieron lo inadecuado de la medida.
Ante la imposibilidad de lograr adhesión para la aprobación, el Gobierno terminó cediendo a una propuesta alternativa y así se logró mantener gran parte de lo vigente. En ese marco, las personas con discapacidad podrán seguir cobrando su pensión que será compatible con un trabajo registrado siempre y cuando los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Habrá que ver cómo sigue mientras que lo cierto es que no es la primera vez que el gobierno nacional busca avanzar en ese sentido y por lo tanto, probablemente tampoco sea la última. Para muestra, ya está la batalla por la Emergencia en Discapacidad.
El asunto es qué pasa en el plano de la realidad cotidiana de estas personas. Podrían vivir solo con el empleo o solo con la pensión. Pero aun cobrando ambos, la pregunta es si es suficiente. Más en un contexto de deterioro del poder adquisitivo y que impacta duramente en estas personas, que tienen necesidades que otros no y cuyo costo de vida suele ser más elevado.
Gabriela Alanís (55) tiene una patología degenerativa que le hace perder la visión: retinosis pigmentaria. Hasta hace algunos años podía trabajar como cualquier persona pero desde 2005 su afectación ha sido tanta que todo comenzó a complicarse. Desde ese entonces no logró que nadie más le diera un empleo formal y permanente. Ha tenido la posibilidad de hacer algunas cosas eventuales pero siempre sin registrar y con pagas mínimas.
“Se cierran las puertas cuando tenés alguna limitación, una discapacidad. En este momento estoy dando clases de Braille en un programa de la municipalidad y estoy estudiando en la universidad, profesorado pedagógico para personas con discapacidad visual”, relató.
Cobra una pensión contributiva, “pero no alcanza para vivir, la verdad que no”, apunta.
Más aún, asegura que cada vez le alcanza menos y que, de hecho, con su esposo están altamente endeudados solo con los costos de la supervivencia básica. Lo que cobró el último mes son $350.000.
“Tengo a mi esposo que trabaja, entonces él se hace cargo de los gastos más grandes, pero, mi pensión me alcanzaría casi solamente para los medicamentos”, explica. Es que la realidad es que tiene varias patologías entre ellas artritis reumatoidea, hipertensión, diabetes lo cual la lleva a tomar 17 comprimidos por día. Como le está pasando a todo el mundo, la cobertura no es total y es cada vez menor por lo que este mes gastó $200.000.
A medida que avanzó su problema visual, dejó de poder ver con poca luz. Eso ha hecho que en su casa las luces de donde ella está tengan que estar prendidas desde que se levanta hasta que se acuesta, incluso para cocinar enciende tres. Cuando la mayor parte de la población hace malabares para pagar los servicios, en esta casa estos se han vuelto impagables. Pero no hay forma, necesita la luz para seguir andando. Incluso para poder estudiar debió comprarse una lámpara con un foco muy intenso lo cual también le genera más gasto. Por lo mismo, por la tarde cuando ya no hay mucha luz, o si tiene que ir a pocas cuadras con calles muy transitadas, no le queda otra que pedir un auto y pagar el traslado.
Los análisis y relatos de referentes del sector, así como de los propios protagonistas, coinciden: no alcanza con la pensión y, usualmente, ni con trabajo (los que tienen).
Quizás lo más relevante de todo esto tiene que ver con el acceso al trabajo: para este colectivo, acceder a un empleo no es algo que se dé con facilidad, el sistema los excluye y los espacios de inclusión son sumamente escasos. Pero aun cuando existen, estos no suelen ser equiparables a los de cualquier persona con sus mismos derechos: en general acceden a trabajos de peor calidad y menor pago.
Lo usual es que sean trabajos no registrados, quizás alguna changa, empleos de medio tiempo o a corto plazo.
Con este criterio, se entenderá que la dependencia de la pensión es inevitable.
La pensión por invalidez no contributiva o por incapacidad laboral es el 70% del haber mínimo jubilatorio y suma los $70.000 del bono que también se otorga a los jubilados y está congelado desde que se implementó en marzo de 2024.
Con lo cual hoy ronda los $300.000, que con el bono llega a $370.000. Esto equivale a vivir con $12.000 por día para todo gasto. Como parámetro, el salario mínimo actual es de $380.000.
“Siempre es un tema de discusión: pensión por invalidez laboral -porque es así como se llama- y el trabajo en blanco. La realidad es que el costo de vida de la persona con discapacidad es elevado, ya que tiene que costearse, ya sea tratamientos, medicación o cualquier otro gasto extra como, por ejemplo, movilizarse, no siempre pueden utilizar el transporte público. No es del todo accesible la movilidad para las personas con discapacidad en general”, advirtió Nicolás Reynaga, Subdirector de Bienestar, Accesibilidad y Derechos Humanos de la Municipalidad de Mendoza y miembro de la Red Inclusión.
“Y, obviamente, los tiempos de trabajo en ciertos tipos de discapacidad, sobre todo mentales o intelectuales, no pueden ser similares a la de una jornada laboral común. Todo se reduce a jornadas especiales de trabajo. No siempre se paga lo mismo que cualquier otro puesto de trabajo”, agregó. Dijo que la mayoría de las personas con discapacidad, si entran a algún trabajo, entran a través de una beca o algún programa de gobierno, y los que quedan perciben sueldos básicos.
Para Reynaga, uno de los referentes del colectivo en Mendoza, claramente, con eso no pueden vivir. “Y si no les permitís un trabajo en blanco, que es a lo que apunta cualquier política pública honesta, de cualquier oficina de discapacidad u oficina de empleo, que es insertar a la persona con discapacidad en cualquier espacio laboral, si le quitás la pensión con todo lo que te conté recién, es complejo poder costearse la vida de manera autónoma e independiente. En realidad, a las personas con discapacidad la pensión no les alcanza para absolutamente nada”, resaltó.
“No se trata de decir, bueno, démosle más plata a las personas con discapacidad. El sentido es que justamente que la pensión te incluya. Si la pensión es incompatible con el trabajo, las personas con discapacidad que la tienen prefieren no perder ese poco aunque sea seguro y no buscar trabajo. ¿Y qué pasa? Te termina excluyendo, conozco miles de personas deprimidas en la cama”, apuntó Juan Carlos Gonzalez Olsina, Defensor de las Personas con Discapacidad de Mendoza.
Ariel Lucero tiene 45 años. Tiene una discapacidad intelectual y además, un severo problema cardiovascular que lo afecta desde joven. Cobra una pensión jubilatoria de su papá, que falleció, pero no le alcanza. No cobra la suya porque no puede cobrar las dos y con la primera tenía la obra social. Vive con su mamá y sus hermanos y gracias a eso puede solventar gran parte de sus gastos. Es que su mamá recibe una jubilación con lo que pueden costear la vivienda.
“No se puede vivir con la pensión”, asegura. En relación al empleo, contó: “Es muy difícil porque ponen muchas trabas o tiene que ser alguien conocido”. He tenido algunas experiencias, pero siempre son trabajos de corto plazo y sin registrar”.
Por lo pronto, trabaja en la municipalidad de la Ciudad, donde hace tareas administrativas para el programa Guardianes Ambientales. Así cobra una beca que otorga la municipalidad por $120.000.
“Me gustaría conseguir un trabajo en blanco y podría ser lo de vivir solo”, asegura, pero sabe que es difícil porque necesita acompañamiento, mientras que no podría solventar eso más el costo de una vivienda propia.
La necesidad de atender mayores demandas para el cuidado de su salud, su asistencia, traslados, medicación, tratamientos, terapias, apoyos, etcétera, es sin dudas un determinante de su situación económica y su dependencia en este sentido, cuando sus ingresos son insuficientes.
González Olsina se refirió a lo que se conoce como mayor gasto por discapacidad y dijo que esto está avalado por muchos trabajos científicos.
“En todo orden de la vida, todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, gastamos más dinero para ser iguales o para hacer lo mismo”, remarcó.
“Te doy un ejemplo, vos te podés manejar y ser periodista con un teléfono común, yo para hacer lo mismo que vos, teniendo discapacidad visual, me tengo que comprar el de la manzanita, porque los demás son inaccesibles o trabajan muy mal con lectores de pantalla”, mencionó.
También se refirió a los gastos de las personas con discapacidad motriz que quizás requieran acompañantes, que tienen más gastos en movilidad para hacer las mismas cosas que otras personas porque a muchos usar el transporte público se les complica muchísimo. Y en ese mismo plano sumó que para hacer cosas suelen requerir más tiempo y es tiempo que para otras personas es productivo. “Si no es con apoyos o con tecnología que pagás, no podés estar en pie de igualdad con una persona sin discapacidad”, resumió.
Reynaga, hizo referencia a algo que de hecho afecta a la población en general: las coberturas de las obras sociales y prepagas se han ido recortando. En ese sentido, dijo que incluso aquellas que deberían estar cubiertas por el certificado de discapacidad no siempre lo están en su totalidad ni de manera parcial, y mencionó como algunos de los casos más relevantes la cobertura de operaciones y ortopedia.
