El colectivo de la discapacidad volvió a tomar la voz en un reclamo federal para pedir la extensión de la vigencia de la emergencia en discapacidad por considerar que la situación crítica para el sector persiste.
Organizaciones marcharon al Congreso por la ley con apoyo de las provincias. Alertan por aranceles desfasados, suspensión de pensiones y demoras en los pagos.
Emergencia en discapacidad: en Mendoza y el resto del país piden la prórroga de la ley hasta 2027. Imagen ilustrativa
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El colectivo de la discapacidad volvió a tomar la voz en un reclamo federal para pedir la extensión de la vigencia de la emergencia en discapacidad por considerar que la situación crítica para el sector persiste.
La movilización central fue hoy en Buenos Aires y se dirigió hacia el Congreso de la Nación, para apoyar la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Es que para la jornada hay una sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para tratar el tema.
Esta es impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad con apoyo de algunos legisladores de distintos bloques.
Organizaciones, personas con discapacidad, familias, trabajadores y prestadores se concentraron hoy para reclamar por el avance de este pedido. Desde las provincias, el colectivo acompañó el reclamo y realizó diversas acciones. En el caso de Mendoza se envió el pedido a cada uno de los diputados nacionales por la provincia, solicitándoles que acompañen la prórroga.
“Lo que estamos pidiendo no es iniciar una nueva emergencia. Estamos pidiendo que haya tiempo y decisión para cumplir efectivamente la ley que ya fue sancionada y que las medidas lleguen concretamente a las personas con discapacidad y a quienes sostienen diariamente las prestaciones”, remarcó Teresa Garzón, representante de las ONG de Mendoza ante el Consejo Federal de Discapacidad.
“Desde el Foro consideramos fundamental que el Congreso dé una respuesta frente a una emergencia que continúa materialmente y que sigue afectando a las personas con discapacidad, sus familias, las instituciones prestadoras y quienes trabajan en el sector. La emergencia no terminó. El Congreso tiene que avanzar”, remarcó la agrupación nacional.
Para los reclamantes, la convocatoria representa una nueva oportunidad para que el Congreso avance frente a una crisis que, lejos de haber terminado, continúa afectando a las personas con discapacidad, sus familias, las instituciones prestadoras y a los trabajadores del sector.
“El proyecto contempla la continuidad de las herramientas necesarias para atender la situación de emergencia y garantizar las prestaciones y apoyos que requiere el colectivo de personas con discapacidad”, señala el Foro, desde donde advierten que persisten problemáticas para la atención adecuada de las personas con discapacidad.
Algunos son reclamos que vienen desde hace años, mientras que otros surgieron o se profundizaron los últimos y, por lo cual, el colectivo viene movilizado para hacer visible su complicada situación.
En ese sentido, enumeran:
-Los aranceles están muy por debajo de lo necesario.
-Nunca se realizó el estudio de costos previsto por la ley.
-Siguen sin otorgarse pensiones por discapacidad.
-Las compensaciones de emergencia no se están pagando.
Por su parte, Garzón señaló que, además del planteo central por la prórroga, la ley está vigente y se han implementado algunas de sus medidas, pero la realidad es que su cumplimiento todavía es parcial y la situación que dio origen a la emergencia no se ha resuelto.
“Por ejemplo, se están realizando actualizaciones mensuales del Nomenclador de Prestaciones Básicas de acuerdo con el IPC, pero se aplican sobre valores que vienen con un atraso muy importante y que no reflejan el costo real de sostener las prestaciones”, señaló.
Además, sigue pendiente uno de los puntos centrales de la ley que es la compensación económica por el desfasaje sufrido por los prestadores entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Dijo que el propio Gobierno informó que se presentaron más de 21.000 expedientes para acceder a esa compensación, pero el proceso todavía no se ha traducido en el pago generalizado que las instituciones necesitan.
A esto se suman las demoras en autorizaciones y pagos de distintos financiadores. “Y detrás de todo esto no estamos hablando solamente de instituciones o de números: estamos hablando de personas con discapacidad que necesitan continuidad en sus tratamientos, de sus familias y de trabajadores que todos los días sostienen esos servicios”, apuntó.
Garzón mencionó que también hay una preocupación muy importante respecto de las pensiones no contributivas. Explicó que la Ley de Emergencia establece un nuevo régimen de protección social para las personas con discapacidad y busca dar mayor seguridad y previsibilidad en el acceso a este derecho. “Venimos de un período de auditorías, suspensiones y mucha incertidumbre para las personas y sus familias, por lo que reclamamos que la implementación de este nuevo régimen se haga con criterios claros, respetando derechos y garantizando que ninguna persona que realmente necesita esta protección quede fuera del sistema”, señaló Garzón..
Por eso -dijo- la emergencia no se trata solamente de una discusión sobre los aranceles de los prestadores. Es mucho más amplia y comprende las pensiones, el acceso y la continuidad de las prestaciones, la situación de las familias y la sustentabilidad de las instituciones que brindan los apoyos.
“La prórroga resulta necesaria también para sostener la continuidad de los servicios y proteger las fuentes de trabajo de quienes integran el sistema de atención y apoyo a las personas con discapacidad”, advierten desde el Foro. De hecho, ya hubo situaciones en Mendoza en las que los prestadores de servicios debieron suspender la atención e incluso despedir personal por la dificultad para pagar los salarios.
Los reclamos han ido escalando en cuanto al tipo de medidas. Las entidades habían iniciado a mediados de marzo acciones de cese de atención por algunas jornadas ante la falta de pagos por parte de PAMI, Incluir Salud y Obras Sociales Nacionales, algo que señalaban como inédito en el país.
En Mendoza existen 108 instituciones que forman parte del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Entre los servicios que pueden verse afectados se encuentran los centros de día o centros de vida, los centros educativos terapéuticos, las escuelas especiales, los talleres de formación laboral y el transporte que traslada a los usuarios.
