La Cámara de Diputados sesionará el miércoles con una extensa agenda que incluye propiedad privada, trazabilidad de medicamentos, vandalismo rural, discapacidad y endeudamiento familiar. El oficialismo tiene quórum garantizado y la oposición busca dar el batacazo.
Diputados: el oficialismo tiene quórum garantizado y la oposición busca dar el batacazo.
Foto:
NA
La Cámara de Diputados realizará este miércoles, desde las 12, una sesión especial con una extensa agenda legislativa que podría prolongar el debate hasta la madrugada del jueves. Con el quórum prácticamente asegurado, el oficialismo buscará defender sus dictámenes de mayoría, mientras que la oposición intentará aprovechar la discusión para avanzar con sus propias iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento familiar.
La estrategia opositora consiste en garantizar el debate una vez que La Libertad Avanza consiga abrir la sesión. “Ellos tienen que garantizar el quórum y nosotros el debate”, resumió una diputada nacional de Unión por la Patria en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas (NA).
El escenario quedó favorable al oficialismo después de que fracasara por falta de quórum la sesión impulsada por la oposición el jueves pasado. Ahora, el bloque gobernante incorporó al temario proyectos sobre discapacidad y deudas familiares que también estaban incluidos en aquella convocatoria fallida, con el objetivo de atraer a los sectores dialoguistas y reunir los apoyos necesarios para sesionar.
El debate comenzará con el proyecto proveniente del Senado sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen de expropiaciones y desalojos y ratifica la vigencia de la Ley de Tierras impulsada durante el kirchnerismo. La iniciativa incorpora una cuestión que contrasta con la postura de un Gobierno que se había propuesto eliminar regulaciones a la extranjerización de tierras.
La agenda también contempla un proyecto transversal sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, entre ellos el fentanilo, en un contexto marcado por el brote de ampollas contaminadas que provocó la última gran tragedia sanitaria. La iniciativa fue trabajada por Silvana Giudici, Victoria Tolosa Paz y la exlegisladora Mónica Fein. Además, se debatirá otra propuesta destinada a endurecer las penas por vandalismo rural.
La Libertad Avanza buscará imponer su dictamen sobre discapacidad y frenar la iniciativa opositora que propone prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. El proyecto oficialista cuenta con un dictamen acordado a partir de concesiones solicitadas por Argentina Federal y el MID, por lo que el bloque gobernante no espera mayores dificultades para defenderlo.
La propuesta incorpora el esquema de beneficios previsto en la Ley 27.793 sobre discapacidad, pero elimina el carácter de emergencia y transitoriedad para convertirlo en una ley de orden público con efectos permanentes, que excedan los mandatos de los gobiernos de turno.
En cambio, la oposición sostiene que es necesario extender la emergencia por un año más para reforzar la exigibilidad de las obligaciones ante la Justicia y acelerar la resolución de los reclamos pendientes.
Uno de los principales argumentos opositores es la existencia de 324.303 solicitudes de pensión pendientes, además de compensaciones impagas a prestadores. Según esa postura, la prórroga permitiría exigir a los jueces que resuelvan de manera perentoria los pedidos de pensión y los reclamos vinculados con las prestaciones.
Los cuestionamientos también apuntan a las condiciones de acceso a los beneficios. La oposición afirma que el proyecto oficialista mantiene separadas la pensión por invalidez laboral y la pensión por discapacidad, endurece los requisitos y delega en la reglamentación la evaluación para acceder a las prestaciones y determinar su compatibilidad con el trabajo.
Además, advierte que la iniciativa permitiría suspender pensiones sin el debido proceso, mediante simples cruces de datos. También cuestiona que no garantice el financiamiento, el pago de las deudas con los prestadores ni la actualización de los aranceles, que acumulan un atraso del 30,67%.
El bloque opositor asegura contar con el respaldo del Consejo Federal de la Discapacidad (COFEDIS), organizaciones de y para personas con discapacidad, el Foro Permanente Discapacidad, asociaciones de prestadores y transportistas y la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal. “Lo de ellos es muy regresivo, por eso las organizaciones están a favor de nuestro pedido”, sostuvo la diputada de Unión por la Patria consultada por NA.
La discusión sobre deudas familiares y morosidad presenta un panorama menos definido y constituye uno de los puntos en los que la oposición espera disputar el resultado.
El dictamen de mayoría, firmado por La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, prioriza que los usuarios reciban información detallada sobre los créditos para prevenir situaciones irregulares, pero no establece tasas máximas ni planes de refinanciación para los deudores críticos.
En contraposición, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica impulsan un proyecto denominado “ley de regularización y alivio financiero”. La iniciativa declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas para personas con una mora superior a 60 días y deudas de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2.
Ese límite equivale, según el monto consignado en la iniciativa, a 3.265.010 pesos. El proyecto opositor también establece que la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos de las personas alcanzadas por el régimen.
Con posiciones contrapuestas sobre el alcance de la intervención estatal, las condiciones de acceso a las pensiones y las alternativas para aliviar las deudas, la sesión concentrará buena parte de su discusión en las iniciativas de discapacidad y endeudamiento familiar.
