El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco (UCR), y la exsecretaria de Gobierno y diputada provincial suspendida Janina Ortiz fueron sentenciados a 3 años de prisión en suspenso por cometer corrupción en Las Heras.
El exintendente radical y su esposa fueron condenados por el delito de peculado en un juicio abreviado que duró cinco horas.
El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su esposa, la exsecretaria de Gobierno y diputada provincial suspendida Janina Ortiz, al escuchar la sentencia por delitos de corrupción este 20 de octubre de 2026
Foto:
Ramiro Gómez / Los Andes
El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su esposa, la exsecretaria de Gobierno y diputada provincial suspendida Janina Ortiz, al escuchar la sentencia por delitos de corrupción este 20 de octubre de 2026
Foto:
Ramiro Gómez / Los Andes
El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su esposa, la exsecretaria de Gobierno y diputada provincial suspendida Janina Ortiz, al escuchar la sentencia por delitos de corrupción este 20 de octubre de 2026
Foto:
Ramiro Gómez / Los Andes
El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su esposa, la exsecretaria de Gobierno y diputada provincial Janina Ortiz.
Foto:
Archivo Los Andes
El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco (UCR), y la exsecretaria de Gobierno y diputada provincial suspendida Janina Ortiz fueron sentenciados a 3 años de prisión en suspenso por cometer corrupción en Las Heras.
Esto ocurrió en un juicio abreviado que duró cinco horas y en el cual ambos aceptaron su culpabilidad en el delito de peculado.
El juicio abreviado lo llevó adelante la jueza penal Marina Martín, después de que la defensa a cargo del abogado Raúl Burela llegara a un acuerdo con el fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Juan Ticheli. Este acuerdo fue ratificado por los fiscales adjuntos María Paula Quiroga y Gustavo Pirrello.
La audiencia en el Polo Judicial permitió formalizar el acuerdo que ambos alcanzaron con la Fiscalía para reconocer su responsabilidad penal a cambio de la pena de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Orozco y Ortiz aceptaron su culpabilidad en la investigación por el presunto desvío de fondos de la Municipalidad de Las Heras a través de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada. La pesquisa apuntó a una maniobra que se desarrolló entre 2021 y 2023, durante la gestión del exintendente.
De acuerdo con la acusación fiscal, el perjuicio para las arcas municipales ascendió a $35.511.386,14, dinero que habría sido transferido mediante cuatro expedientes administrativos vinculados con licitaciones públicas y contrataciones directas.
La investigación reveló que la cooperativa fue utilizada para simular la prestación de servicios de limpieza que no se concretaron. Para ello, se confeccionaron planillas y facturas electrónicas que permitieron avanzar con los procedimientos administrativos y los pagos.
En el caso de Orozco, el acuerdo comprende cuatro hechos de peculado en concurso real, relacionados con las transferencias investigadas. Ortiz, por su parte, aceptó los cargos por peculado en esos mismos procedimientos y por uso de documento público falso. Además, el acuerdo contempla una causa acumulada por amenazas coactivas simples.
Ambos ratificaron su conformidad ante el fiscal Ticheli el 25 de septiembre. Según las actas a las que accedió Los Andes, el exintendente respondió “Estoy de acuerdo”, mientras que Ortiz manifestó “Sí acepto”, después de recibir las explicaciones sobre los delitos atribuidos y las consecuencias del procedimiento abreviado.
Al tratarse de dos ciudadanos que cometieron delitos durante la función pública, el acuerdo fue remitido a los fiscales adjuntos María Paula Quiroga y Gustavo Pirrello para ser ratificados y posteriormente se fijó la audiencia.
En el medio la jueza Dolores Ramón resolvió inhibirse de continuar interviniendo en el expediente. La magistrada consideró que su participación anterior en la causa podía afectar la garantía de imparcialidad.
En concreto, Ramón había dictado el sobreseimiento de otros seis imputados y entendió que esa decisión había requerido una valoración de las pruebas reunidas durante la investigación. Por ese motivo, consideró que correspondía apartarse para que otro tribunal analizara el acuerdo entre la Fiscalía y las defensas.
La jueza que fue sorteada para encabezar el abreviado fue Marina Martín.
La formalización de la condena también tendrá consecuencias políticas para Janina Ortiz, quien fue electa como diputada provincial por La Unión Mendocina y permanece suspendida en la Cámara Baja.
Una vez que se concrete la sentencia, su situación legislativa volverá a quedar bajo análisis. Una eventual vacante deberá resolverse mediante los mecanismos institucionales correspondientes y de acuerdo con la normativa electoral vigente.
En ese escenario, María Belén Castillo, del PRO, aparece como la dirigente que podría ocupar la banca por la lista de La Unión Mendocina, aunque el reemplazo dependerá de que se produzca formalmente la vacancia y se aplique el procedimiento previsto.
