El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y la exsecretaria de Gobierno, Janina Ortiz, serán condenados a 3 años de prisión en suspenso
El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su esposa Janina Ortiz, serán condenados por corrupción
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El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su esposa Janina Ortiz, exsecretaria de Gobierno municipal y diputada provincial suspendida, irán a juicio abreviado el próximo martes 20 de octubre y aceptarán formalmente sus condenas a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado.
La notificación judicial llega después de que los fiscales adjuntos María Paula Quiroga y Gustavo Pirrello ratificaran el acuerdo al que llegó el fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Juan Ticheli, con la defensa de los exfuncionarios radicales a cargo del abogado Raúl Burela.
El juicio abreviado lo llevará adelante la jueza penal Marina Martín, después de que la doctora Dolores Ramón se inhibiera de seguir en la causa.
La audiencia está prevista para las 14 en el Polo Judicial y permitirá formalizar el acuerdo que ambos alcanzaron con la Fiscalía para reconocer su responsabilidad penal a cambio de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Orozco y Ortiz aceptaron su culpabilidad en la investigación por el presunto desvío de fondos de la Municipalidad de Las Heras a través de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada. La pesquisa apunta a una maniobra que se desarrolló entre 2021 y 2023, durante la gestión del exintendente.
De acuerdo con la acusación fiscal, el perjuicio para las arcas municipales ascendió a $35.511.386,14, dinero que habría sido transferido mediante cuatro expedientes administrativos vinculados con licitaciones públicas y contrataciones directas.
La investigación reveló que la cooperativa fue utilizada para simular la prestación de servicios de limpieza que no se concretaron. Para ello, se confeccionaron planillas y facturas electrónicas que permitieron avanzar con los procedimientos administrativos y los pagos.
En el caso de Orozco, el acuerdo comprende cuatro hechos de peculado en concurso real, relacionados con las transferencias investigadas. Ortiz, por su parte, aceptó los cargos por peculado en esos mismos procedimientos y por uso de documento público falso. Además, el acuerdo contempla una causa acumulada por amenazas coactivas simples.
Ambos ratificaron su conformidad ante el fiscal Ticheli el 25 de septiembre. Según las actas a las que accedió Los Andes, el exintendente respondió “Estoy de acuerdo”, mientras que Ortiz manifestó “Sí acepto”, después de recibir las explicaciones sobre los delitos atribuidos y las consecuencias del procedimiento abreviado.
El acuerdo todavía necesitaba superar las instancias de revisión del Ministerio Público Fiscal y el control judicial correspondiente antes de que las condenas pudieran formalizarse.
La fecha de la audiencia se conoció después de que la jueza Dolores Ramón resolviera inhibirse de continuar interviniendo en el expediente. La magistrada consideró que su participación anterior en la causa podía afectar la garantía de imparcialidad.
En concreto, Ramón había dictado el sobreseimiento de otros seis imputados y entendió que esa decisión había requerido una valoración de las pruebas reunidas durante la investigación. Por ese motivo, consideró que correspondía apartarse para que otro tribunal analizara el acuerdo entre la Fiscalía y las defensas.
La resolución obligó a completar el trámite para determinar qué magistrados intervendrían en la instancia de juicio abreviado. Una vez superado ese paso y con la ratificación de los fiscales adjuntos, quedó habilitado el camino para fijar la audiencia.
El procedimiento abreviado evitará el desarrollo de un juicio oral tradicional si el tribunal homologa el acuerdo. Sin embargo, durante esa audiencia se deberá verificar judicialmente que los acusados comprendan los términos del convenio y acepten su responsabilidad penal.
La formalización de la condena también tendrá consecuencias políticas para Janina Ortiz, quien se desempeñaba como diputada provincial y permanece suspendida en la Cámara de Diputados.
Una vez que se concrete la sentencia, su situación legislativa volverá a quedar bajo análisis. Una eventual vacante deberá resolverse mediante los mecanismos institucionales correspondientes y de acuerdo con la normativa electoral vigente.
En ese escenario, María Belén Castillo, del PRO, aparece como la dirigente que podría ocupar la banca por la lista de La Unión Mendocina, aunque el reemplazo dependerá de que se produzca formalmente la vacancia y se aplique el procedimiento previsto.
De esta manera, la audiencia del martes 20 de octubre será un paso decisivo tanto para cerrar el proceso penal acordado por Orozco y Ortiz como para determinar las consecuencias institucionales de la condena para la exfuncionaria.
