El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y la exsecretaria de Gobierno, Janina Ortiz, solicitaron avanzar a un juicio abreviado para ser condenados por corrupción.
El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y la exsecretaria de Gobierno, Janina Ortiz, se declararon culpables de la causa por corrupción
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Archivo Los Andes
A casi dos semanas de que el exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y la exsecretaria de Gobierno municipal, Janina Ortiz, acordaran declarar su culpabilidad en la causa por corrupción que los tiene imputados por peculado a ambos, el juicio abreviado aún no tiene fecha y la jueza de garantías decidió apartarse.
El matrimonio radical que gobernó Las Heras hasta el año 2023 se declaró culpable ante el fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Juan Ticheli, por el desvío de fondos a una cooperativa trucha durante los dos últimos años de gestión por $35.511.386. La condena que acordaron fue de 3 años de prisión en suspensión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.
Después de reconocer su culpabilidad en la causa, el fiscal elevó en consulta el acuerdo ante los fiscales adjuntos María Paula Quiroga y Gustavo Pirrello para que lo ratifiquen, ya que la Ley 8.008 establece un procedimiento especial cuando se trata de hechos cometidos por funcionarios públicos o en perjuicio de la administración pública.
Pero el viernes pasado un nuevo episodio judicial se sumó a ese paso clave en espera. La jueza Dolores Ramón se inhibió de seguir interviniendo en la causa porque anteriormente dictó el sobreseimiento de otros seis imputados y consideró que, al hacerlo, ya realizó una valoración de la prueba reunida en el expediente.
En su presentación a la que tuvo acceso Los Andes, la magistrada explicó que su decisión anterior no se limitó a una cuestión formal, sino que implicó analizar el material probatorio de la causa. Por ese motivo, entendió que continuar interviniendo en el juicio abreviado podía afectar la garantía de imparcialidad del juez.
En términos más sencillos, Ramón consideró que ya había tomado una posición sobre parte de la prueba del expediente al resolver los sobreseimientos de otros acusados y que, por esa razón, correspondía que otro magistrado analizara el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Orozco y Ortiz.
“Habiendo emitido opinión y pronunciamiento, debo excusarme de continuar entendiendo en la presente causa”, sostuvo la jueza en su resolución.
Ramón agregó que su intervención podría poner en riesgo la garantía del juez imparcial porque la valoración que ya realizó “impedirá conocer y entender la cuestión de manera inédita y original”.
La presentación fue realizada el viernes 2 de octubre. Allí la jueza de garantías recordó que previamente había dictado el sobreseimiento de Mauricio Valle Quiroga, Carlos Nofal Baclinni, Mauro Homan García, Leandro Tassi Cerioni, Diego Tolin Muñoz y Patricia Díaz Fernández.
Todos ellos estaban imputados por peculado culposo, y Ramón entendió que para resolver sus situaciones procesales tuvo que analizar el material probatorio incorporado a la investigación. Por eso, la magistrada invocó el artículo 72, inciso 1°, del Código Procesal Penal y resolvió apartarse de la causa.
Ahora deberá intervenir el Tribunal Penal Colegiado, que deberá sortear tres integrantes para analizar el pedido de inhibición presentado por Ramón.
Si los magistrados avalan el apartamiento, será necesario realizar un nuevo sorteo a través de la Oficina de Gestión de Audiencias Penal (OGAP) para determinar quién será el juez que finalmente intervenga en el juicio abreviado.
Recién después de resolver ese trámite podrá avanzarse con la audiencia en la que se deberá controlar judicialmente el acuerdo alcanzado por la Fiscalía y las defensas.
Orozco y Ortiz habían comparecido el 25 de septiembre ante el fiscal Ticheli y aceptaron las imputaciones y las penas acordadas en el marco del juicio abreviado. Ambos aceptaron tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
En el caso de Orozco, el acuerdo comprende cuatro hechos de peculado en concurso real, vinculados con las transferencias de dinero detectadas en distintos expedientes administrativos. Ante el fiscal, después de que le explicaran la acusación y las consecuencias del acuerdo, el exintendente respondió: “Estoy de acuerdo”.
Ortiz, en tanto, aceptó cargos en dos expedientes. En la causa principal se le atribuye el mismo esquema de peculado por cuatro hechos, además del uso de documento público falso. A esto se suma una causa acumulada por amenazas coactivas simples. Frente al fiscal, la exsecretaria de Gobierno respondió: “Sí acepto”.
La investigación sostiene que entre 2021 y 2023 se ejecutó un esquema mediante la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada, que habría sido utilizada para simular la prestación de servicios de limpieza que no se realizaban. El perjuicio calculado para la Municipalidad de Las Heras fue de $35.511.386,14.
Según la acusación, para concretar la maniobra se utilizaron cuatro expedientes administrativos, entre licitaciones públicas y contrataciones directas, además de planillas y facturas electrónicas que, según la investigación, eran gestionadas desde el propio municipio. Los fondos terminaron depositados en una cuenta bancaria de la cooperativa.
